DERECHOS DE LA PEQUEÑA INFANCIA
Alerta ante la posible expulsión de niños de guarderías municipales por la crisis
El afi (associació de famílies d'infants) de la Escola Bressol Municipal El Fil de Sants creó a principios de este curso una comisión social, pensando en organizar intercambios de ropa o de juguetes, para tejer una red de apoyo mutuo; por ejemplo, si tenían que confinar alguna clase y alguna familia no tenía con quién dejar a sus hijos... Redes ya de por sí difíciles de tejer en los jardines de infancia, por el que poco tiempo que los niños pasan en esa etapa educativa, dificultad que crece hasta límites insospechados durante la pandemia, momento en el que las familias no pueden entrar en las aulas ni socializar en el parque. Pero, nada más crearla, se encontraron con un problema que iba todavía más allá: la expulsión -a la práctica- de una familia del centro al no poder hacer frente al pago de las cuotas. Otro daño colateral más de la crisis del covid.
Era una familia que hasta el momento no había tenido nunca la necesidad de acudir a los servicios sociales. Hasta ahora habían podido ir tirando, pero su situación empeoró bruscamente con la pandemia. La tarificación social que se les aplicaba en sus cuotas de la escuela se basa en la renta del 2019, lo que hizo que no pudieran pagar ni septiembre ni octubre y, para no seguir acumulando deuda, acordaron con la escuela dar de baja a su criatura hasta que encontraran una solución. "El ayuntamiento debe prever estas situaciones y parar la deuda hasta que se resuelva la situación sin tener que sacar a los niños de la escuela", denuncia Anna Lite, presidenta de la asociación de familias de la EB El Fil. "Como esta familia, además, no tenía hasta ahora vinculación con los servicios sociales, todo es muy lento. Tienen que empezar de cero con todos los trámites y la situación se puede eternizar, y mientras tanto la criatura está fuera de la escuela", señala Lite, quien alerta de que se trata de situaciones muy invisibles que deben estar pasando en muchas otras escuelas.
Este jueves le han enviado una carta a la alcaldesa y la comisionada de Educación en la que exponen que es "imprescindible que el ayuntamiento facilite que las familias puedan modificar de manera ágil la declaración de su situación socioeconómica si ésta ha cambiado respecto a la renta del año anterior, para que se recalcule la cuota escolar". "Vemos necesario que se pueda eximir del pago de la cuota mínima establecida a aquellas familias que estén en una situación de extrema dificultad y creemos que el margen de tiempo para abordar estas situaciones debe ser más amplio sin que ello suponga, automáticamente, la pérdida de la plaza asignada", señalan en una misiva en la que también piden que las familias que justifiquen una situación de extrema vulnerabilidad puedan devolver los recibos emitidos, evitando la acumulación de deuda que agrava, aún más, su situación.
Respuesta municipal
Fuentes municipales responden que la tarificación social ya incluye un procedimiento de revisión de la tarifa en caso de situaciones sobrevenidas posteriores a la matrícula. "Las familias que se encuentran con dificultades económicas repentinas pueden presentar la información y la documentación que lo acredite y el informe de Servicios Sociales para que sea revisada su tarifa", señalan. "En el caso de familias que no son atendidas por Servicios Sociales -como es el caso de la de El Fil-, con el fin de agilizar la tramitación de su revisión de la tarifa, el IMEB ha acordado con el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) que puedan presentarse la documentación referente a su nueva situación económica directamente al IMEB", prosigue la misma voz municipal, que asegura que no tienen constancia de bajas por motivos económicos, pero sí de revisiones de tarifas. "Este año han entrado 25 instancias de revisión de cuota, de las cuales dos ya han sido resueltas y el resto están en tramitación. En caso de que se acumule una deuda, si finalmente se demuestra que se debe reducir tramo esta reducción es retroactiva", concluyen.
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