Regulación compleja

Las habitaciones turísticas en pisos pasan a ser sancionables en Barcelona este viernes

  • Barcelona mantiene la prohibición al cumplirse un año del plazo que dio el Govern para su regulación municipal

  • Unos 2.000 anfitriones particulares con reservas para este verano se debaten entre el riesgo a ser multados y la necesidad de esos ingresos extra

Imagen de archivo de una habitación de alquiler turístico en Ciutat Vella.

Imagen de archivo de una habitación de alquiler turístico en Ciutat Vella.

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Patricia Castán
Patricia Castán

Periodista

Especialista en Economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.

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El limbo alegal en el que han flotado durante años las habitaciones turísticas en pisos particulares se acaba oficialmente este viernes, aunque ello no signifique que desaparezca de un día a otro la la actividad en Barcelona. El decreto del Govern que por fin reguló esta figura de alojamiento turístico estableció un plazo de un año para que los ayuntamientos decidieran sus propias reglas del juego, y la capital catalana se ha reafirmado en lo que de momento es una prohibición. De ese modo, desde mañana quien tenga anunciadas habitaciones en su domicilio por periodos de menos de 31 días está cometiendo una infracción. "Si el ayuntamiento detecta incumplimientos valorará las actuaciones disciplinarias que haga falta llevar a cabo", han señalado fuentes del consistorio.

Los llamados 'hogares compartidos' o habitaciones de uso turístico en viviendas habituales siguen generando opiniones encontradas. Los anfitriones u operadores domésticos han arremetido contra la nueva situación, por la "inseguridad jurídica" que les provoca. Consideran que es una forma de alojamiento sostenible, que reparte la riqueza del turismo entre los residentes, y al contrario que los pisos turísticos (donde el viajero tiene total autonomía), la convivencia es controlada y tranquila. Durante años el ayuntamiento reclamó a la Generalitat un marco legal, que finalmente se produjo, pero dejando margen de maniobra a los ayuntamientos.

El de Barcelona tuvo claro ya hace un año que esta fórmula de alojamiento no tendría cabida en la ciudad, al considerar que su control sería difícil. Sobre todo porque se detectaron pisos turísticos ilegales reconvertidos en falsas habitaciones de alquiler, sin que hubiera nadie residiendo. También se argumentó que ya hay suficientes plazas turísticas regladas y que este uso perjudica al mercado tradicional de la vivienda. Por ello, primero estableció una moratoria para cortar cualquier potencial tramitación de licencias, y después integró el tema en la actualización del plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT), aprobado inicialmente el pasado enero, donde no se daba cabida a esta actividad. A la espera de la aprobación definitiva y de la decisión final al respecto, la suspensión sigue vigente. Pero el equipo de Colau tiene clara su negativa a la implantación, pese a las discrepancias con algunos partidos.

Cancelaciones o riesgo

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Así que desde el 6 de agosto, "el ejercicio de la actividad de hogar compartido sin disponer del correspondiente título habilitante puede constituir una infracción sancionable según la ley de turismo de Catalunya", señalan fuentes municipales. Si el consistorio las detecta, valorará qué medidas sancionadoras tomar. Es decir, que cualquiera que haya contratado habitaciones en su casa a partir de este viernes se ve abocado a posibles denuncias.

Fuentes de la asociación de Veïns i Amfitrions de Catalunya VIA han criticado que la "inacción" del ayuntamiento al no regular la actividad les deja en situación de "desamparo y grave vulnerabilidad". Indican que unos 2.000 vecinos tienen reservas para este agosto y el resto de verano, pero ahora no saben si cancelarlas y dejar a sus huéspedes sin alojamiento, o bien arriesgarse a ser multados por el consistorio. Aducen que continuaron aceptando reservas porque esperaban que en el último municipal prosperase la posibilidad de crear una ordenanza restrictiva en lugar de una prohibición, como defendían partidos de la oposición e incluso el PSC, socio de gobierno de los Comuns. Y pensaban que mientras tanto se mantendría la alegalidad, sin penalización como hasta ahora.