enmienda al libre mercado

Uno de cada cinco inquilinos realquila parte del piso para cubrir el aumento del alquiler

Una gran encuesta entre arrendatarios de Barcelona, anterior a la pandemia, ofrece un preocupante retrato de la llamada inseguridad inmobiliaria

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A1-117141461.JPG / Álvaro Monge

Carles Cols

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El mercado inmobiliario de Barcelona no es solo una anomalía ultraliberal en comparación con, por ejemplo, Londres, Berlín, y, sobre todo, Amsterdam, sino que va camino de convertirse en una distópica granja perfecta para muñir las rentas de quienes viven de alquiler en la ciudad. Una encuesta paciente y exhaustiva a la que han respondido 2.020 inquilinos de Barcelona y el área metropolitana pone sobre la mesa con datos reveladores cuestiones tabú para el lobi de propietarios como son la inseguridad inmobiliaria de sus arrendados, los desahucios invisibles, el nomadismo forzado, el estrés financiero y, la máxima de las perversiones, una explicación sobre cómo es posible que entre los años 2014 y 2019 los alquileres hayan subido un 42,29% (de 688 euros mensuales de media a 979) pese a que los salarios en la ciudad han retrocedido. ¿La razón?.... uno de cada cinco encuestados ha realquilado una habitación o directamente comparte piso para satisfacer las exigencias de los propietarios.

La encuesta es única en su género. Echa manos de algunos datos oficiales, como las fianzas depositadas en la Generalitat como indicador real de los precios que se pagan y no lo que sostienen los portales de alquiler, entusiastas de la burbuja por la parte que les beneficia, pero, sobre todo, radiografía puertas adentro lo que sucede en los hogares de alquiler. El estudio lleva cuatro firmas que avalan su credibilidad: la Hidra Cooperativa, la Agència de Salut Pública, la Universitat Autònoma de Barcelona, y, en la función de faro, el Sindicat de Llogateres.

Mercado mal llamado libre

Cifras en mano, un 38,2% de los barceloneses vive de alquiler. Es el reverso de la moneda, por ejemplo, de ciudades como Amsterdam, donde el alquiler representa el 84% del parque residencial. Pero lo interesante no es solo ese dato. En la capital de los Países Bajos, un 57% de los arrendatarios vive en pisos con alquileres sociales y solo un 27% ha encontrado su vivienda en el mercado libre, que en Holanda está regulado. Aquí, por el contrario, el 97% de los encuestados afirma haber encontrado su piso en el mercado mal llamado libre. El mercado libre es la sabana africana, en que la escala trófica se divide entre depredadores y herbívoros. El alquiler no era antaño un sinónimo de vulnerabilidad. En 1990, casi el 90% de quienes vivían de alquiler lo hacían bajo el paraguas de un contrato indefinido. Hoy, ese grupo es residual. Lo común son los contratos temporales, lo cual conduce a diversas perversiones.

Una de cada dos mudanzas son desahucios invisibles

Entre 2014 y 2019 se ejecutaron en Catalunya 3.557 desahucios por orden judicial. Son los que suelen aparecer en la prensa, a menudo por causas terribles. Hace un mes un hombre se suicidó en Sants cuando la comitiva judicial llamó a su puerta. Los desahucios invisibles son otra cosa, hasta ahora no cuantificada. Una subida inasumible del alquiler o la negativa del propietario a realizar obras de mejora a las que la ley le obliga son dos posibles causas para cambiar de piso de forma indeseada. ¿Sucede a menudo? Un 45,8% de los encuestados afirma haber sido víctima de alguna de esas situaciones. El nomadismo inmobiliario o mudanzas forzadas, llámeselas como se desee, son muy frecuentes en el área metropolitana y, en especial, en Barcelona.

El acoso afecta a uno de cada dos inquilinos

Fue la ley del derecho a la vivienda aprobada en el 2007 la que definió qué se considera acoso inmobiliario. Lo es, por supuesto, que el dueño de la finca descuide a sabiendas el mantenimiento de la escalera y las zonas comunes, (un 13%, en las encuesta). También, claro, que devuelva los recibos de pago de la mensualidad para iniciar así un proceso de desahucio por impago (1,9%). Que suban el alquiler de forma ilegal mientras aún está vigente el contrato le ha ocurrido a un 8% de los encuestados. Pero el acoso más común (45%) es que la propiedad se niegue a reparar averías importantes en el piso que son de su competencia. La suma de todos esos factores revela que uno de cada dos inquilinos ha sufrido acoso.

