Los pisos compartidos con turistas en Barcelona afrontan un verano de limbo legal

La falta de acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona sobre los llamados hogares compartidos (habitaciones alquiladas por menos de 31 días, normalmente a turistas) ha pospuesto su ordenación y lleva camino de dejar este verano en una especie de limbo a quienes ejercen esta actividad, en pleno inicio de la recuperación turística de la ciudad. Los anfitriones (particulares que alojan en casa a viajeros) confiesan que no saben qué hacer en los próximos meses. Tienen miedo de empezar a ser multados, pero afirman que muchos mantendrán esa vía de ingresos "por necesidad" incluso en caso de que el consistorio confirme su prohibición. De momento, este no ha decidido si estos meses optará por la tolerancia o la erradicación.

Las licencias para regularizar pisos compartidos no son posibles, siguen blindadas por la moratoria que precedió a la aprobación inicial de la actualización del plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT) de principios de año, con el fin de evitar un alud de peticiones. El propio plan provisional prohíbe esta nueva figura de alojamiento turístico a la que el Govern dotó de marco legal el pasado agosto en un decreto. Calendario en mano, la Generalitat dio un año a los municipios que optaran por establecer sus propias reglas del juego, pero con margen para posponerlo hasta un año más, explican desde la Conselleria d'Empresa. Pero Barcelona aún trata de encajarlo en su plan de alojamiento definitivo, donde deberá especificar qué hace con los hogares compartidos.

Esta pugna entre los socios de gobierno municipal podría afectar incluso a todo el PEUAT. Los socialistas recuerdan que su voto inicial favorable a principios de año se condicionó a crear una comisión que estudie una regulación específica (articulada como posible ordenanza aparte) para las habitaciones de alquiler por menos de 31 días en viviendas particulares, de cara a la aprobación definitiva. Sin embargo, en sus términos actuales el PEUAT contempla solo la prohibición de esta actividad. De ese modo, a partir de este verano el ayuntamiento podría ya sancionar y erradicar el alquiler por días, o bien no actuar al respecto -como ha sucedido mientras era alegal- hasta tomar una decisión final.

Argumentos dispares

Las posiciones en los grupos municipales ya quedaron claras el martes en la comisión de Urbanismo, donde prosperó la proposición de JxCat para que el gobierno local regule los hogares compartidos en lugar de borrarlos del mapa. Fue una victoria no vinculante y solo moral, pero que denota las complicaciones que puede hallar Barcelona en Comú para imponer la restricción formalmente. Solo los republicanos apoyaron la negativa verbalizada por la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.

Los anfitriones, vertebrados sobre todo desde la plataforma VIA (Veïns i Amfitrions de Catalunya), tratan precisamente de ganar apoyos de la oposición para contrarrestar la estrategia de prohibición de Colau. Han mantenido reuniones con socialistas y republicanos para defender su actividad como "economía colaborativa que permite pagar alquileres o llegar a fin de mes a muchos barceloneses", defiende un portavoz. Les han planteado incluso una prueba piloto para permitir la actividad en la capital catalana, que implicaría un registro de operadores, comprobaciones en el interior de los domicilios y plataformas de contratación que colaborasen con la administración. Discrepan de las cifras detectadas por el consistorio.

¿Por qué no hay quorum ni en las filas progresistas? Para Sanz es una cuestión que divide tanto a la opinión pública como al sector y a los partidos políticos por su complejidad. Sobre el papel, es más integrador alojar a un turista en casa de un barcelonés (donde se controlan eventuales excesos y se hace partícipe al visitante de las rutinas autóctonas) que darle un apartamento turístico completo donde campa a sus anchas y de una forma más autónoma, con los posibles problemas de convivencia que pueda comportar en algunas fincas. Pero en la práctica, defiende la concejala, regular esa actividad por días pervertiría la actividad en tanto que en los últimos años "muchos pisos turísticos ilegales se han ido reconvirtiendo en habitaciones, como vemos por las direcciones y fotografías". El plan de choque contra los primeros hizo que se pasara de 5.860 anuncios de habitaciones en 2016 a 9.191 en 2018, gestionados de forma organizada y en ocasiones mafiosa. Y el trasvase genera un difícil control, aduce, porque es complejo entrar en un domicilio a inspeccionar y determinar si el titular reside o no y cuántas habitaciones tienen o no en uso turístico.

Janet Sanz recuerda las dificultades que ha tenido el consistorio para combatir los apartamentos turísticos durante años, a base de multiplicar inspecciones, recursos y sanciones. Considera que mantener a raya la actividad en habitaciones sería aún más complicado.

Término medio

Por contra, sus socios del PSC se sitúan en un término medio, ni tan liberal como Junts -dice el concejal de Turismo, Xavier Marcé-- ni tan prohibicionista como los 'comuns'. El edil cree que los hogares compartidos deben regularse tal como permite ahora el decreto del Govern, pero con limitaciones. Ponen sobre la mesa la territorialidad (solo las permitirían en zonas no saturadas de turismo, donde también puede abrirse aún algún hotel), con licencias para un plazo de tiempo de explotación determinado, sin posibilidad de transmitirse cuando el propietario vende la vivienda, con garantías de que el propietario o su inquilino residen en el inmueble, con un máximo de una habitación para ese uso por hogar, y un número máximo también de noches alquilables al año. Ambos partidos esperan alcanzar el consenso en los próximos meses de negociación, aunque Sanz cree que en esas zonas ya basta con las plazas hoteleras para descentralizar, y que quienes precisen ingresos extra pueden optar por los hogares compartidos para estancias de más de un mes, que ya recoge la ley de vivienda.

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