La restauración de Barcelona se rebela: "Estas ayudas no ayudan"

El caso de El Paraigua, en el corazón de Ciutat Vella y pegado al ayuntamiento, es de película de miedo. En 2019 las obras de renovación de la plaza de Sant Miquel afectaron durante medio año a su actividad, y hasta la irrupción de la pandemia. Hasta el punto de generarles pérdidas en el balance anual de aquel año "por primera vez en 50 años de historia del negocio". Esa circunstancia, totalmente ajena a la gestión del bar y coctelería, le ha dejado fuera de juego a la hora de aspirar a las ansiadas ayudas directas del Estado, pese a tener que haber recurrido a un crédito ICO que tendrán que devolver durante años. Es uno de los cientos de casos que en los primeros días de tramitación de solicitudes se ha topado contra el muro de unos requisitos que ven "injustos". La restauración barcelonesa pone el grito en el cielo, igual que lo harán desde muchas de las 191 actividades empresariales, de pymes y autónomos que pueden acogerse a "unas ayudas que no ayudan", como dicen muchos afectados en alusión al fondo disponible, que en el caso de Catalunya asciende a 993 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda destinó ese importe inicialmente para 95 actividades (incluida la hostelería), que cada comunidad autónoma podía distribuir entre más sectores, aunque siempre según los requisitos establecidos por el Gobierno. En Catalunya se hizo extensible a 191, que sumaban casi 190.000 empresas, entre las que se alinean los ámbitos de la hostelería y el ocio, los más afectados junto al turismo por la pandemia. Los 'consellers' de Economia i Hisenda y de Empresa i Treball, Jaume Giró y Roger Torrent, explicaron este junio al abrir el plazo de tramitación los beneficios de esa distribución, acordada con agentes sociales del territorio y enfocada a empresas "viables y que han sufrido endeudamiento".

Hasta ahí, muchos podrían creerse bendecidos por la inyección, que sobre el papel iría de los 3.000 a los 200.000 euros en función del volumen de la empresa y sus pérdidas durante la crisis sanitaria. Pero la letra pequeña ha sido una bofetada para muchos operadores de bares y restaurantes de Barcelona, los primeros en levantar la voz. Lluís Peláez, administrador de El Paraigua, explica que con el negocio cercado por vallas e incluso temporalmente sin terraza, los números de 2019 fueron rojos, sin que ello implicase la no viabilidad de la empresa familiar. Medio siglo debería servir para acreditarlo, dice. Querrían que continúe en manos de los hijos y nietos, pero quedarse sin los 66.000 euros que calculaban que les podrían haber correspondido supondrá una carga de futuro. "Tenemos que pagar 150.000 euros de créditos, o sea que habrá que facturar más que nunca para vivir y pagar las deudas", lamenta, ante un "panorama complicado".

Filtros inadecuados

Peláez no duda que las ayudas "estaban bien planteadas", ya que pretendían favorecer la supervivencia de empresas solventes y no de las que ya estaba condenadas antes de la pandemia. Pero poner en el punto de mira solo al ejercicio de 2019 se ha convertido en un absurdo, sostiene, al igual que Rubén, socio en cinco restaurantes pero que se quedará sin aportaciones para la mitad de ellos por el mismo motivo. El año previo a la pandemia fue duro para los establecimientos en Ciutat Vella, explica, ante los problemas de inseguridad, robos y movilizaciones que castigaron a la zona. Sus números fueron negativos en dos casos, por poco dinero y con grandes facturaciones, pero se ha quedado fuera de juego, pese a esperar más de 100.000 euros para cada uno de ellos. El titular de Viana y de Cera, 23, entre otros, afirma que "todos son viables" y que con gran esfuerzo personal han logrado estar al corriente de pagos o fraccionarlos para afrontarlos, a veces con ICO, otras con sus propios ahorros. "No puedes tener deudas vencidas un año con un proveedor porque dejaría de servirte", exclama, sin entender que las deudas abonadas no cuenten.

Y es que el otro requisito maldito, opinan, es el de deber más de 4.000 euros a entidades bancarias, proveedores, arrendadores..., pero vencidos. O sea reclamados y sin pago. Desde el Gremi de Restauració de Barcelona consideran que muchos pequeños operadores han utilizado "su propio patrimonio o ahorros para seguir adelante", quedando ahora excluidos. Como en el caso de Joan Anglès (Crosmas Clínic), que optó por intentar ponerse al corriente con su dinero particular y ahora no le "ayudarán en nada". "Es injusto porque no deberían mirar la situación de cada uno, sino solo el haber sufrido pérdidas todo este tiempo". Igual que Francisco Fernández --titular de El Trencadís, entre otros--, quien tras acumular un saldo pendiente de 30.000 euros en alquileres optó por vender una propiedad antes de endeudarse más. "Pagas para no hacer la bola más grande", dice, sorprendido de que el esfuerzo le haya dejado sin recompensa. Al final recibirá solo "quien se ha endeudado al máximo", muchas veces por falta de fuelle empresarial, experiencia o simple "egoísmo". De ese modo, no se prima la viabilidad real, insiste.

Una víctima destacada de ambas situaciones es el chef y empresario Albert Raurich, que exhibe 12 años de buena gestión en su célebre Dos Palillos, aunque el balance de 2019 fuera negativo solo porque destinaron una parte del montante facturado para amortizar la deuda de haber lanzado poco antes el Dos Pebrots. Pero Hacienda "no mira más que el número final", clama. "Es vergonzoso, porque habiendo facturado el último año (pandemia) un 90% menos, nos quedamos fuera por esa situación del año anterior". También ha dedicado un elevado crédito ICO a pagar todos los gastos "sin deber un euro a nadie más que al banco". Y justo por estar al corriente, ahora resulta perjudicado. "El sistema premia solo a los que han sido irresponsables". No duda que si la crisis se repitiera, muchos optarían directamente por la suspensión de pagos.

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