Política local
Barcelona se conjura para defender una propuesta única sobre el aeropuerto
El pleno municipal aprueba que la ciudad trate de consensuar una alternativa unitaria de cara a las reuniones con el resto de administraciones implicadas
Carlos Márquez Daniel
Periodista
Periodista especializado en Barcelona. En 'El Periódico' desde principios de siglo. Los últimos 15 años, dedicados a la información local: movilidad, urbanismo, infraestructuras, política municipal, barrios, área metropolitana y medio ambiente. Colaborador habitual en los programas de televisión 'Planta Baixa' (TV3) y 'Bàsics' (Betevé).
Carlos Márquez Daniel
Pleno municipal de verbena de Sant Joan descafeinado, plagado de 'déjà vu' y sin novedades importantes pero sí gestos de concordia política. El ayuntamiento ha discutido este miércoles sobre el Hermitage, el aeropuerto, la enseñanza del catalán, la atención a las familias, la delicada transformación urbanística del núcleo antiguo de Gràcia o el destino de los fondos europeos. Quizá el debate sobre la ampliación de El Prat es lo que más jugo ha desprendido. El cónclave se ha conjurado para intentar alumbrar una propuesta de consenso sobre la infraestructura con la que todas las formaciones se sientan cómodas, y que ese planteamiento sea el que se defienda en las reuniones previstas con el Govern, el Estado, AENA y el resto de municipios implicados antes de que el Gobierno plantee un plan firme que la Comisión Europea pueda valorar para su aprobación final.
Elsa Artadi ha sido la encargada de presentar la proposición en nombre del grupo municipal de Junts pel Sí. Ha hecho suyas las palabras que usó días atrás la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que dijo que el plan de AENA es de momento una "presentación de power point'". Ha acusado al gestor aeroportuario de ningunear a El Prat en beneficio de Barajas y ha instado al resto de partidos a encontrar juntos respuesta a dos cuestiones: la gestión de los vuelos "que puede resolverse con la terminal satélite", y la ampliación de la pista, "que será más complicado". En resumidas cuentas, ha invitado al pleno a plantear una alternativa que tenga opciones de pasar el filtro europeo, puesto que Estrasburgo es quien tendrá la última palabra sobre el devenir de la infraestructura, cuya ampliación pone en jaque el espacio natural de La Ricarda, el más peculiar del delta del Llobregat.
Disparidades
La proposición se ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos. Aunque con matices que pueden terminar siendo definitivos, como ya sucedió con la maratoniana comisión municipal sobre la conexión del tranvía, en la que las posiciones no se movieron ni un centímetro. La diferencia entre los dos asuntos, sin embargo, es importante: con el trazado del Tram el consistorio tenía competencias, pero sobre El Prat solo puede aportar opiniones. A partir de ahora, los presidentes de grupo municipal se verán en privado antes y después de cada reunión con el resto de implicados para intentar rebozar ese frente común. A nadie se le escapa, sin embargo, que incluso dentro del propio gobierno local hay disparidad de puntos de vista, con los 'comuns' alineados con los que no quieren ampliar la pista y el PSC a favor del plan de AENA de pasar por encima de la laguna de La Ricarda.
El pleno ha debatido una vez más el asunto del Hermitage de la mano de una proposición de Esquerra que, curiosamente, no citaba el nombre de esta franquicia con sede en San Petersburgo. Ernest Maragall tenía pactada una modificación del texto para sumar los 10 votos de Barcelona en Comú (se eliminaban los reproches a la gestión municipal), pero al no llegar al mínimo para pasar el corte (21), finalmente ha decidido presentar su texto original, más cargado de tinta política. Se ha quedado solo, pero ha servido para evidenciar de nuevo que socialistas y 'comuns' tienen visiones totalmente opuestas sobre el futuro de la Nova Bocana, donde el Puerto ya ha aprobado el proyecto de los promotores del Hermitage después de que alcanzaran un acuerdo con la fundación del Liceu.
Tribunales a la vista
Los grupos de la oposición han coincidido en que la proposición de ERC era "confusa" y sí han blandido sin tapujos la marca Hermitage. Valls ha afeado la pérdida de oportunidades, Oscar Ramírez (PP) ha recordado que el tema corre serio riesgo de terminar en los tribunales con un contencioso-administrativo, Xavier Marcé (PSC) le ha pedido a Maragall que no introduzca "elementos distorsionadores que dificulten resolver el conflicto" y el líder de Esquerra le ha respondido que la posición del grupo municipal socialista "demuestra que actúan estrictamente como representantes del Estado". Sanz se ha preguntado si es mejor tener un puerto "de cara o de espalda a la ciudad" y se ha quejado de que la autoridad portuaria "funcione más como una inmobiliaria que como administración pública". Lo de vía judicial es una posibilidad cada vez más cercana, puesto que los impulsores del proyecto tienen entre sus manos un recurso de reposición (impugnación a un acto administrativo público) que podría bloquear el futuro de esta parcela junto al mar durante años.
El plan urbanístico de Gràcia tumbará 'solo' 42 viviendas
El consistorio dispone de un plan urbanístico, aprobado el pasado mes de febrero, que modifica el plan general metropolitano (PGM) de Gràcia con el objetivo de crear nuevas zonas verdes y ganar solares para levantar pisos de protección oficial. En un principio el ayuntamiento tenía en mente derribar cerca de 200 viviendas para tirar adelante el proyecto, pero Ada Colau ha anunciado este miércoles que serán 42 los inmuebles afectados.
Lo ha afirmado a preguntas de Junts pel Sí, que ha reclamado al gobierno que paralice la medida para poder dialogar con los afectados. Colau ha respondido que la participación ha sido larga y tendida, con 10 reuniones y 800 carteles en las escaleras de los edificios. “Ahora estudiaremos posibles cambios y seguiremos trabajando de manera participada”, ha resumido.
El concejal de Junts Jordi Martí le ha reclamado un “urbanismo de mirada humana que realmente escuche a la gente y no hecho desde los despachos y en base a proclamas”. Según la alcaldesa, el plan da cumplimiento a la ley de urbanismo y el proyecto persigue “garantizar el derecho a la vivienda”, con lo que ha rechazado volver a empezar de cero. “Está mal planteado y tiene afectaciones no calculadas sobre el patrimonio, los negocios y las casas de muchos vecinos de Gràcia”, ha lamentado Martí.
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