Actividad bajo control

Exanfitriones de Airbnb en Barcelona multados se rebelan contra la plataforma y el ayuntamiento

  • Unos 300 afectados que alquilaron puntualmente su casa a turistas se alían contra las sanciones municipales de 60.000 euros

  • Han demandado al gigante mundial de las reservas por días, que se enfrentará a la Audiencia Previa previa a finales de mayo

  • El consistorio se compromete a revisar algunos casos, entre los que ya hay 20 embargos activos

Teresa Trullén, con su hija, en el piso de Sant Antoni que alquiló unos días a turistas y por el que afronta una multa de 60.001 euros.

Teresa Trullén, con su hija, en el piso de Sant Antoni que alquiló unos días a turistas y por el que afronta una multa de 60.001 euros. / Manu Mitru

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Algunos se han enterado al ver su cuenta bancaria y casi sufrir un infarto. Es el caso de Luis, que acababa de recibir una pequeña herencia que fue embargada inmediatamente por el Ayuntamiento de Barcelona por una sanción impuesta años atrás por albergar a turistas sin licencia para la actividad. Con los recargos e intereses han sido 74.000 euros, aunque a otros solo les han podido cobrar una parte porque no había más dinero en sus cuentas y aguardan con miedo el embargo de sus bienes o pensiones, que parecen haberse acelerado en los últimos meses. Tanto él como los 300 afectados que hasta ahora han sumado fuerzas en la Associació d'Afectats pel conflicte entre l'Ajuntament de Barcelona i Airbnb (ACABA) reclaman al consistorio que analice sus casos y los distinga de las redes de los propietarios profesionales que se lucraron sin licencia. A la vez, han declarado la guerra a Airbnb con una demanda judicial por incentivar el alquiler turístico y hacer una campaña desleal, tras un primer intento fallido hace tres años.

Los ciudadanos expedientados asumen que son responsables por haber obrado contra la normativa vigente, que desde hace un lustro es muy combativa con la ilegalidad. Tanto con planes de choque para cazar a infractores, como endureciendo las sanciones hasta considerar "muy grave" (multas desde 60.001 euros) el caso de anfitriones de toda índole que alquilaron por días su propiedad en tiempos en que la obtención del permiso de actividad ya era imposible en Barcelona, porque el ayuntamiento los había prohibido tras alcanzar los 9.600 en la ciudad. Algunos piden que se retiren la multas, y otros se conformarían "con estas sean más acordes a los hechos y que no se considerasen 'muy graves'" en estas situaciones, destaca Dylan Tarín, su abogado, que considera que el consistorio abría expedientes automáticos en función de los anuncios (sin número de registro de la Generalitat, o sea, sin licencia) que hallaban en las plataformas.

Pósters de la campaña de ACABA contra las multas municipales por el alquiler turístico de particulares.

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Este mecanismo lleva a meter en el mismo saco a multioperadores fuera de la ley (pueden ser muchos teniendo en cuenta que según datos publicados por este diario, 374 titulares copaban la mitad de los apartamentos legales de la ciudad en 2018) que a particulares que solo han utilizado la plataforma puntualmente, siendo casi siempre su propia residencia habitual, se quejan los demandantes. Entre la numerosa casuística que concentra ACABA figuran familias que pusieron su propio hogar en alquiler turístico durante el mes que se fueron de vacaciones, personas solas que necesitaron un ingreso extra para afrontar una mala situación económica, divorciados que intentaron ocasionalmente oxigenar su economía... Para Tarín, esa condición no regular, no profesional y doméstica debe medirse con distinto rasero.

Casos repescados

En las últimas semanas este diario ha recibido cartas del lector relatando la llegada de las multas o embargos que consideran astronómicos, incluso por haber alquilado un solo fin de semana a turistas su casa hace varios años. Arremetían contra el ayuntamiento, que viendo el cariz que ha adquirido la queja y la campaña de difusión que están llevando a cabo en redes sociales, recibió a la entidad hace unas semanas y se comprometió a revisar en primer lugar los casos más urgentes, es decir, los 11 embargos ya ejecutados (hay 20 en procedimiento de apremio de pago), y "darles respuesta individualizada".

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Fuentes municipales añaden que si detectan algún error se corregirá, pero puntualizan que "el ayuntamiento abre procedimientos disciplinarios a pisos de uso turístico cuando se comprueba que se hace un uso irregular". Cabe recordar que hasta el verano pasado el gobierno municipal sumaba 9.972 procedimientos abiertos al respecto, lo que hace muy difícil desgranar las casuísticas, mezclando acaso peces con tiburones.

