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París y Berlín ponen deberes a Barcelona en vivienda social

  • El Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació reúne a ayuntamientos europeos que piden más poder municipal para regular la vivienda

  • Las capitales aspiran a que entre el 30% y el 50% de sus hogares sean asequibles y Barcelona se queda en el 15%

Ian Brossat, Lucia Martín, Florian Schmidt y Bárbara Steenbergen (en la pantalla), en el Fòrum de Vivenda.

Ian Brossat, Lucia Martín, Florian Schmidt y Bárbara Steenbergen (en la pantalla), en el Fòrum de Vivenda. / Jordi Otix

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Gemma Tramullas
Gemma Tramullas

Periodista

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Es posible que el tema de ampliar el parque de viviendas asequibles no sea "sexi”, como afirmaba con cierta pesadumbre la concejal de Vivienda y Rehabilitación del ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, pero los datos y los retos expuestos el martes por la tarde en la primera jornada del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació son muy llamativos. Según Ian Brossat, teniente de alcalde de París, en el año 2000 la vivienda pública social suponía el 13% del parque total de vivienda de la ciudad, actualmente es el 24% y el objetivo es llegar al 30% en 2030. Florian Schmidt, concejal de desarrollo urbano de Berlín apuntó a un 50%. ¿Y Barcelona?

Según la Llei del Dret a l’Habitatge de 2007, Barcelona tendría que llegar al 15% de hogares protegidos en sus múltiples tipologías en 2029. Sin embargo el plazo se ha retrasado hasta el 2037 y actualmente no llega ni al 2%. "A veces nos morimos de envidia escuchando las cifras de los demás”, comentó Lucía Martín en su intervención.

Tampoco es que a París y Berlín les vaya de perlas. “Tenemos centenares de camas de hospital que no pueden usarse porque no hay personal, entre otras cosas porque las enfermeras tienen que irse a una o dos horas de París para encontrar una vivienda que puedan pagar”, denunció Brossat, que también es portavoz del Partido Comunista Francés. Aun así, uno de cada cuatro parisinos tiene un domicilio protegido de la especulación del mercado.

Más poder para las ciudades

“El tribunal constitucional tumbó la congelación de los alquileres en Berlín y ahora tenemos que ver si el nuevo gobierno cede a las ciudades el derecho a introducir medidas similares”, explicó Schmidt, concejal por el partido Verde. Además, la ciudad también está a la espera de comprobar si se aplica el reciente referéndum no vinculante que aprobó la expropiación del 10% de viviendas para dedicarlas a alquiler asequible. En Catalunya, la ley que limita los alquileres privados en zonas tensionadas también está recurrida ante el constitucional.

Barcelona va con retraso, entre otras cosas, como mencionó la concejal Lucía Martín, porque lleva años concentrada en emergencias como los desahucios. También por cuestiones históricas y políticas. Aquí existe una cultura de la propiedad (en cambio en Alemania el 80% de los ciudadanos vive de alquiler) y decenas de miles de viviendas protegidas en régimen de compra han vuelto al mercado libre al cabo de los años, una tipología de protección que las tres ciudades quieren eliminar del mapa. Schmidt, por cierto, alabó las ‘superilles’ de Barcelona, que han inspirado los ‘superbloques’ de Berlín.

Intervención pública

Ante la falta de suelo municipal que pueda cederse a entidades sociales como cooperativas y fundaciones para hacer vivienda asequible e inclusiva, Martín defendió iniciativas innovadoras como la intervención de la administración en operaciones privadas de compra y venta de bloques en el centro de la ciudad para ponerlas a disposición de sus inquilinos. “Muchos sectores privados critican esta política porque detrás hay un concepto segregador de que la vivienda pública tiene que ser barata y en la periferia”, apuntó la concejal. Desde 2015, Barcelona ha invertido 124 millones de euros para adquirir 1.000 viviendas mediante este sistema conocido como tanteo y retracto.

Martín también hizo hincapié en la colaboración público-privada: “Hasta ahora esta colaboración consistía en chupar recursos públicos, pero hace pocos días se firmó la constitución de la primera empresa público-privada para construir 4.500 viviendas de alquiler asequible”. El suelo continuará siendo público y los beneficios estarán limitados.

Ciudadanía organizada

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La concejal insistió en que “la mayoría de los actores privados funcionan con lógicas especulativas” y que “una ciudadanía informada, organizada y con capacidad de control” es la única garantía para conseguir que los vaivenes políticos no supongan un retroceso en las políticas de vivienda.

En esta primera sesión del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació también intervino Barbara Steenbergen, del Sindicato Internacional de Inquilinos, que no permitió que los representantes municipales cayeran en la autocomplacencia. Reclamó que estas organizaciones de arrendatarios son claves para “negociar lo mejor para los residentes” y habría que darles más reconocimiento, pidió más regulación del mercado y exigió: “¡Ustedes tienen el suelo y dan las licencias de obras, ¡sean más valientes!”.  La alcaldesa Ada Colau, que tenía que inaugurar el Fòrum, canceló su presencia a última hora por “cuestiones de agenda”.