DERECHO A LA VIVIENDA

La Fiscalía mantiene la petición de tres años de cárcel para tres activistas por protestar en un centro de belleza

  • Medio centenar de personas ocupó en octubre del 2018 el Instituto Francis, una de las empresas de la familia Mas Beya Fradera, sancionada por el ayuntamiento con dos multas de 90.000 euros por acoso inmobiliario.

  • Los Mossos d'Esquadra que han declarado como testigos de la acusación en el juicio, que se ha alargado durante diez horas, han descrito la protesta como "molesta, pero pacífica".

Acción de apoyo ante la Ciudad de la Justícia de Barcelona a los tres activistas por el derecho a la vivienda juzgados el 28 de junio pasado. /JOAN CORTADELLAS

Acción de apoyo ante la Ciudad de la Justícia de Barcelona a los tres activistas por el derecho a la vivienda juzgados el 28 de junio pasado. /JOAN CORTADELLAS / JOAN CORTADELLAS (EPC)

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Helena López
Helena López

Redactora

Especialista en movimientos sociales y vecinales

Escribe desde Barcelona

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Tanto el portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera como Fran, inquilino del 92 de la calle de Floridablanca, explican que representantes de la propiedad del piso en el que viven Fran y Alpha desde hace una década, la familia Mas Beya Fradera, les amenazaron varias veces con querellarse contra ellos si seguían “por ese camino”, siendo “ese camino” reivindicar con todas sus armas -un megáfono, como quedó muy claro en las 10 horas de juicio- sus derechos como inquilinos. La querella, no iban de farol, llegó. La interpusieron, eso sí, seis meses después de los hechos denunciados, ocurridos el 17 de octubre del 2018 en el Instituto de belleza Francis ("un lugar en el que hay señoras depilándose", como lo definió uno de los testigos citados por la acusación).

La larguísima vista se celebró este lunes y tuvo momentos casi cómicos -"¿pero vio usted a alguien entrar con una bicicleta en el local?" fue una de las preguntas incontables veces repetida- , si no fuera porque partía de una petición por parte de la Fiscalía de tres años de cárcel a cada uno de los tres acusados. Una petición a la que se sumó ayer durante el juicio la acusación, que solicitaba 21 meses, pese a las muestras de apoyo público mostradas por muchísimas voces, incluso por parte de miembros del gobierno central, como la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El 17 de octubre del 2018 medio centenar de personas ocupó el famoso instituto de belleza, el más céntrico y popular negocio de la familia propietaria del piso en el que viven Fran y Alpha, dos de los acusados, junto al portavoz del Sindicato, e inquilinos cuya "desesperada situación" se quería denunciar con la protesta. Los abogados de la defensa han subrayado durante la misma que la propiedad no interpuso la querella en aquel momento sino hasta seis meses más tarde, justo después de que el ayuntamiento abriera contra la familia Mas Beya Fradera un expediente sancionador por acoso inmobiliario (dos, de hecho, que derivaron en dos multas de 90.000 euros, recurridas por la propiedad). Es por eso que desde el Sindicat de Llogateres sienten que la querella es una suerte de venganza por "haber ganado”, lema de la campaña para denunciar y visibilizar el juicio. Una victoria que se materializó en un contrato de alquiler social de cinco años para la pareja, que la propiedad se vio obligada a hacerles por ley (una ley catalana aprobada también por la presión de esos mismos movimientos sociales).

Lo que no podían imaginar los activistas que participaron en la protesta –acción “molesta, pero no violenta”, según han definido los Mossos d’Esquadra que han declarado en el juicio como testigos de la acusación-; era que una persona de la familia Mas Beya Fradera estaría físicamente en el lugar. “Lo que queríamos era denunciar públicamente el acoso inmobiliario vivido pro Fran y Alpha, visibilizar la situación y presionar al Estado para que no permita estas situaciones”, reiteró en la vista Palomera. De hecho, según agregó, no fueron conscientes de ello hasta que recibieron la querella.

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"Lo recuerdo muy intimidante"

Pero una de las hermanas Mas Beya Fradera, gerente del centro de estética, sí se encontraba en el local, "encerrada en el despacho", del que no salió hasta que terminó la protesta, ya que estaba “muy asustada y nerviosa". Tanto que le dio un ataque de ansiedad, por lo que requirió asistencia médica (algo de lo que los acusados insisten no tuvieron constancia en ningún momento durante las varias horas en las que se alargó la protesta). “Los manifestantes ocuparon el local y estaban nombrando el nombre de todos los miembros de la familia. Los nombres de mis hermanos y el mío también. Gritos de 'vamos a por vosotros, sabemos dónde vivís'. Lo recuerdo como algo muy intimidante. Diciendo que no se iban a mover hasta que alguien de la familia se presentara allí. Me sentí amenazada. No entendía la situación. No sabía qué podía pasar si salía, si me reconocían. Me bloquee”, prosiguió la gerente del centro de belleza y miembro de la propiedad de la finca en la que viven Alpha y Fran, pese a insistir en que no sabía nada de los negocios inmobiliarios de su familia.Alpha, la pareja de Fran, explicó en el juicio los antecedentes de los hechos. “Seis años bebiendo agua con plomo porque no sabíamos que no era potable. Eso se acumulable y lo llevamos dentro”, expuso. La vecina y este lunes acusada describió también una plaga de termitas, además de la situación insalubre en la que vivían “por la dejadez de la propiedad”. “Nos estaban echando de un piso en el que siempre hemos pagado el alquiler”, apuntó.

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