Para ACABA, que ha retomado la ofensiva tras al la pandemia al "sospechar un claro afán recaudatorio" municipal, hay frentes más allá del posible exceso de celo municipal. El quid de la cuestión es que mientras el consistorio multaba a los pisos anunciados sin licencia, Airbnb "no solo permitía sino que alentaba esos reclamos". La entidad ha recabado la publicidad emitida esos años por la plataforma, contagiando el "buen rollo de ser anfitrión y participar en la economía colaborativa con la que se llenaban la boca", dice otro asociado. Mantienen que la ambigüedad inicial sobre el hecho de que la vivienda fuera la residencia habitual del anfitrión y que incluso en ocasiones solo alquilaran una parte de ella, generó confusión entre muchos usuarios, que pensaban que el uso esporádico sí era posible. "No había impedimentos ni filtros en Airbnb para poner los anuncios en 2017", recuerda M.H. Algunos aparecen ahora en su campaña de difusión alegando que no son mafiosos ni delincuentes por haber hospedado unos días a alguien.

El colectivo se siente "víctima del conflicto entre Airbnb y el ayuntamiento", recalca Tarín, enfatizando que nadie ha seguido con la actividad. En un documento informativo elaborado por la asociación de sancionados, incluso critican el movimiento especulativo asociado al turismo que ha vivido la ciudad. Y denuncian que al 40% no se le notificó adecuadamente la multa.

En el 2018, como informó este diario, hubo un primer intento de llevar a la plataforma ante la justicia. Pero no prosperó en su pretensión de demanda colectiva porque ni Airbnb ni el ayuntamiento aceptaron facilitar las listas de miles sancionados a ACABA, que se había creado poco antes con un centenar de primeros casos. Finalmente, en octubre del 2019 sí presentaron la demanda "directamente como miembros de la asociación". En ella recogen los datos y políticas del consistorio en dicho ámbito, los recursos de la plataforma de reservas para captar sin filtros a anfitriones y sus políticas, destacando que los impuestos desembolsados por Airbnb en España (tributa en Irlanda) apenas alcanzan el montante de las sanciones que afectan a un particular.

Deslealtad y daño moral

Solicitan que se condene a Airbnb Marketing Services SL (con oficina en Barcelona) por su "actuación desleal" tanto por infracciones de la ley de competencia desleal, como por publicidad ilícita, así como de cara a obligar al demandado a abstenerse permitir en el futuro anuncios sin la correspondiente acreditación de licencia y de realizar publicidad "que induzca a la confusión". También reclama la devolución de las comisiones cobradas por la plataforma gracias a anuncios de pisos ilegales, y a una compensación total de 2,36 millones de euros para los 118 suscribientes de la demanda, en concepto de indemnización por daños morales.

Desde la activación de dicha demanda, los casos (y asociados) se han multiplicado, señala Lidia Conde, una de las portavoces del colectivo. Estima que hasta la fecha suman 101 casos abiertos, 26 en tribunales, 20 en embargo y 170 cerrados o ganados, porque los más antiguos se acreditaban solo con un anuncio en el portal y sin más pruebas. La misma fuente destaca que su objetivo esencial es "visibilizar el problema" para poner fin a las "sanciones desproporcionadas" y unir al máximo número de afectados por la misma situación.

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ACABA se autosondeó para arrojar luz sobre los perfiles de sus afectados. Más de la mitad tenían de 1 a 5 personas económicamente dependientes de ellos en el momento de los hechos; el 56% eran solteros o viudos sin apoyo económico en ninguna pareja y el 73% estaba en el paro, o con trabajos a tiempo parcial. De hecho, un 42% eran inquilinos y un 38% ganan menos de 12.000 euros al año. El hecho alinear a sancionados que se dedican a la comunicación, la publicidad o el diseño, les ha permitido lanzar la campaña de denuncia social por sí solos.

Una pensionista angustiada ante un posible embargo inminente

Teresa Trullén aporta una de las muchas historias que hay detrás de ACABA, que se define como un colectivo de afectados no impulsado por ningún partido político, lobby ni plataforma empresarial. Esta maestra recién jubilada vivió durante años en un piso del barrio de Sant Antoni, que cuando se mudo a otra vivienda conservó, pero destinado al alquiler convencional. Cuenta que al finalizar un contrato largo en julio de 2017 y con la vista puesta en que su hija estudiante y unas compañeras lo alquilaran a partir de septiembre, decidió anunciarlo unos días de agosto ya que lo tenía libre. "Yo había viajado con Airbnb y pensé que sería una forma de conseguir ingresos extra unos días, ya que tenía muchos gastos de cara a septiembre", explica. Una vecina la denunció a través del sistema que desplegó el ayuntamiento para propiciar los chivatazos ese verano. Y cuando los inspectores se presentaron dieron con los huéspedes italianos que alojó 10 días.

La sanción fue recurrida pero le llegaron a notificar el embargo de 60.000 euros, que frenó después de que el consistorio se retirase del caso por una irregularidad en el expediente. La sorpresa fue descubrir a través de una carta en marzo de 2020 que este se había reabierto de nuevo, con el mismo objetivo sancionador. Ha recurrido de nuevo y demostrado con contratos que la vivienda siempre ha tenido uso legal, excepto aquellos días, pero mientras espera la decisión municipal teme que cualquier día se le notifique un embargo que podría afectar a su vivienda o su pensión.