La jueza suspende el desahucio del gimnasio social Sant Pau

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha aceptado la petición del Ayuntamiento de Barcelona de aplazar el desalojo del gimnasio social Sant Pau, inicialmente previsto para este viernes, para darles margen a seguir negociando la compra de la finca. Pequeño balón de oxígeno para intentar desencallar la salvación definitiva de este proyecto social de referencia. Sobre la mesa siguen los 9,7 millones ofrecidos por el consistorio a los propietarios del inmueble, que piden 14.

Referente comunitario

Pese a que durante en los últimos meses el espacio ha sido presentado siempre como un lugar en la que las personas sin hogar de la ciudad han encontrado refugio durante la pandemia - y así ha sido-, la historia del Sant Pau como espacio comunitario viene de mucho más lejos, desde hace casi una década, en el año 2012, cuando un grupo de trabajadores del histórico gimnasio -lleva 80 años en el Raval- decidió transformarlo en cooperativa para salvarlo (la primera vez de muchas) y convertirlo en un espacio para el barrio. Para todo el barrio. Un espacio en el que se respeta a todo el mundo, donde las mujeres musulmanas del Raval podían hacer piscina con sus bebés vestidas para sentirse cómodas, y donde se abrió un vestuario para las chicas trans para evitar que se fueran a casa sin duchar al sentirse incómodas en los vestuarios clásicos. Un espacio en el que los críos del barrio sin recursos podían hacer clases boxeo sin pagar si enseñaban que habían sacado buenas notas, y si no, también. Todo eso era el Sant Pau antes del covid y sus defensores quieren que vuelva a serlo cuando pase la pandemia, combinado con los pisos públicos que podrían levantarse justo encima del actual gimnasio.

Con esa intención ha puesto el ayuntamiento los 9,7 millones de euros en la mesa de negociación con la propiedad, mesa que hoy por hoy sigue abierta, tras la decisión judicial de aplazar el desalojo. Una cifra que, según ha tuiteado este jueves la concejala de Vivienda Lucía Martín repartiendo responsabilidades, "supera el presupuesto anual que al Generalitat destinó el año pasado para levantar nuevas viviendas públicas de alquiler en toda Catalunya".

Un camino lleno de curvas

Este no es el primer intento de desahucio que esquiva este equipamiento, en la frontera entre los barrios del Raval y de Sant Antoni. El Sant Pau lleva años superando infinidad de momentos similares al actual, aunque nunca había habido sobre la mesa una oferta de compra firme por parte del consistorio.

Tras la penúltima fecha de desahucio el pasado mes de enero, propiedad y ayuntamiento se dieron dos meses para intentar llegar a un acuerdo. Pasó el tiempo, ese acuerdo no llegó, la maquinaria judicial volvió a ponerse en marcha y con la nueva fecha de desahucio pisándoles los talones el consistorio decidió mover ficha e intentar comprar. Y ahí siguen.