EN EL POBLE SEC

La presión vecinal detiene el desahucio de una madre y sus siete hijos

La comitiva judicial se ha presentado en el domicilio, pero finalmente no ha ejecutado la orden al encontrar a decenas de personas concentradas en la puerta

Clàudia se abraza a sus hijos al saber que se ha parado el desahucio.

Clàudia se abraza a sus hijos al saber que se ha parado el desahucio. / FERRAN NADEU

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Helena López

Pese a que este jueves entraba en vigor el decreto de la Generalitat aprobado el martes para evitar los desahucios de familias vulnerables mientras dure la pandemia, no sirvió para que la jueza suspendiera el desahucio de Clàudia, vecina del Poble Sec con siete hijos a su cargo. "El caso de Clàudia es un caso de desahucio por impago del alquiler, situación recogida en el decreto 17/2019 y cumplen con los requisitos de vulnerabilidad de la ley 24/2015, por lo que según vendió el govern se debería haber parado pero no se ha hecho", denuncian desde el Sindicat de Barri del Poble Sec, que la mañana de este jueves ha reunido a unas 200 personas en la puerta de la vivienda, en la calle de Radas, concentración que sí ha logrado detener el desalojo.

Esta madre denuncia que la estafaron y que entró a vivir en el piso con un contrato falso de alquiler, que pagó durante los primeros seis meses, hasta que la policía le comunicó que el contrato era falso y que estaba ocupando la vivienda de forma irregular. Esta situación no es en absoluto un caso aislado. Son cientos las familias vulnerables que se han encontrado en casos similares, víctimas de mafias. 

Desde el Sindicat de Barri del Poble Sec denuncian también que Clàudia y su familia numerosa ni siquiera están en la lista de espera de la Mesa de Emergencia para optar a una vivienda social al no tener papeles (otra situación que tampoco es nueva). 

Movilización vecinal en la puerta del hogar de Clàudia y los siete. / ferran nadeu

Entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre solo en Barcelona se programaron 443 desahucios de familias vulnerables (que afectaban a 1.200 personas), según cifras del Ayuntamiento de Barcelona. Tanto los grupos de vivienda organizados tanto en Barcelona, en Catalunya como en todo el Estado como el propio gobierno municipal y Podemos, dentro del gobierno español llevan semanas insistiendo a Pedro Sánchez en la urgencia de parar todos los desahucios de vulnerables mientras dure el estado de alarma.

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La concejala de Vivienda del consistorio, Lucía Martín, ha explicado este jueves desde la misma puerta del desahucio finalmente parado que desde el consistorio han hecho llegar al gobierno de Sánchez una propuesta de modificación de la actual moratoria para que cubra a todas las personas vulnerables y que en el caso de pequeños propietarios particulares haya ayudas que estos puedan cubrir los gastos que sean necesarios (la actual moratoria solo detiene los desahucios derivados por el impago del alquiler a causa de la crisis del covid, lo que deja fuera al 100% de los desahucios programados estos días, cuyos procesos judiciales empezaron antes). 

Martín ha definido el caso de Clàudia como una "doble injusticia", ya que las personas que no tienen papeles no pueden ni siquiera acceder a la mesa de emergencia social "por culpa de la ley de extranjería", una ley que Martín también pide reformar para que no se produzcan injusticias situaciones como la de Clàudia.