Inicio de inspecciones

Barcelona agrava el limbo de los clubs cannábicos retirando la licencia municipal

  • El Ayuntamiento ha comunicado a las 200 asociaciones que deberán funcionar con una licencia de club privado

  • "Cada vez nos empujan a un lugar más oscuro", lamenta Eric Asensio, portavoz de la ConFac

Jóvenes consumen en una asociación cannábica de Barcelona.

Jóvenes consumen en una asociación cannábica de Barcelona. / MÒNICA TUDELA

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Guillem Sánchez
Guillem Sánchez

Redactor

Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias

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El Ayuntamiento de Barcelona ha comunicado a los clubs cannábicos de la ciudad que retira la licencia municipal que les entregó en 2016. La decisión se ha tomado después de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que subrayaba que el consistorio de Ada Colau no es un órgano competente para poder regular su actividad. El Ayuntamiento interpuso un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo el pasado mes de abril.

Actualmente, hay unas 200 asociaciones cannábicas abiertas en la capital catalana que ahora deberán volver a registrarse como clubs privados. "Nos empujan cada vez a un lugar más oscuro, intentamos salir pero seguimos dando pasos atrás", lamenta a este diario Eric Asensio, portavoz de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFac).

También a raíz de este fallo, el ayuntamiento ha anunciado que impulsará una campaña de inspecciones para asegurarse de que operan según "la legalidad vigente". "Comenzaremos a revisar aquellos que más quejas vecinales hayan generado", explica un portavoz municipal a este diario. El equipo de Colau ha creado asimismo un grupo de trabajo interno que implica a las áreas de Servicios Jurídicos, Salud, Seguridad y Urbanismo para hacer propuestas de cambios legislativos y estudiarlas con la Generalitat y el Gobierno. A la espera de que este grupo de trabajo logre dar con la tecla adecuada, la realidad es que la noticia, que el Ayuntamiento hizo pública en un comunicado de prensa la semana pasada, agrava el limbo legal que persigue a estas asociaciones. Con el plan municipal del 2016, el ayuntamiento pretendía "hacer compatible el derecho de asociación de las personas consumidoras de cánnabis con el ejercicio de otros derechos fundamentales como son la protección de la salud". Pero la sentencia considera que esta administración no está capacitada para gestionar nada que ataña a "espacios susceptibles de comisión de delitos".

La maldición de los clubs

Los clubs cannábicos surgieron hace casi diez años en Catalunya aprovechando una rendija legal. Colectivizando el autoconsumo, los fumadores abrieron centros sociales –sin ánimo de lucro– a los que podían acudir a consumir marihuana socios mayores de edad que, a cambio de una cuota, recibían una parte de una plantación conjunta. El manual de buenas prácticas de los clubs, que no todos respetan y que no tiene valor legal, especifica que no puede venderse marihuana, que el socio no puede sacar droga del local y que tampoco puede promocionarse, entre otras cosas.

El activismo de los clubs logró que el Parlament de Catalunya aprobará en el 2017 una ley que reguló su actividad, la más completa que se había hecho hasta la fecha en España. Recibió el apoyo de todos los partidos, salvo el PP, que presentó un recurso al Tribunal Constitucional que acabó derogando la ley catalana al considerar que esta había invadido competencias que no le correspondían. Navarra había emulado el texto catalán y sufrió la misma sentencia. Actualmente solo prevalece la aportación legislativa vasca, que, a diferencia de la catalana, no regula ni el cultivo ni tampoco su traslado, los elementos claves. En paralelo a esta decisión del Constitucional, tanto el Tribunal Supremo como la Fiscalía dictaron sentencias y dieron instrucciones, respectivamente, que pusieron de nuevo en el punto de mira de la policía a los clubs cannábicos porque, sobre todo, cercenaban el supuesto derecho que estos tenían de plantar marihuana –en el Estado está prohibido salvo para cultivos de I+D–. Es decir, si un cuerpo de seguridad descubre una plantación –clandestina, no puede ser otro modo– de una asociación puede acabar llevando a la justicia a sus responsables.

La paradoja de los clubs

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La paradoja de los clubs cannábicos (CSC) en España es que resulta más seguro acudir al mercado negro a adquirir la marihuana que van a consumir sus socios que cultivarla. Tener plantaciones propias implica exponerse a sufrir operaciones policiales y juicios por tráfico de drogas o robos por parte de mafias –cada vez más poderosas y violentas– que han arraigado en el Estado para producir y exportar desde aquí cannabis al resto de Europa, donde cada gramo multiplica su valor. Los clubs siguen clamando por una regulación de su actividad que frene un mercado negro que, según los propios Mossos d’Esquadra, se ha convertido en una amenaza para la paz social en Catalunya por su capacidad de tentar y corromper a los poderes públicos.

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