El desahucio del gimnasio social Sant Pau sigue en pie... como otros cientos durante la pandemia

La última semana de abril ha empezado con la imagen de los Mossos d'Esquadra ejecutando un desahucio de una familia con dos criaturas del que había sido su hogar durante más de dos años. "El tercer desahucio sin notificar en el barrio una semana", destaca una portavoz del Sindicat de Barri del Poble Sec, entidad que ha hecho públicos los hechos. Es decir, que pese a que sí había una orden judicial, el abogado de oficio no se lo había comunicado a la familia, aclara la activista por el derecho a la vivienda, quien coincide con militantes provivienda de otros barrios en que los desahucios que se están ejecutando durante el estado de alarma cuentan con más presencia policial. "Hay menos desahucios, porque algunos sí se paran con la moratoria, pero los que llegan a producirse parece que tengan la consigna de que hay que ejecutarlos sí o sí", señalan varias voces en una semana que se prevé intensa para la lucha por el derecho a la vivienda, ya que este viernes hay previstos 11 desahucios en Ciutat Vella y, hoy por hoy, sigue en pie el desahucio del gimnasio social Sant Pau, en el Raval, equipamiento que se ha convertido en cobijo de las personas sin ella.

A cuatro días para la fecha señalada -el 30 de abril- sigue en pie el desahucio del gimnasio social Sant Pau, espacio que durante la pandemia se ha convertido en punto de referencia para las personas sin hogar de toda la ciudad. Pese a la intensa campaña elaborada por el gimnasio para defender el espacio, cuyo proyecto social tiene unas raíces profundas, hoy por hoy la orden judicial de desalojo para este viernes sigue vigente. Además, es el día en que termina el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para que el gimnasio ofrezca el servicio de duchas para personas sin hogar, un servicio que desde el gimnasio aseguran que seguirán ofreciendo el día 1 de mayo, "con convenio o sin él, nosotros no dejaremos a nadie colgado". El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, lleva meses negociando con la propiedad la compra del edificio, en la Ronda de Sant Pau, en la estratégica frontera entre el Raval y Sant Antoni. Según aseguraba hace unos días el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, la cantidad que ofrece el consistorio, 9,5 millones, es "un precio de mercado" y no están dispuestos a ofrecer más. El valor -el material, el inmaterial es obvio- del edificio no está solo en el actual gimnasio (cuya piscina es la más antigua de la ciudad), sino en todo lo que se puede construir encima del mismo.

Durante este año el Sant Pau ha acogido a más de 2.500 personas a las que ha entregado 40.000 comidas y ha ofrecido 55.000 duchas y cambios de ropa. Unas 2.500 personas que, insisten desde el Sant Pau y es un hecho objetivo, quedarían desprotegidas si se efectuara el desalojo este viernes, ya que el ayuntamiento no dispone de la infraestructura para cubrir el trabajo que están haciendo desde el gimnasio.

Además del del gimnasio, solo en el Raval este viernes hay otros 11 desahucios previstos de familias vulnerables en Ciutat Vella, seis en el Raval. "De nuestra asamblea, tenemos tres. Dos son de grandes tenedores, pese a la moratoria; y en dos de ellos hay menores implicados", repasa Anna Moreno, miembro de Raval Rebel, quien recuerda que este mismo lunes tenían uno de la Sareb -el banco malo- que se aplazó, tras la presión vecinal, en los juzgados el viernes.

Fuentes del consistorio apuntan que esos 11 desahucios aún convocados en Ciutat Vella son menos de los programados inicialmente y que "esta cifra puede seguir bajando, ya que la mediación municipal continúa hasta el último momento". "El 80% de las órdenes de desahucio de familias vulnerables se suspenden antes de llegar a puerta por la mediación previa", destacan desde la Unidad Antidesahucios del consistorio.

"Pese a moratorias varias y estado alarma, la media de entre 20 y 30 desahucios previstos en Ciutat Vella todas las semanas se ha mantenido. Son necesarias soluciones a largo plazo, porque aunque pares un desahucio una, dos, tres y cuatro veces, a la quinta se ejecuta. Los aplazamientos dan aire a las familias, pero tienen que ir acompañados de medidas estructurales. La mesa de emergencia no para de crecer, porque podemos alargar los procesos, pero al final las familias acaban en la calle", concluye desde Resistim al Gòtic Martí Cusó.