Barcelona cede a cooperativas y entidades sociales suelo para mil pisos

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este lunes un convenio de colaboración con las entidades más representativas de los sectores de la vivienda social y cooperativa para impulsar codo a codo promociones de alquiler y covivienda en solares y edificios pendientes de rehabilitación de propiedad municipal, con el objetivo de agilizar los lentos procesos de construcción de vivienda pública y dar un impulso al pírrico parque municipal en un momento en el que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudad.

El convenio -que se firmará en los próximos días, tras aprobarse en el pleno- fija como objetivo levantar y/o rehabilitar 1.000 pisos durante los próximos años, en los que calculan que podrán vivir unas 3.000 personas. Del total de viviendas planificadas, el 40% serán en régimen de covivienda y el 60% en régimen de alquiler impulsado por fundaciones o cooperativas, y está previsto que las plantas bajas puedan estar ocupadas por equipamientos municipales. En el momento de la firma se cederán 10 solares y tres edificios municipales por rehabilitar, y se comprometen dos solares más pendientes de gestiones urbanísticas, para desarrollar durante los próximos meses. En total, pues, la firma del convenio va acompañada de 12 solares y tres edificios para promover 419 pisos.

Una de las fincas cedidas en este primer momento es el 10 de la calle de Reina Amalia, edificio con mucha historia. Fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona en el 2017 y funcionó como activo narcopiso para pesadilla vecinal. Actualmente está tapiado y forma parte del complejo del amenazado gimnasio social Sant Pau, ya que la salida de emergencia y la salida del vestuario de los niños pasa por él. Otro de los solares que entran en este primer paquete, el más grande, con capacidad para construir casi 50 pisos, está en la calle de Ulldecona, en el barrio de Marina del Prat Vermell, uno de los pocos lugares de la ciudad todavía por construir. Hay también terrenos en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Sant Martí.

La concejala de Vivienda, Lucía Martín, ha explicado que los criterios con los que se han seleccionado a las entidades son la "no acumulación" -que no caigan todos en las mismas cooperativas-, la sostenibilidad, los precios sociales y el "fomento de vínculos comunitarios". "Todos, siempre, bajo control y seguimiento municipales", ha destacado, subrayando que el suelo nunca dejará de ser municipal.

El consistorio calcula poder estar entregando los primeros pisos frutos de este convenio a mediados del 2024 (el tiempo de ejecución de una promoción municipal al uso es de unos cinco años). 

Futuro operador social

La iniciativa pretende también poner la primera piedra hacia un futuro "operador social", similar a los 'Community land trust' de Estados Unidos y de países del norte de Europa, donde administración, promotores sociales y comunidades de vecinos se constituyen en promotores y gestores del parque protegido. Con ese objetivo, el convenio recoge la voluntad de estudiar la constitución de un operador social de vivienda y prevé que las entidades sociales, una vez amortizados los créditos, destinen el 50% de sus beneficios.