DERECHOS VULNERADOS

Ola de solidaridad vecinal con Alejandra y sus tres hijos

Decenas de personas ofrecen dinero, comida e incluso alojamiento temporal a la familia desahuciada este lunes en Badalona con un hijo enfermo de leucemia

El Ayuntamiento de Barcelona finalmente asume el caso y les acogerá en un hostal hasta que encuentren un piso, del que el consistorio se compromete a pagar la fianza y la mitad del alquiler

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A1-123432641.jpg / Simone Boccaccio

Helena López

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Finalmente los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona han asumido el expediente de Alejandra y sus tres hijos de 6, 9 y 17 años; el último enfermo de leucemia, expulsados el lunes a primera hora de la mañana de la habitación que tenían realquilada en el barrio de La Salut de Badalona. Los servicios sociales de la capital catalana le han ofrecido en una reunión mantenida este miércoles acoger a la familia en un hostal hasta que encuentren por su cuenta un piso, del que se comprometen a pagarles la fianza y la mitad del alquiler; solución que ha dejado algo más tranquila a Alejandra tras tres días de inenarrables nervios.

El ofrecimiento de ayuda del consistorio barcelonés llega tras la denuncia pública de esta madre valiente, a quien en un primer momento, cuando, angustiada, llamó a su referente en el centro de servicios sociales del Carmel para explicarle su desesperada situación, esta le respondió que no podía hacer nada por ella porque ya no vivía en Barcelona. En los servicios sociales de Badalona, a los que se dirigió con el taxi que el propietario le puso tras echarla del piso para que no se quedara con los críos y las maletas en su puerta, le dijeron, en cambio, que no podían ofrecerle nada tampoco porque estaba empadronada en el barrio barcelonés en el que vivió durante dos años en un piso de acogida, desde que se trasladó con su hijo mayor desde Venezuela para pedir asilo y tratar su grave enfermedad.

El Síndic de Greuges abre una actuación de oficio para esclarecer qué fallo para que la familia, vinculada a los servicios sociales, se quedara en la calle

Tras la falta de respuestas de una administración y la otra y con un cielo negro que amenazaba lluvia, la mujer se refugió bajo un puente allí mismo, a escasos metros de las dependencias municipales de La Salut, con sus tres niños y sus maletas con sus escasas pertenencias y pidió ayuda por redes sociales a la comunidad venezolana en España, que se ha volcado en el caso. Tras varias horas tirados en plena calle -y tras las llamadas de la prensa para interesarse por el caso al Ayuntamiento de Badalona-, bajó una trabajadora municipal a ofrecerle una sola noche en el CUESB (el centro de urgencias y emergencias sociales de Barcelona). Dado lo raquítico del ofrecimiento, y que alguien, por redes sociales, la contactó par ofrecerle tres noches en un hostal, la mujer prefirió rechazar la oferta municipal y coger las tres noches del desconocido, ya que el martes tenía una cita importante en el hospital con su hijo y no quería verse otra vez tirada en la calle como las ocho largas horas que pasaron el lunes.

Desalojo fuera de las estadísticas

La denuncia de su caso ha provocado indignación y mucha solidaridad. Decenas de personas se han puesto en contacto con la mujer para ofrecerle ayuda. Comida, dinero y un lector de este diario incluso un piso en Santa Coloma, para que estén un tiempo allí gratis y, si están bien en él, alquilárselo; ofrecimiento que la mujer agradece mucho pero que no puede aceptar, ya que mudarse a Santa Coloma significaría volver a desvincularse de los servicios sociales de Barcelona y ya ha aprendido la lección.

Alejandra, desbordada de tantas muestras de apoyo, desde el primer momento ha reiterado que su marido y ella quieren pagar una vivienda a un precio asumible, pero que el problema era que no encontraban quién les alquilara con tres hijos y sin dinero para la fianza. Por eso acabaron en aquella habitación de Badalona, donde resultó que quien se la alquiló no era la propietaria sino una inquilina que tenía una orden para abandonarlo este 30 de agosto (engaño muy habitual), día en el que Alejandra y sus tres hijos fueron expulsados sin ninguna alternativa y sin que su caso aparezca siquiera contabilizado como un desahucio, ya que no hay orden judicial de por medio. En principio, el ofrecimiento del pago de la fianza por parte de los servicios sociales de Barcelona tendrían que facilitar que encontrara un piso en la ciudad, en la que su hijo mayor empezará a estudiar un FPI este curso "si Dios quiere".

Fracaso colectivo

El artículo publicado este lunes en EL PERIÓDICO también ha provocado que el Síndic de Greuges de Catalunya se interesara por el caso y haya abierto una actuación de oficio para averiguar qué falló para que este familia acabara en la calle con un niño con una salud tan frágil, en un día lluvioso y en plena pandemia. Un fracaso colectivo ya que están implicadas absolutamente todas las administraciones. Además de los dos ayuntamientos citados -Barcelona y Badalona- aquí falló el Estado, responsable de las políticas de asilo, y la Generalitat, responsable de las de vivienda.

Desde los movimientos sociales hace mucho tiempo que denuncian la descoordinación entre municipios en políticas sociales. Lo incomprensible de casos como el de Alejandra, más común de lo que podría parecer. Personas vulnerables que pasan de una habitación a otra, buscando refugio donde pueden, pero que, si el cambio es de una acera a otra de Riera Blanca (la via que comparten Barcelona y L'Hospitalet), por ir al extremo más absurdo, pierden todo el vínculo y las ayudas a los servicios sociales previas al cambiar de localidad. La gran mentira de la Barcelona metropolitana. Activistas por el derecho a la vivienda señalan también que, en ocasiones, además, les es muy difícil el traspaso de los expedientes de servicios sociales de un municipio a otro, dejando durante todo ese tiempo a las personas afectadas en el limbo.

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