Colau lleva a un fondo inversor a visitar su narcofinca de Barcelona

Los bajos están tapiados, las paredes pintadas, los cristales de la mayoría de ventanas, rotos, y la puerta principal de la finca, reventada. Pese a la toalla de Mickey Mouse que asoma desde uno de los balcones de esta señorial finca en el 14 de la calle del Príncep de Viana, la hostilidad del lugar resulta evidente. Es solo la parte visible de la última narcofinca del Raval, un edificio gobernado por traficantes que llevan tres años amedrentando a los vecinos de la calle y degradando la convivencia.

Una narcosala clandestina en la que se han producido homicidios, abusos sexuales y sobredosis; burbuja de miseria a dos pasos del mercado de Sant Antoni que ha sobrevivido a varias operaciones policiales para desesperación del barrio. Este viernes, el ayuntamiento ha intentado algo nuevo para intentar resolver la situación: presentar al dueño del bloque, el fondo de inversión norteamericano Cerberus, lo que ocurre en el interior de lo que para él es solo un 'activo inmobiliario', con el objetivo de que se responsabilice del daño causado y se preste a repararlo, cediendo al menos parte de las viviendas a la bolsa municipal de alquiler social. Dos concejales, la de Vivienda, Lucía Martín, y el de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, han acompañado a un representante de la propiedad -uno de los fondos más grandes del mundo-, en el viaje a la última gran narcofinca del Raval. 

Al entrar, la delegación (de la que también forman parte varios operarios de Cerberus para confirmar las condiciones arquitectónicas del edificio) se encuentra con un vestíbulo totalmente a oscuras con el suelo mojado, hedor a orín y rincones que acumulan basura. La escalera es estrecha y los escalones tienen relieve. Al iluminarlos con la linterna del móvil -la única luz posible- se comprueba que se debe a una capa de mugre que se pega en los zapatos. La comitiva llega al primer rellano y comienzan los problemas. Asoma uno de los supuestos traficantes. Reacciona como una avispa que ve atacada su colmena: "¡Marchaos, no podéis entrar aquí!", grita a los agentes de la Guardia Urbana que protegen al equipo. "Tranquilo, estamos en la escalera, no vamos a entrar en tu piso", le responde un policía. El hombre protesta e insiste en que no tienen permiso para entrar. Sus gritos atraen a la escalera comunitaria a otras personas, que guardan silencio. Algunas visiblemente asustadas. Por detrás del hombre enfadado se percibe la realidad de un narcopiso, un espacio al que acuden a comprar y consumir heroína las personas en una situación más extrema y los lugares en los que es más peligroso hacerlo (las piedras lanzadas desde las ventanas impidieron en una ocasión que entrará los sanitarios a salvar a un hombre de una sobredosis).  

Operaciones policiales ineficaces

Las puertas del ascensor -un modelo de diseño- están bloqueadas y el elevador, inutilizado y sucio, como cada rincón de la oscura escalera. Hay pisos con la puerta tapiada, el rastro de las diversas intervenciones policiales que han intentado sin éxito acabar con el tráfico de droga en el bloque. Durante los últimos años, la decena de viviendas del inmueble han funcionado de forma intermitente como narcopisos. Detrás de cada operación policial había una nueva distribución de los pisos, para horror de un vecindario atemorizado. Vecindario de la calle y los pisos colindantes, dentro de la finca ya no quedan familias.   

La denuncia vecinal, organizada en combativas plataformas, como Acción Raval, ha señalado siempre a la raíz del problema: "la dejadez de las propiedades, a las que les interesa que los pisos se degraden para venderlos a mejor precio y sacar la mayor tajada posible, sin importarles en absoluto lo que sufrimos los vecinos a diario", no se han cansado de repetir en los últimos años, desde que los pisos en los que se vendía y consumía heroína sin ninguna media sanitaria se extendieron por el barrio. Una degradación llevada al extremo en este enclave, "hoy el principal punto negro de la venta de droga en el barrio", señala Rabassa. "Ya no sirve la excusa de que desconocían lo que pasaba en esta finca. Les hemos traído para que lo vean y actúen. Cada vez que ha habido una operación policial aquí se han desentendido y ha sido el ayuntamiento el que ha tenido que venir a tapiar y a limpiar. Se tienen que responsabilizar de sus propiedades", prosigue le concejal tras la visita. Martín insiste en la idea de la reparación. "Les ayudamos a agilizar el desalojo, pero ellos tienen que llegar a un acuerdo con nosotros para que, tras rehabilitar las viviendas, destine al menos una parte de ellas a alquiler social. Un acuerdo como el que ya hemos alcanzado con otros fondos, como Blackstone en Hospital, 99", señala.

El representante de la propiedad en la comitiva ha asegurado a este diario que su papel en el lugar era elaborar un informe técnico del estado de la finca -que define como malo, ya que hay vigas a las que se le ha arrancado partes- y ha defendido que Cerberus es "el mayor interesado en resolver el problema". "Por eso hemos accedido a hacer esta visita juntos, para llegar a un acuerdo", asegura sin entrar a valorar la propuesta del consistorio, ya que, insiste, su responsabilidad es técnica. Consultado acerca de otro interlocutor del fondo, el representante ha negado disponer de ningún contacto. Tampoco ha sabido aclarar cuántos de las ocupaciones que  persisten en la finca han sido denunciadas y cuántas todavía no constan al sistema judicial.

Pese a la pandemia, el barrio salió a la calle por última vez (una vez más) el 24 de octubre para exigir al ayuntamiento precisamente "medidas para acabar con la especulación", la que consideran "el origen de esta lacra".

Desde el 2017

El fenómeno de los narcopisos en el Raval eclosionó en el 2017. En su punto álgido llegaron a estar operativos un centenar de domicilios que vendían heroína y cedían un espacio a los consumidores para que se inyectaran en el interior. La fórmula fue devastadora para el vecindario. Muchos eran pisos ocupados que pertenecían a bancos o a fondos de inversión que se habían desentendido de su propiedad. Sin la implicación de los dueños para tapiar puertas o presionar a la justicia para que diera órdenes de desalojo, el calvario de los vecinos se eternizaba. 

Actualmente, gracias a la presión social, a las investigaciones policiales y a la labor de las administraciones, los traficantes han regresado al modelo añejo, el de pisos en los que solo se trapichea, pero no se puede consumir. Según fuentes policiales, la cifra de narcopisos que siguen activos se ha reducido por debajo de la decena, entre los que se cuentan los del número 14 de Príncep de Viana. 

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