La gestión de Colau invade los juzgados

Desde que Ada Colau se hizo cargo de la alcaldía de Barcelona a los servicios jurídicos del consistorio y a los abogados externos contratados se les acumula el trabajo. Algunos aspectos de la gestión municipal han derivado en los tribunales de justicia. Las políticas en urbanismo, movilidad, turismo, derechos sociales o gestión del agua han provocado la reacción de colectivos afectados. Empresas, colegios profesionales, patronales y otras entidades o particulares han trasladado sus reclamaciones ante el juez. La mayoría de casos van a parar a la jurisdicción contenciosa-administrativa (recursos contra un acuerdo de la Administración), aunque también se acude a la vía penal. Las querellas o denuncias por la posible comisión de un delito, por el momento, han tenido poco éxito.

Los pleitos contenciosos contra acuerdos del Gobierno de Colau se acumulan. En un rápido repaso de la lista de recursos judiciales interpuestos en los últimos años contra decisiones municipales se observa que muchos son de urbanismo, actividades y licencias o impuestos. En las últimas semanas, el Gobierno de ‘comunes’ y PSC, por ejemplo, han recibido dos varapalos: la anulación por cuestiones de forma del plan de hoteles (PEUAT) y la creación de un dentista municipal.

Los servicios jurídicos del ayuntamiento tramitaron en 2019 un total 1.314 expedientes (1.013 contenciosos y 228 penales) y al año siguiente, en el 2020, 1.437 (1.177 contencioso y 201 penales). En los cinco primeros meses de este 2021 han entrado 888, de los que 786 son contenciosos. Si continúa este ritmo, el aumento a final de año será considerable. "Es una tendencia general que va más allá de Barcelona. Es la judicialización de la política. Pasa en otras ciudades y países. Sobre todo cuando hay una voluntad de cambio y de ampliar los derechos de la ciudadanía, en los que se tocan algunos privilegios", reconoce el concejal Marc Serra.

De la guerra del agua a las subvenciones

Pero hay procesos judiciales que se remontan a años atrás. Por ejemplo, la guerra del agua entre el Gobierno municipal y Agbar y que el Tribunal Supremo zanjó en noviembre del 2019 a favor de la multinacional y en contra de la intención del Consistorio de municipalizar el servicio. Meses después, la compañía presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas de los organismos públicos, por unos estudios sobre el agua y subvenciones a varias asociaciones.

En la misma línea, la Fiscalía de Barcelona está investigando los 3,4 millones otorgados por el ayuntamiento a entidades sociales afines, como el Observatorio Desc, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingenieros sin Fronteras. La denuncia de la asociación Abogados Catalanes por la Constitución sostiene que estas partidas se otorgaron de forma directa para esquivar una licitación abierta o un concurso, con la justificación de su carácter excepcional. Para Colau, sin embargo, es “indiscutible” que estas entidades hacen una tarea “imprescindible” en la ciudad.

El veto al hotel y los bloques de hormigón

Las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que habitualmente las querellas y denuncias por la vía penal contra miembros del Gobierno de Colau han quedado en nada. A pesar de ello, hay algunas causas vivas, como en la que está inmersa la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, por el veto de un hotel de lujo en una finca modernista, la Casa Buenos Aires, en el barrio de Valvidriera. La teniente de alcalde defendió en el juzgado el “interés público” de la modificación del plan urbanístico que permitió proteger el edificio para destinarlo a viviendas sociales y equipamientos para el barrio. 

En otro juzgado se instruye otro proceso penal para esclarecer si los bloques de hormigón instalados por el ayuntamiento en la calzada de la calle de Balmes provocaron la muerte de Marti Estela. El portero del equipo de waterpolo del Club Natació Barcelona (CNB) colisionó con los bloques conocidos como 'new jerseys' tras sufrir un accidente cuando circulaba en moto. El ayuntamiento ha entregado los expedientes requeridos y la jueza decidirá si cita a declarar como imputado al responsable municipal que autorizó la instalación de esas barreras disuasorias.

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