Derechos vulnerados

Las órdenes de desahucio en Barcelona afectan a 463 niños en un mes

Los jueces dictan entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre 443 desalojos que afectan a 1.211 vulnerables

Los activistas provivienda insisten a Sánchez en la urgencia de blindar a las familias durante la pandemia

Feliz feliz en Ciutat Meridiana, el viernes, después de una gran movilización.

Feliz feliz en Ciutat Meridiana, el viernes, después de una gran movilización. / ÀNGEL GARCIA

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La imagen de dos hermanos arrastrando una maleta con la mochila del cole a la espalda custodiados por los Mossos d'Esquadra en plena noche sacudió más de una conciencia, hasta el punto de que la noche siguiente los pequeños pudieron dormir de nuevo en el que llevaba siendo su hogar desde hacía dos años. El caso de esta familia de Ciutat Meridiana fue especialmente hiriente por las circunstancias -a pocas horas del toque de queda y sin orden judicial-, pero no es en absoluto un episodio aislado. Ni la pandemia, ni el estado de alarma, ni el confinamiento total que planea sobre nuestras cabezas han parado por ahora la rueda de los desahucios. Solo entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre y solo en la ciudad de Barcelona, el ayuntamiento tuvo conocimiento de 443 órdenes judiciales de desahucio que afectaban a 1.211 personas vulnerables, entre ellas, 463 niños. Son datos de un informe elaborado por la Unidad Antidesahucios del consistorio para pedir nuevamente al gobierno de Pedro Sánchez que detenga todos los desahucios que afectan a familias pobres mientras dure la crisis sanitaria.

Avanzado por la cadena Ser, el informe define a estos 1.211 ciudadanos como personas en una situación de "extrema vulnerabilidad", situación que "viene dada por diversas circunstancias, como el hecho de tratarse de personas mayores o con enfermedades crónicas, núcleos monomarentales o familias con criaturas; situaciones a las que se suma siempre la vulnerabilidad económica, es decir, unidades familiares sin ahorros, sin patrimonio y con ingresos económicos mínimos, incapaces de asumir un alquiler a precio de mercado".

El 80% de ellas vive por debajo del umbral de la pobreza.

Presión efectiva, pero insuficiente

El 90% de estos desahucios se han logrado aplazar gracias a la presión ejercida por la solidaridad vecinal y los grupos de vivienda surgidos en prácticamente todos los distritos -que este sábado por la tarde llenaron el centro de la ciudad con un lema claro: "paremos todos los desahucios"-y la mediación de la citada unidad antidesahucios municipal, que desde su creación a finales de 2015 ha intervenido en más de 10.000 desahucios. Una intervención que ha consistido desde en pagar las deudas acumuladas por las familias siempre que se tratara de pequeños propietarios (se han dado un millón de euros en ayudas municipales de este tipo) hasta incorporar las viviendas a la Bolsa de Alquiler Social, programa que ofrece un aval ante impagos y ayudas de hasta 20.000 euros para rehabilitar la vivienda.

El Govern aprobará este martes un decreto para forzar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de desahuciar 

El 'quid' de la cuestión es que ninguna de las 1.211 personas detectadas por el consistorio en estas últimas seis semanas puede acogerse a la moratoria de los desahucios en vigor hasta el 31 de enero, ya que esta solo detiene los procesos judiciales desencadenados por el impago del alquiler a causa de la crisis del covid. Desde los movimientos sociales, que llevaban meses advirtiendo de la ola de desahucios que llegaría este otoño -coincidiendo, además, con la segunda ola del virus-, han insistido siempre en que la moratoria planteada en estos términos es totalmente ineficaz y alejada de la realidad, ya que todas las órdenes que están llegando estas semanas (y las que llegarán en las próximas si nada cambia) derivan de procesos que empezaron bastante antes de la crisis del covid, con lo que quedan fuera.

También quedan fuera las órdenes de desahucio de personas que no poseen un contrato de alquiler, que acostumbran a ser, precisamente, las más vulnerables. Personas que, muchas de ellas, perdieron sus casas en la anterior crisis del 2008 (de la que surgió la PAH), arrastrando deudas inasumibles y que no tuvieron otra alternativa que ocupar pisos vacíos; en la mayoría de ocasiones propiedad de bancos o de fondos de inversión.  

Equipos municipales desbordados

Unas cifras de desahucios que suponen "un volumen que desborda la capacidad de los equipos municipales", según admite el consistorio, y a las que habría que sumar las unidades familiares desalojadas a través de procedimientos penales que no son comunicados al ayuntamiento pese a afectar también muchas veces a criaturas.

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El 'conseller' de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado este lunes en una entrevista a La 2 y Ràdio 4 que el Govern aprobará este martes en decreto para evitar desahucios y asegurar que los grandes propietarios ofrezcan un alquiler social a las personas vulnerables (tal y como marcan las leyes 24/2015 y 17/2019, pero que en raras ocasiones se cumple). Un texto, ha apuntado el 'conseller', que incluye también una partida de 12 millones para que propietarios privados de pisos turísticos los destinen al alquiler.

Victoria vecinal en la Verneda i la Pau

El Sindicat d'Habitatge de la Verneda i la Pau ha anunciado este lunes que finalmente ha logrado parar el desahucio con fecha abierta interpuesto por la Generalitat contra una madre y sus dos niñas en en barrio. Una familia que en plena pandemia afrontaba el séptimo intento de desahucio de la vivienda en la que residencia, propiedad de la Generalitat. "No solo hemos parado un desahucio con fecha abierta, sino que por primera vez hemos abierto el camino a la regularización de un piso público ocupado, algo sin precedentes hasta la fecha, y resultado de la lucha de esta madre y del Sindicat desde hace más de un año", han celebrado.