El juez imputa a directivos de una empresa por la contaminación del Besòs

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granollers ha citado a declarar como imputados a tres directivos de la empresa Dictesa y a la misma compañía por el incendio ocurrido el 11 de diciembre de 2019 en su planta de Montornès del Vallès que causó vertidos de productos tóxicos y la contaminación del río Besòs, provocando la desaparición del 99% de la fauna piscícola. Los investigados deberán comparecer ante el juez los próximos 29 y 30 de junio. Días antes, el 9 y 15 del mismo mes, está previsto que sean interrogados varios testigos, entre ellos operarios de la nave. En la querella, la fiscalía también solicitó que se requiriera a la Generalitat un informe que refleje la valoración económica de los daños ambientales, así como los gastos que se originaron para extinguir las llamas, entre otros dictámenes.

Las pesquisas se han iniciado a raíz de la querella presentada por el fiscal de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, contra el director general de la empresa Dictesa, su delegado en Catalunya y responsable de residuos y el responsable de producción, así como contra la misma compañía, por un delito contra los recursos naturales y otro relativo a la protección de la flora y fauna. El ministerio público tiene abierta otra investigación sobre la actuación de la Generalitat en el control de esta industria.

El siniestro se produjo en la planta de Montornès de la empresa Dictesa, dedicada al reciclaje de disolventes y tratamiento de residuos industriales, y que desde 2011 había sido sancionada varias veces por incumplimientos de la normativa y, sobre todo, por el deficiente almacenamiento de los despojos y por falta de autorización para realizar determinadas labores.

Acumulación de residuos peligrosos

El fiscal sostiene en su querella que los investigados, cada uno dentro de su responsabilidad, "eran conocedores" de que en la nave de Montornès "había una importante acumulación de residuos peligrosos" que "ordinariamente" era "muy superior" a lo permitido y que, además, se guardaba en "lugares no autorizados". La acusación pública precisa que estas sustancias se almacenaban sin etiquetar, cuando debían estarlo de manera "clara", y sin que se conociera realmente el verdadero contenido de esos recipientes.

En su opinión, los acusados eran conscientes de que en la destilación de los disolventes usados, trabajadores no cualificados habían vaciado pequeños bidones de residuos en otro metálico de 200 litros, que "siempre se aprovechaba sin limpiarlo". Esto implicaba mezclar en muchas ocasiones productos tóxicos y peligrosos "no correctamente identificados" y altamente inflamables.

Esta situación de "incumplimientos graves de toda la normativa medioambiental", apunta el fiscal, supuso que en la madrugada del 11 de diciembre de 2019, un trabajador mezcló en el bidón de 200 litros los residuos sin conocer de que sustancias se trataba, lo que provocó una "reacción exotérmica", la emisión de humo y, finalmente, llamas. El fuego afectó a otros recipientes y el incendio se extendió por la nave, donde se almacenaban 1.176 toneladas de disolvente. Una parte importante de esta sustancia fue a parar al rio Besòs sin ningún tratamiento, lo que provocó su contaminación.