Desahucio fuera de foco en Sant Roc

En el 2013 ya perdieron un piso. En realidad, dos. El suyo, que entregaron al banco en dación en pago, y el de su abuelo, que les había avalado. Fue entonces cuando entraron a este otro de la calle de Covadonga, también en el barrio de Sant Roc, en Badalona, donde han criado a sus dos hijos, de 16 y 11 años. Juan y Rosa, quienes se dedican a los mercadillos, explican que desde el primer minuto intentaron negociar un alquiler social, algo que prácticamente rozaron, pero no llegaron a cerrar. Tenían las gestiones muy avanzadas con la entidad bancaria a la que pertenecía la vivienda en un primer momento, cuando la abrieron, y todo parecía indicar que iban a poder legalizar su situación en el piso –para Rosa, Juan y sus dos hijos, su hogar; un activo tóxico a ojos de la propiedad-; cuando este pasó a manos de Divarian-Cerberus y el proceso se estancó, hasta llegar al desahucio de este martes, finalmente aplazado en la puerta por algunas decenas de vecinos del barrio organizados en la plataforma Sant Roc Som Badalona, con la ayuda de su entregada abogada de oficio, presente también en el desahucio, algo muy poco habitual. 

“El pequeño esta noche no ha dormido de los nervios. Decía que tenía miedo de que se llevaran a su padre preso”, explica Rosa mientras el mayor –más alto que ellos- les arropa a ella y a su padre por detrás. Este era el primer lanzamiento y no había prevista la actuación de la policía. El helicóptero que sobrevuela insistentemente la ciudad no tiene nada que ver con ellos y la comitiva judicial, que llega pocos minutos antes de las 10 de la mañana, acuerda rápido la suspensión y la nueva fecha, el 9 de febrero, esta vez ya con presencia policial. Casi nueve meses de tregua que dan algo de aire a la familia para seguir negociando un alquiler social, que es por lo que el matrimonio lucha desde hace más de un lustro.

Hoy por ti, mañana por mí

Frente a las características rejas granates y altas en los accesos de las porterías abiertas de Sant Roc, varios vecinos de la pareja aguardan a la comitiva vestidos con monos rojos y máscaras, uniforme 'oficial' para señalar los desahucios de viviendas propiedad del fondo Cerberus, uno de los mayores del mundo. Junto a ellos, decenas de vecinos. Muchos de ellos, mujeres con bebés. Mujeres con realidades muy similares a la de Rosa. Mujeres como Laura, madre separada de dos niños de ocho y seis años quien tiene fecha de desahucio para el próximo 12 de julio de un piso propiedad de Bankia. O Carmen, de 26 años, quien tiene fecha para de lanzamiento, el segundo, en su caso, para el 10 de junio. "Estábamos a punto de firmar el alquiler social, y al final se echaron atrás", señala la joven. Una situación muy similar a la narrada por Rosa y a la de las más de 3.000 familias afectadas por la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley 17/2019, que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las familias.

Los desahucios de pisos propiedad de bancos son el pan de cada día en este barrio metropolitano, cuyos vecinos vivían este martes absolutamente ajenos a la puesta de largo del nuevo gobierno. No es casualidad que en Sant Roc se encontrara la mesa electoral que registró una mayor abstención en los pasados comicios, con un 90,58%. Los motivos que llevaron a tantos de sus vecinos a esta desconfianza absoluta hacia las urnas los explicaban sus vecinos días antes de las elecciones: "¿No nos dejan salir a ganarnos el pan y vamos a ir a votar? ¿Para qué?", se preguntaban dos hombres que, como Juan y Rosa, se ganan la vida haciendo mercados, o lo hacían, antes de que el covid se lo impidiera. Así, tampoco eran conscientes de que el desahucio que estaban parando en su barrio se producía el primer día del nuevo gobierno de la Generalitat, en una mañana en la que todos los focos estaban en otro lanzamiento en el Poble-sec, mucho más politizado y mediatizado. En Sant Roc están acostumbrados a vivir en los márgenes.

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