El Tribunal de Cuentas investiga ayudas de Colau denunciadas por Aguas de Barcelona

Una de las iniciativas de mayor envergadura que se propuso Ada Colau como alcaldesa de Barcelona fue lograr una gestión del agua municipalizada. El plan no cuajó, y ha tenido como consecuencia que la Sociedad General Aguas de Barcelona (SGAB), socio principal de la empresa público-privada que se ocupa del servicio que la alcaldesa quería público, se convirtiera en el archienemigo principal de los comuns. Entre otros frentes, la empresa abrió uno contra la multiconsulta que la paralizó.

Ahora, Aguas de Barcelona ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas ayudas concedidas por el ayuntamiento a varias entidades, por valor de 6,4 millones de euros. Entre ellas figura la concesión de 852.633 euros, entre 2016 y 2018, a Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, entidad con la que estuvo vinculado el actual concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. La misma entidad recibió 271.437 euros del consistorio entre el 2012 y el 2015, con Xavier Trias como alcalde. El tribunal ha admitido a trámite la denuncia, por lo que investigará las ayudas, según avanza El Mundo.

El denunciante sostiene que entidades como la citada, entre otras, han sido utilizadas por Colau en el conflicto del agua como si fueran independientes, algo que la empresa niega, por considerar que "son financiadas directamente por el ayuntamiento para crear un clima denigratorio" en su contra, por lo que considera que ha existido "menoscabo de caudales públicos", del que la denuncia señala como responsables a Colau y a Badia.

La denuncia reclama que se analice la inversión municipal de 875.293 euros en informes y estudios vinculados con la municipalización potencial de la gestión del agua. Otras entidades son señaladas, con las cantidades recibidas, dentro del paquete de 6,4 millones puesto en cuestión. La denuncia incluye el caso del Observatori DESC, donde trabajó Colau, que recibió 505.913 entre 2016 y 2018, y la aportación a la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FABV), en el mismo periodo, de 475.525, presidida hasta el 2015 por Lluís Rabell, después candidato al Parlament por Catalunya Sí que es Pot.

La réplica

Badia ha comparecido junto con Marc Serra, edil de Derechos de la Ciudadanía y Participación, para comentar la denuncia y su aceptación a trámite. Los dos han acusado a Agbar de proponerse frenar la actuación municipal con sus iniciativas judiciales. “No es un ataque solo al gobierno municipal, es un ataque a la democracia”, ha afirmado Serra, que ha asegurado que el consistorio aportará toda la documentación que acredita que las ayudas denunciadas fueron concedidas cumpliendo la normativa prevista, con el aval técnico y jurídico preceptivos.

Serra ha subrayado que la denuncia “no es un hecho aislado” y que es un paso más dentro de “la estrategia de una ofensiva judicial de determinados lobis contra determinadas políticas del ayuntamiento”. El edil ha recordado que se han registrado hasta ocho querellas contra concejales y hasta 40 recursos contra el reglamento de participación ciudadana.

Serra ha defendido el papel de entidades señaladas por la denuncia que, ha dicho, “desarrollan una gran labor en la ciudad”. Ha citado como ejemplos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Aigua és vida. “Parecen denuncias pensadas para manchar la gestión municipal, cuando Barcelona es referente en transparencia. No permitiremos que se ataque el prestigio de Barcelona en este ámbito”, ha añadido el edil, que ha advertido de que el gobierno de Colau estudia emprender medidas legales contra la ofensiva que denuncia.

Más sucinto, Badia ha relatado que no es algo que le pase solo a Barcelona, que todas las localidades que han mostrado su voluntad de acercarse a la gestión pública del agua se han encontrado con esta ofensiva judicial.

Denuncia a Fiscalía

La denuncia de Agbar ante el Tribunal de Cuentas llega poco más de un mes después de que la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución presentara el pasado 15 de marzo una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra Colau y contra otros cinco miembros y exaltos cargos del ayuntamiento por subvenciones por un valor total de 3,4 millones de euros otorgadas a varias entidades afines. Entre esta asociaciones figuran Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e  Enginyeria Sense Fronteres (ESF). La demanda fue interpuesta por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.