El exconcejal de CiU Antoni Vives acepta dos años de prisión por un contrato simulado
El exedil fichó para la agencia Barcelona Regional a un exalcalde de la misma formación política
El acusado ha dado el visto bueno a la conmutación de la pena por un curso sobre ética pública
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives ha aceptado este miércoles una pena dos años de cárcel y dos de inhabilitación por contratar ilegalmente en la entidad Barcelona Regional, una agencia pública de planificación urbanística, a un exalcalde de la extintaCiU, que en cuatro años se embolsó 155.067 euros sin desempeñar ningún trabajo en la empresa municipal. Su abogado, Rafael Entrena, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía por el que se rebaja la petición inicial de cinco años de cárcel, al aplicarle la atenuante de reparación del daño (se ha devuelto el dinero defraudado) y confesión. Vives y otros dos acusados no entrarán en la cárcel y han aceptado la conmutación de la pena por la asistencia a un curso de ética pública.
En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Vives, al exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Muller y al exalcalde de Cervelló (Baix Llobregat) Jesús Arévalo de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación de caudales. Muller y Arévalo han aceptado también la pena de dos años de prisión. En lo que se refiere al a la gestión del Barcelona Regional, la fiscalía ya lo archivó en su día, y el Tribunal de Cuentas desestimó la demanda presentada por el consistorio barcelonés. El caso fue destapado por EL PERIÓDICO.
La fiscalía sostiene que Vives -investigado también en el "caso 3 %", el presunto pago de comisiones ilegales a CDC- se puso de acuerdo con Muller para contratar "ficticiamente" a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para "completar su remuneración anual" tras ser elegido alcalde.
El caso se remonta al año 2011, cuando Jesús Arévalo fue elegido alcalde de Cervelló, con una retribución anual de 47.275 euros, y Vives fue nombrado concejal de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias.
Complementar el sueldo
El que fuera alcalde, funcionario de carrera, pidió a su partido ser contratado por la administración "para así completar su remuneración anual", dado que en su anterior cargo de arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat su salario era superior al que percibía en el consistorio de Cervelló. Así, de “común acuerdo con su amigo" Guillermo Muller, Vives decidió contratar a Arévalo. De esa forma, el alcalde firmó un contrato desde el día 9 de enero del 2012 para realizar funciones de "asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes”.
Arévalo, según la fiscalía, figuró como trabajador de Barcelona Regional hasta el 31 de mayo del 2015, una vez Ada Colau fue elegida alcaldesa de la capital catalana, pero no consta que participara en el proyecto indicado "ni en ningún otro ejecutado por la entidad", ni que dispusiera de despacho propio o acudiera a las oficinas de Barcelona Regional. "Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo", sostiene el ministerio público.
'Leslie', absuelto
También ha sido absuelto Antoni Miquel, más conocido como 'Leslie', cantante de Los Sírex y militante de CDC, por haber estado contratado por Barcelona Regional sin supuestamente haber desempeñado ninguna labor en esta entidad. La fiscalía se querelló inicialmente contra él, pero finalmente desistió de acusarle tras revisar la documentación aportada por su abogado defensor, José María Fuster Fabra. El Ayuntamiento de Barcelona, que ejercía la acusación particular en la causa, acabó retirando su petición de pena contra Miquel, por lo que ha sido finalmente exculpado-
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