El ayuntamiento solo ha captado hasta ahora 22 viviendas turísticas para uso social

Solo 22 de los de 9.600 pisos turísticos legales de Barcelona se transformarán, de momento, en viviendas de uso social. El programa impulsado por el ayuntamiento ha tenido de momento escaso eco, tras varias semanas de negociaciones. La inmensa mayoría de operadores parecen preferir una salida en el alquiler convencional, pese a que el consistorio garantiza el pago, que va de los 700 a los 1.200 euros mensuales, según las dimensiones de las viviendas y el periodo del alquiler.

La mayoría de viviendas pactadas se ubican en dos edificios que estaban destinados íntegramente al uso turístico. Uno en la zona de Camp de l'Arpa (Sant Martí) y otro en el Poble Sec (Sants-Montjuïc). En este último caso se trata de un edificio en la calle de Hortes que fue ocupado por grupos delictivos y recientemente desalojado. Tras un acuerdo entre la propiedad y el ayuntamiento, acogerán a familias procedentes de la lista de espera de la mesa de emergencias, donde hay 500 casos aprobados. Pero en total, hay 800 unidades familiares alojadas en pensiones a cargo municipal.

El consistorio pagará de 700 a 1.000 euros por 18 viviendas que se han alquilado para un año; tres a precios superiores porque se han gestionado para tres años, y otra unidad se ha acordado para dos años. Todos ellos, tasados por debajo de los nuevos índices de referencia de la Generalitat. De media, e incluyendo servicios y suministros, la ciudad pagará 1.400 euros al mes por piso.

Al margen de los dos edificios (suman 16 inmuebles), hasta la fecha solo hay seis unidades de particulares, en Sant Martí, Gràcia, Sants-Montjuïc y el Eixample. La concejala de Derechos Sociales, Laura Pérez, defiende que pese a los "insuficientes" resultados de la iniciativa, se trata de un "primer paso" y confía en que más propietarios apuesten por esta vía. Insiste en que muchos operadores confiaban en una recuperación turística que, visto el avance de la pandemia, aún se hará esperar.

Beneficios para dos partes

Para Pérez, el plan de reconversión temporal de los pisos con licencia turística para uso social no solo es importante para las familias necesitadas de un techo estable, sino que supone una salida para los propietarios que están manteniendo apartamentos vacíos y perfectamente equipados para residir inmediatamente. Un acuerdo que favorece a las dos partes y da garantías a los dueños. Por ello, la edila ha interpelado directamente a la patronal Apartur para pedir su implicación. Fuentes de la asociación señalan a este diario que han puesto en contacto a empresas operadoras con el ayuntamiento y que las negociaciones deberían ir dando frutos en las próximas semanas. También reclaman que el programa se amplíe a otros municipios del área metropolitana. Y recuerdan que al inicio de la crisis sanitaria ofrecieron 200 a disposición de familias vulnerables, que el consistorio no utilizó.

No obstante, buena parte de esos pisos turísticos vacíos se están introduciendo en el mercado del alquiler normal (no social), aunque en muchos casos sus propietarios los intentan comercializar por periodos temporales de menos de un año. De ese modo los podrían recuperar como negocio turístico si la situación del sector mejorase a corto plazo.

En paralelo, el ayuntamiento explora otras vías con las viviendas sin uso, igualmente complejas y lentas, mientras los desahucios siguen a la orden del día. Esta semana hay 80 programados, ha lamentado, aunque el consistorio espera frenar la mayoría. Pérez ha interpelado al Gobierno central para ampliar la moratoria de desahucios, y ha reclamado de nuevo a la Generalitat que asuma "con recursos" sus responsabilidades en vivienda, ya que "debe" unos 1.400 pisos a la mesa de emergencias.