Barcelona aflora 18 millones de impuestos no declarados en salas de juego

Es una labor meticulosa, paciente, casi de hormiga. Pero su fruto se traduce con muchos ceros y va directo a las arcas municipales, donde debería haber ido a pagar desde el primer minuto, si los negocios inspeccionados hubieran tributado adecuadamente por su actividad económica en Barcelona. En este caso, el examen se ha cernido sobre 64 salas de juego, bingos, organismos de apuestas y casino de la ciudad, muchos de los cuales habían cumplido con sus obligaciones fiscales en el municipio, pero donde algunos sumaban una brecha total de 18 millones en sus impuestos en los cuatro años revisados, una suma a la que hay que añadir 400.000 euros de intereses y otro tanto en sanciones.

El balance supone un paso más en las inspecciones intensificadas desde el 2016 por parte del Ayuntamiento de Barcelona para detectar fraude fiscal entre grandes empresas en el ámbito municipal. Las pequeñas se controlan automáticamente por programas con poco margen de error y procedimientos estandarizados. Pero era entre las grandes compañías donde estos filtros eran insuficientes y se redoblaron esfuerzos.

Cabe matizar que a la actividad de fraude se le atribuye intencionalidad y conlleva sanciones, aunque el consistorio sostiene que en ocasiones no se declara parte de la actividad por error o descuido, como se puede intuir al revisar datos y cruzarlos con otras fuentes, como son el catastro, las agencias tributarias estatal y autonómica, los notarios... Y es que las cifras analizadas por la dirección del Instituto Municipal de Hacienda (IMH) no se refieren a beneficios sino a recursos declarados. Por ejemplo, en el caso del sector del juego, no haber declarado el número de mesas de juego reales o los cartones de bingo en venta. Son muchos los elementos que pueden influir en la fiscalidad final.

En primeras fases, la lupa se puso en empresas distribuidoras de energía y grandes superficies comerciales. El gerente municipal de Presupuestos y Hacienda, Jordi Ayala, explica a este diario que en el anterior mandato el refuerzo inspector se tradujo en 70 millones de euros, mientras que en el actual suma ya 46. De estos, el sector del juego ha precisado dos años de arduo trabajo para revisar sus cuentas de los ejercicios 2015 a 2018.

Apuestas en manos de personas físicas

No ha sido tarea fácil por su estructura. Para empezar, Barcelona cuenta con muchas empresas de juego gestionadas por personas físicas que no pagan IAE (impuesto de actividades económicas), que en la actualidad solo se tributa en la ciudad en los casos de empresas que superan el millón de euros anuales facturados. Además, pese a a la nueva oferta de empresas de apuestas online, muchas de estas domicilian sus impuestos en otros países. De hecho, en esta categoría solo 11 lo hacen en la ciudad. El resto de empresas inspeccionadas han sido 30 salones de juego, 22 de bingos y máquinas recreativas y el casino.

Los afectados por las supuestas infracciones que en esta ocasión suman 18 millones pueden recurrirlas, aunque Ayala señala que es frecuente que primero se efectúen los pagos dado que los intereses en estos casos son muy altos. No obstante, asegura que cada uno de los casos está muy documentado porque el ayuntamiento ha doblado, de 6 a 12 personas, en estos años el cuerpo de inspectores del IMH, integrado por economistas y juristas. Este equipo recurre en ocasiones a búsquedas “imaginativas” para poder contrastar datos declarados sobre un negocio sobre su volumen o capacidad reales, siguiendo diversas pistas.

El ayuntamiento destaca que el resultado de esta lucha contra posibles fraudes se traduce no solo en una recaudación directa de impuestos para la ciudad, sino que sensibiliza a las empresas locales sobre su contabilidad y hace que en los siguientes ejercicios no se relajen.

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