El estrés financiero es la norma general

A la encuesta han respondido, sobre todo, particulares y familias con estudios medios o altos, gentes con trabajos correctamente remunerados en muchos casos. No es el estrato más desfavorecido de la sociedad el que retrata este estudio. Es un dato a tener en cuenta cuando se analiza el llamado estrés financiero. La mitad de los encuestados dedica más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler y un 21% destina más del 50%. Son cifras que condenan a una renuncia forzada a proyectos vitales de todo tipo. El mercado del alquiler se revela, así, como un oleoducto de grandes dimensiones que canaliza las rentas del trabajo con destino a una élite rentista que, en otro dato que revela la encuesta, es nebulosamente desconocida.

Pocos arrendatarios conocen al arrendador

Según el Observatori Metropolità de l’Habitatge (OHB), un 53% de los pisos en alquiler en Barcelona están en manos de personas físicas o jurídicas que tienen como mínimo tres pisos en alquiler en Barcelona, pero los inquilinos desconocen más de la mitad de las veces de quién se trata. Los pisos se suelen alquilar a través de agencias, una cuestión a la que la encuesta, en el apartado de las conclusiones, dedica una severa reprimenda. Son, dice, parte del problema. Las agencias no cobran una tarifa regulada por la administración, sino que suelen ingresar, por costumbre, un 10% de la renta anual de alquiler, cantidad que aporta el inquilino y no el propietario al que presta el servicio. Es una anomalía en toda regla. Resulta obvio que las agencias son beneficiaras directas del incremento de los precios, incluso de que los contratos sean cuanto más breves, mejor.

El realquiler genera un problema insondable

Qué gran error es pensar que ‘El verdugo’, comedia negrísima de Luis García Berlanga, es una película que esencialmente trata tan solo sobre la pena de muerte. Hay otro gran hilo argumental en su trama. El protagonista, Nino Manfredi en el papel de José Luis, acepta muy a su pesar tan abyecto empleo solo para tener acceso a un piso. Pasados casi 60 años, la situación no es mejor. Según se mire, peor. En Barcelona y su entorno hay una cifra indeterminada de personas que viven en una habitación. No hay registro oficial de realquileres. Quien oferta una habitación lo hace en muchos casos para que le alcance a pagar la mensualidad completa. La encuesta es solo una mirilla sobre este problemón. Un 20% de los encuestados realquila una habitación o comparte directamente todo el piso.

Las propuestas y un poco de historia

La encuesta, lo dicho, radiografía una parte del mercado del alquiler (el que muestran los 2.020 encuestados) y propone algunas medidas. Regular a los intermediarios, artífices en parte de la burbuja, es una de las propuestas. También, equiparar la legislación española a la de países como Francia y Alemania, donde de los contratos se renuevan de oficio salvo por causas mayores.

En esas conclusiones no se hace mención a ello, pero merece la pena añadir, a modo de posdata, un recordatorio de por qué el mercado inmobiliario español es una ‘rara avis’ en Europa. Los cimientos de esa anormalidad los puso José Luis Arrese cuando Francisco Franco le puso al frente del primer Ministerio de la Vivienda de España. Era un político de una trayectoria errática, siempre en el lugar equivocado, aunque siempre en el lado golpista. El caso es que fue el gran promotor de que la vivienda en propiedad fuera la solución mayoritaria para los españoles. Sostenía que un obrero con una propiedad era menos de izquierdas y, por lo tanto, más dócil. Si levantara la cabeza se sorprendería, tal vez, de la mansedumbre con la que estos últimos años se han aceptado draconianas condiciones para vivir de alquiler sin apenas protestas en la calle. Salvo las del Sindicat de Llogateres, a cuyos dirigentes, por cierto, la fiscalía quiere encarcelar.