TRABAJO INTERMINABLE

La Sindicatura detecta sobrecostes del 251% en la construcción de la línea 9 del metro

El órgano fiscalizador apunta también que el plazo de ejecución de las obras se ha excedido en 10 años y aún no se han acabado

Las obras de la línea 9 del Metro en la plaza Sanllehy.

Las obras de la línea 9 del Metro en la plaza Sanllehy. / RICARD CUGAT

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EFE

La Sindicatura de Cuentas ha detectado unos sobrecostes en la construcción de la línea 9 del Metro de Barcelona que, a 31 de diciembre del 2016, alcanzaban el 251,5 % del coste de los encargos previstos inicialmente.

La Sindicatura ha emitido un informe de fiscalización de la línea 9 que apunta que el 31 de diciembre de 2016 el coste de construcción, 6.916,47 millones de euros, superaba en 4.949,01 millones, un 251,5 %, el coste previsto en los encargos iniciales de la línea 9 efectuados hasta el ejercicio 2002, 1.967,46 millones.

Además, este órgano fiscalizador apunta que el plazo de ejecución de las obras se había excedido en 10 años y aún no estaban acabadas.

La construcción de la línea 9 fue encargada por la Generalitat a la empresa pública de infraestructuras Gisa en el año 2000 y en el año 2003, coincidiendo con el inicio de las obras, el Govern atribuyó a Ifercat, empresa administradora de las infraestructuras ferroviarias de la Generalitat, el carácter de administrador único de la línea 9 y responsable de su construcción y mantenimiento.

16 informes

En su actividad fiscalizadora, la Sindicatura de Cuentas ha emitido un total de 16 informes de regularidad sobre las empresas Gisa, actualmente denominada Infrestructures.cat, e Ifercat correspondientes a los ejercicios del 2000 al 2014 con el objetivo de revisar las cuentas anuales y del cumplimiento de la legalidad en materia de contratación administrativa.

En las conclusiones generales de su informe, la Sindicatura apunta que hasta el 31 de diciembre de 2016 para la ejecución de la línea 9 se adjudicaron 1.093 contratos por 13.102,80 millones de euros, de los que 2.917,76 millones corresponden a adjudicaciones de obra presupuestaria y a sus modificaciones y 9.837,32 millones a los contratos de concesión de obra de las estaciones.

Además, se adjudicaron servicios y suministros por 347,72 millones.

Por lo que se refiere a contratos de concesiones, 2.152,82 millones correspondían a las obras que las concesionarias habían de ejecutar y 7.684,50 millones al resto de costes derivados de la concesión, como intereses, mantenimiento, reposición y administración.

A partir de la fiscalización realizada, la Sindicatura ha determinado que el coste de construcción de la línea 9 a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 6.916,47 millones, importe que incluía el coste de la inversión (4.796,23 millones) más los costes financieros (2.120,24 millones), tanto de las obras presupuestadas como de las concesionadas.

A 31 de diciembre de 2016, el coste de construcción, 6.916,47 millones, superaba en 4.949,01 millones el coste previsto en los encargos iniciales de la línea 9 realizados hasta el ejercicio 2002.

La UTE adjudicataria

En el informe, la Sindicatura destaca, entre otras cosas, que la Oficina Técnica de Evaluación, desde junio de 2011 hasta noviembre del 2015, fecha en la que fue suprimida, era la responsable de evaluar las ofertas presentadas por los licitadores y de elevar la propuesta a la mesa de contratación.

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Entre las observaciones realizadas, la Sindicatura cuestiona su trabajo en las observaciones correspondientes a la insuficiente justificación de la valoración de las ofertas técnicas, a la insuficiente motivación de la exclusión de las ofertas en valores anormales o desproporcionados y a la adopción de la decisión de exclusión cuando esta corresponde al órgano de contratación.

También destaca que, en el momento de la adjudicación de un contrato de servicios para la asistencia técnica para la ingeniería de integración de los sistemas e infraestructuras y coordinación de pruebas de la línea 9 por importe de 0,64 millones, se podría haber incurrido en la prohibición de contratar de un artículo de la ley de contratos del sector público, dado que, en el momento de su adjudicación, Joan Lluís Quer era presidente de Infraestructures.cat y administrador único de una de las empresa que formaban parte de la UTE adjudicataria.