La normativa urbanística en Drassanes llevaría 20 años en falso según los vecinos

El hecho de que el consistorio se haya limitado a responder que está "evaluando las alegaciones recibidas en el marco de tramitación de la licencia", evitando entrar en el fondo de la cuestión pese a la insistencia y el margen de tiempo para contestar dado por este diario incrementa las esperanzas de los tenaces activistas vecinales que conforman la Plataforma Habitem Les Drassanes. Confían en haber encontrado, tras un minucioso trabajo de investigación, la manera de volver al punto de partida: el momento previo a la modificación puntual del PERI del Raval en el sector Drassanes aprobado en marzo del 2003, que cambiaba los planes iniciales del PERI de reservar ese valioso suelo para ampliar el raquítico parque de vivienda protegida de la ciudad y el distrito.

Los últimos 20 años de historia de este trozo de tierra entre la calle de Perecamps y el portal de Santa Madrona darían para varios libros. De forma muy resumida, su actual propietario lo compró para levantar en él un hotel en un momento en el que era posible hacerlo gracias a los cambios introducidos en el distrito durante el mandato de Xavier Trias. La lucha vecinal durante el primer mandato de los 'comuns', quienes entonces también plantaron cara de forma decidida a un hotel que no querían, logró frenarlo. Los tribunales invalidaron el plan de usos de Ciutat Vella de la época 'convergent' -el que daba luz verde a la construcción de hoteles en las zonas periféricas de Ciutat Vella- y resucitaron el plan de usos previo, el diseñado por Itziar González que impedía cualquier nuevo hotel en todo el distrito.

Una nueva lucha

Tras esta victoria vecinal, la propiedad se vio obligada a cambiar de planes y presentar el año pasado un nuevo proyecto para el solar, el actual: una residencia de estudiantes. Proyecto que ya cuenta con el visto bueno del informe técnico-jurídico municipal (y contra el que, en esta ocasión, el equipo de gobierno no se está oponiendo de forma activa). Fue en el nuevo estudio de los documentos realizado por los miembros de la plataforma para escribir las alegaciones a dicho informe, que prácticamente asegura la construcción de la polémica residencia (desde la plataforma están convencidos que este tipo de proyectos acaban siendo hoteles encubiertos) cuando los vecinos encontraron que "algo no cuadraba". "El texto refundido finalmente aprobado en pleno en julio de 2003, que aceptaba las alegaciones presentadas por la Taula del Raval, que pedían rebajar una planta, una modificación sustancial, no llegó a publicarse en el boletín oficial de la provincia de Barcelona (BOP). Se publicó que se había aprobado una modificación, pero no el texto de esta, con lo que nos encontramos con que ahora no hay ningún planeamiento vigente. El de julio sustituía al aprobado en marzo, pero este nunca llegó a publicarse", consideran los vecinos, asesorados por abogados y arquitectos especialistas, quienes ven aquí la manera de redactar un planeamiento de nuevo, volviendo a incorporar en él la vivienda social perdida. "La modificación de julio de 2003 es válida, porque está aprobada en el pleno, pero no vigente, al no haberse publicado", insisten.

Pese a ser consultados directamente sobre esta cuestión, fuentes municipales se limitan a responder que están estudiándolo.

"Si se da una licencia basándose en un plan que no está vigente será un fraude y lo llevaremos a los tribunales", advierten desde la combativa plataforma.

El caso tiene una larga tradición en los juzgados. Además de la ya citada, que acabó con la anulación de plan de usos de Trias. El juzgado de instrucción número 10 de Barcelona determinó en marzo del 2018 que la teniente de alcalde Janet Sanz no cometió prevaricación cuando denegó la licencia para la construcción de un hotel en el solar. Sanz se amparó entonces en los informes jurídicos efectuados por los abogados del consistorio para explicar ante la jueza por qué no firmó la licencia para construir el hotel cuando declaró como investigada por la querella presentada por los promotores del establecimiento, que la acusaban de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión. Y, en marzo del 2019, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso presentado por la empresa propietaria del solar contra la sentencia que invalidaba el plan de usos de Ciutat Vella de Trias.

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