La batalla por los negocios del frente marítimo acaba enfrentando a todas las partes

Cuando en 1989 se cocinaron los usos de los espacios comerciales del llamado Front Marítim de la Barceloneta muchos no daban un duro por el futuro de la zona. Ni siquiera de un hotel de superlujo como el Arts, que con el tiempo se convirtió en uno de los más exitosos de Barcelona. Pero por aquel entonces había dudas sobre si ese tramo que va del hotel al Hospital del Mar podría tener tirón popular. Nadie previó que 30 años más tarde, esos metros cuadrados conformarían acaso el emplazamiento más cotizado de la ciudad para el alojamiento, la restauración y el ocio, objeto de debate desde hace un par de años y con un desenlace aún por rematar.

Este lunes, todos los operadores han tratado de comprar los espacios que han explotado durante unos años, indicador de que la zona despierta tanto interés local como entre inversores internacionales. Por ejemplo, incluso Burger King ha pujado por 4,5 millones para arrebatar a McDonald's ese preciado enclave, aunque este último tiene preferencia final como arrendatario. Lo que año pasado fue un pulso sobre el ocio nocturno, ahora se ha convertido también en una disputa sobre la venta de espacios estratégicos de Barcelona a capital privado. Y en este caso, foráneo. Jordi Giró, de la asociación de vecinos de la Vila Olímpica, que va de la mano de la Barceloneta, lamenta que "el ayuntamiento no haya evitado esta venta, porque no se pueden mezclar negociaciones ni concesiones como las de la plataforma del zoo marítimo, que no tienen nada que ver".

El Hotel Arts arrasa en la subasta de la mayoría de locales comerciales de su entorno

Los Juegos de 1992 marcaron la transformación urbanística de la zona y la ambición de darle una mixtura de usos que se vertebró a través de concesiones de uso a 30 años, que recayeron en el ayuntamiento. Este a su vez alquiló los locales por dicho periodo, aunque solo algunos están operados aún por el arrendador original. Otros se han realquilado, de modo que el auténtico negocio lo han hecho estos años los intermediarios, gracias a rentas mensuales de cuatro ceros. Fuentes de los operadores actuales mantienen que el reparto ha sido "un pelotazo" para beneficiar a los titulares del Arts. Anuncian que recurrirán el resultado, igual que hicieron para frenar la subasta en vano.

Promesas rotas

Hace dos años, cuando se acercaba el final de las concesiones, el ayuntamiento de Ada Colau prometió que erradicaría el ocio de la zona, haciendo piña con entidades vecinales de la zona que clamaban contra la concentración de tanta oferta nocturna. Aunque en juego hay también comercios, el gran duelo se ha librado sobre los locales de pública concurrencia en primera línea de mar. De hecho, inicialmente la mayoría eran restaurantes (con licencia también de bar musical) pero bajo el mandato socialista, la concejala de Ciutat Vella Itziar González concedió la licencia de discoteca a varios de ellos para evitar que los miles de noctámbulos que salían de los establecimientos a las tres de la madrugada se apalancasen en la playa o se adentrasen en Ciutat Vella en busca de locales abiertos.

De ese modo, se quiso mantener a raya la zona con horarios homogéneos y teniendo en cuenta que los locales están relativamente lejos de núcleos de vecinos. El problema es que a la salida de los clubs, rumbo a casa o hacia el metro, los más incívicos han provocado muchas molestias en la Barceloneta o Ciutat Vella, en ausencia de policía y sin apenas control. La vigilancia del entorno estos años ha recaído en manos de los propios locales pero solo en el paseo. Y ante la posibilidad del cierre de toda la oferta, el sector se movilizó ya hace un año para evitar la pérdida de al menos un millar de puestos de trabajo.

El fuego cruzado ha pasado de enfrentar a políticos y vecinos con operadores, a integrar ahora a los inversores que han monopolizado la puja

Cuando este verano el Ministerio de Hacienda decidió sacar a subasta los 26 lotes aledaños al Arts y dejar fuera cuatro locales con licencia de discoteca y un bar, que operarán hasta cinco años más (Opium solo tiene un plazo de dos, prorrogable), los vecinos criticaron la continuidad de tanta oferta nocturna. No obstante, el resto ya cerró puertas a la espera de la subasta de hoy. En la actualidad, la pandemia ha obligado ahora a cerrar incluso la actividad gastronómica de los primeros. Pero ese fuego cruzado ha pasado de enfrentar a políticos y vecinos con los operadores, a integrar ahora a los inversores que han monopolizado la puja y abarcado con buena parte de las casi 40 hectáreas en jaque.

Para ERC, el partido que más ha combatido la subasta, denunciando al consistorio supuestas irregularidades formales, el gobierno municipal ha demostrado "incompetencia e ineficacia" en la gestión de la crisis. El concejal Jordi Coronas lamenta que se hayan perdido espacios calificados de equipamientos y que cualquier paso legal en el futuro será aún más complicado porque implicará posibles costes por lucro cesante. Todos mantendrán la batalla.

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