Las tres victorias de Kristina o tres desahucios parados

Ni una moratoria antidesahucios aún vigente, ni que se trate de una mujer de 66 años sin recursos económicos, ni una vivienda social ya asignada con cita para la entrega de llaves en tres días y hasta un compromiso jurado de la misma de que en esa fecha -este mismo viernes- dejaría el piso resultó suficiente para evitar llegar hasta el desahucio en la puerta. Otra vez. La tercera; solo 15 días después de la segunda. Todas en pandemia y todas finalmente paradas gracias al apoyo, entrega y coraje de sus vecinos -su 'familia', como se han dejado la voz cantando frente a la que todavía es su portería, en el 6 de la calle de la Lleona, en el Gòtic- y la mediación municipal.

La escena vivida este martes ha sido casi idéntica a la vivida hace solo dos semanas. Decenas de vecinos arropando a Kristina en la puerta; nervios al ver pasar un furgón de la policía -que no llegó a acercarse-, horas de espera -en ninguna de las tres ocasiones la comitiva se presentó a la hora prevista, sino bastante más tarde-, y una mezcla de realidades en la plaza Reial. Frente a la célebre fuente, un grupo de turistas en bicicleta recibía una pequeña lección sobre historia de la ciudad mientras, a escasos metros, activistas de Resistim al Gòtic y el Sindicat d'Habitatge del Raval -grupos en los que la mujer milita de forma activa-, esperaban junto a las técnicas municipales de la oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona a la comitiva judicial, que se hacía esperar.

Sí había una diferencia destacable respecto al anterior desahucio. Esta vez, Kristina sí tiene alternativa. Solo necesitaba tres días de margen, información que las técnicas de la oficina municipal antidesahucios intentaron hacer valer en una negociación de última hora con la propiedad para evitar llegar a la puerta, sin éxito. El laberinto burocrático y la lentitud de las instituciones -todas- impidió que el desahucio se parara en los juzgados, lo que hubiera evitado los nervios que siempre implican tener que enfrentarse a una comitiva judicial en la calle.

Desde las siete y media de la mañana un grupo de vecinos defendía la puerta de Kristina. “Este no es un desahucio cualquiera. ¿La familia se toca? ¿Los amigos se tocan?”, rugía la calle. Como cantan desahucio a desahucio, “el barri som familia, sempre el defensarem!”. Gritos de guerra en los que siempre hay un mensaje claro: "esta casa se defiende hasta el final". Así fue. Antes de mediodía, tras una larga conversación con la comitiva judicial -que finalmente apareció-, Kristina levantaba victoriosa el ansiado resguardo rosa. Si nada falla, esta guerrera de 66 años el viernes se instalará en un piso social en condiciones, al fin, dignas (lo que se estaban defendiendo hasta ahora era, en realidad, una infravivienda de 12 metros cuadros).

Uno entre más de 10.000

El caso de Kristina ha tenido un final en principio más o menos feliz, podrá quedarse en Ciutat Vella y no tendrá que pasar por una pensión; pero no todos los desahucios que se siguen ejecutando todos los días pese a la moratoria tienen el mismo desenlace. Kristina ha peleado y mucho y ha tenido el apoyo de sus vecinos, algo que no siempre sucede (en la memoria colectiva está la historia del vecino de Sants que se suicidó cuando iba a ser desahucio, estando solo).

Según los últimos datos publicados por el poder judicial durante el segundo trimestre de este 2021 se han producido 11.571 desahucios en el Estado español. "Lejos de reducirse el problema, los desahucios siguen en aumento, como llevamos avisando que pasaría desde marzo de 2020", denunciaban hace pocos días desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); entidad que este jueves registrará junto a varias entidades en el Congreso de los Diputados la ley de garantía del derecho a la vivienda, con el apoyo de Unidas Podemos, Más País, Bildu, ERC, JxC, CUP, Compromís, BNG y Coalición Canaria. "Esta ley ha sido elaborada por las principales organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, los sindicatos laborales mayoritarios y un gran abanico de organizaciones sociales, y acabará con miles de desahucios proporcionando más protección a las familias más vulnerables y garantizando el acceso a la vivienda con medidas como la regulación de alquileres", señalan desde la PAH, entidad que se ha pasado todo el verano trabajando en ella, junto a entidades como el Sindicato de Inquilinas.  

Las entidades en defensa del derecho a la vivienda insisten, por un lado, en el despropósito de desahuciar a familias vulnerables en plena moratoria (hoy por hoy vigente hasta el 31 de octubre) y, igual de importante, advirtiendo de que durante estos meses de moratoria los casos que sí se han parado "simplemente se han ido acumulando y cuando esta termine la situación será insostenible", por lo que insisten en la necesidad de tirar hacia adelante la ley que registrarán este jueves.