Los movimientos sociales presionan a Sánchez para que pare los desahucios

La gota que colmó el vaso fue el desahucio de tres niños en plena noche y pandemia hace justo una semana, pero la situación venía de mucho más lejos e iba bastante más allá. La mañana de este mismo miércoles, a pocos minutos de empezar la rueda de prensa convocada por el movimiento unitario por la vivienda de Catalunya en Nou Barris -"la zona cero de los desahucios en Barcelona", así se han presentado-, y a pocos metros de la puerta en el que había programado un lanzamiento judicial, los activistas se enteraron de otro más a solo dos calles, del que no tenían constancia. Y este jueves, fecha en la que entra en vigor el decreto para evitar los desahucios aprobado este martes por la Generalitat, en el Poble Sec hay convocado un desahucio a una mujer y a sus siete hijos, familia que ni siquiera está en la mesa de emergencia al no tener papeles. "Los desahucios no se han parado nunca. Nunca. Solo se pararon cuando se cerraron los juzgados, porque se paró todo. Al reabrir los juzgados en junio, volvieron, y hasta hoy, por muchos titulares que hayan querido vender", denuncian desde las plataformas provivienda, quienes insisten en que la llave la tiene el Gobierno de Sánchez, el único con capacidad de prohibirlos, algo que le llevan pidiendo desde el inicio de la pandemia. 

El conjunto del activismo por el derecho a la vivienda ha querido evidenciar este miércoles la astronómica distancia que hay entre la política de despacho y sus llamativos titulares y la realidad de la calle, a la que miran a los ojos todos los días. Mientras tanto Gobierno como Generalitat han anunciado en varias ocasiones durante la crisis sanitaria que paraban los desahucios -algunos incluso creyéndose de verdad que lo hacían-, los miembros de las plataformas en defensa de la vivienda han seguido poniendo sus cuerpos frente a los portales para defender las casas de sus vecinos. "Hemos acudido a puerta a parar más de 100 desahucios desde el 14 de septiembre, y estos son solo los que tenemos constancia porque los afectados acuden a las asambleas, en realidad son muchísimos más", insisten describiendo una "sangría contra la clase trabajadora".

Según un informe municipal, solo en Barcelona se dictaron 443 desahucios entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre (que afectaron a 1.200 personas, 463 niños). "Decía Miquel Sàmper que las imágenes de los Mossos desahuciando a familias le hacían daño a la vista. Lo tiene muy fácil, deje de mandar a los Mossos a echar a familias de sus casas; deje de mandar a la policía a reprimir a la gente solidaria que de verdad lucha por pararlos", señala la activista Clàudia Ruscalleda antes de definir el decreto de la Generalitat como un brindis al sol. "Ya teníamos la ley 24/2015 y la 17/2019, aprobadas gracias a la presión popular, solo se trataba de que las hicieran cumplir", prosigue Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, quien sí destaca como avance que se ha ampliado la 17/2019 a las ocupaciones posteriores a la aprobación de la ley.

"Medidas inconcretas y esperanzas falsas"

"Basta de marear con medidas inconcretas y de dar esperanzas falsas", apunta Marta Ill, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, quien se ha dirigido directamente al ministro Ábalos. "Dice que no entiende por qué hay desahucios si aprobaron una moratoria, y que los vídeos de la policía desahuciando a familias en plena pandemia hacen daño a la imagen de España; pero no se trata de imágenes, ministro, se trata de la realidad de miles de familias, de cuyo sufrimiento se burlan cuando dicen que han parado los desahucios", afirma Ill, quien los define en plena pandemia como "acciones criminales". "No nos echéis de las casas en la que nos pedís que nos quedemos", concluye.

Además de la prohibición de los desahucios a familias vulnerables "como mínimo mientras dure la pandemia", el movimiento en defensa por la vivienda pide también la suspensión del cobro de los alquileres y las hipotecas durante el mismo periodo para evitar que la crisis sanitaria derive, todavía más, en una crisis social. El manifiesto conjunto presentado este miércoles apunta también a la Generalitat, para que aplique las citadas leyes 24/2015 y 17/2019, "así como la ley de regulación de los alquileres, para evitar un nuevo alud de desahucios".