Barcelona impone la primera multa por un alquiler abusivo

El Sindicat de Llogateres de Barcelona ha hecho público este miércoles lo que consideran una importante victoria, aunque sea solo por lo simbólico. Por el ejemplo. En un comunicado explican que los combativos vecinos del 58 de la calle de Villarroel, en el Eixample, se plantaron ante su arrendador por un incremento del precio de los alquileres per encima de lo marcado en el índice y el Ayuntamiento de Barcelona les ha dado la razón. Explican que comprobaron a través de lncasol que el contrato anterior en lo que ahora son sus hogares era de 950 euros al mes, mientras el nuevo, el suyo, es de 1.200, incumpliendo lo establecido en la regulación. Ante la confirmación oficial, vía Incasol, de una subida fuera de ley, interpusieron una denuncia al Ayuntamiento de Barcelona y han logrado que la empresa propietaria sea sancionada. Tras esta primera victoria quieren ir más allá y piden una bajada de 250 euros de sus alquileres, "para que el contrate de ajuste a la regulación", reiteran.

Según relatan desde el Sindicat de Llogateres, al revisar el contrato, los inquilinos se pusieron a mirar si todos los datos eran correctos y se dieron cuenta de que el arrendador había puesto el contrato a su nombre, "cuando realmente la propiedad es una persona jurídica". "Con ese primer dato, los inquilinos tuvieron que negociar el retorno de los 1.600 euros de honorarios, ya que según el real decreto catalán los honorarios los tiene que pagar el arrendador cuando la propiedad es una persona jurídica, es decir, una empresa, como descubrieron que era el caso. Y ese no fue el único -y sustancial- descubrimiento que hicieron. Vieron también que en el contrato no había ninguna referencia al anterior precio del alquiler, como indica que debe hacerse según la ley 11/2020, de regulación de los alquileres. Ahí saltaron las alertas, hicieron una instancia al Incasol y descubrieron que las anteriores familias que habitaron aquellas viviendas pagaban un alquiler de 950 euros, es decir, 250 menos.

Otro expediente en marcha

Con esas informaciones, los inquilinos acudieron al ayuntamiento a interponer una denuncia. Hace unas semanas el consistorio respondió al procedimiento y puso la primera sanción por contrato fuera del marco de la ley 11/2020.

El Ayuntamiento de Barcelona confirma que ha hecho la propuesta de sanción, que asciende a 9.000 euros, de acuerdo con lo estipulado en la citada ley. "Además de esa multa se ha incoado otro expediente sancionador, aunque en fase inicial, y tenemos otros casos sobre la mesa aún pendientes de estudio", añade una voz municipal.

Demanda contra la propiedad

Al margen de la sanción hecha pública este miércoles, los vecinos de la finca explican que han interpuesto una demanda contra la propiedad para que les devuelva las cantidades que les han cobrado de más durante los últimos meses.

En pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Barcelona hizo pública la incoación de 16 expedientes sancionadores dobles -al portal y a la propiedad- que sumaban un importe de 96.000 euros por anuncios inmobiliarios que incumplen la ley catalana de regulación de precios de alquiler, y el inicio de un expediente por un contrato por encima del precio permitido por la misma norma. Este último es el que ha derivado en la actual multa de 9.000 euros.