26 oct 2020

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DERECHO A LA CIUDAD

La presión vecinal logra parar un desahucio en la Rambla de Barcelona

Pese a un amplio dispositivo policial, la movilización popular logra que Maite pueda seguir en su casa hasta que el ayuntamiento la realoje

La concejala de Vivienda pide a Sánchez una moratoria de todos los desahucios "para que no haya vulnerables de primera y vulnerables de segunda"

Helena López

Intento de desahucio en La Rambla, 75. / FOTO Y VÍDEO: FERRAN NADEU

Una vez más, como manda la tradición barcelonesa, ha sido la ciudadanía la encargada de defender el derecho a vivir en la ciudad; el derecho a la ciudad. Antes de las ocho de la mañana de este jueves, 1 de octubre, decenas de personas se concentraban en la Rambla esquina Hospital para evitar el desahucio de Maite, una mujer de 58 años y una incapacidad que le impide trabajar. Lo lograron. Pese a un amplio dispositivo policial, la fuerza de la gente y la mediación municipal a pie de calle lograron arrancar un acuerdo con la propiedad. Maite, quien llevaba 33 años viviendo de alquiler en el pequeño ático del señorial edificio, podrá quedarse en su vivienda cuatro meses más, tiempo en el que el ayuntamiento se ha comprometido a realojarla en un piso social. El acuerdo incluye también el pago por parte del consistorio a la propiedad de 6.000 euros de la deuda acumulada.

No era el único desahucio programado para este jueves en Ciutat Vella. A pocos metros de allí, frente al 3 de la calle de Riereta, se concentraba otras decenas de personas para evitar otro desalojo igual de simbólico. El de una vivienda propiedad de un banco que había sido uno de los narcopisos más conflictivos del Raval y que los vecinos recuperaron para convertir en vivienda. Tanto en una puerta como en la otro, los vecinos estaban pendientes de sus teléfonos móviles para ver si era necesario desplazarse de un punto al otro si la cosa se ponía fea. De hecho, tras conocerse finalmente que el desahucio de Maite quedaba parado -y tras la emotiva imagen de ella asomada al terrado a agradecer el apoyo a una multitud eufórica por la suspensión-, los concentrados en la Rambla se dividieron. Algunos fueron hacia Estruc, 12, donde también pararon el desahucio de Alejandro y otros hacia Riereta, 3, donde fueron decenas durante horas (llevaban allí concentrados desde las nueve de la mañana y no se paró hasta casi las tres la tarde).

Y había un desahucio más del que estar pendiente, no menos simbólico. En este caso, además, con fecha abierta (entre este jueves y el 15 de octubre), en el Espacio del Inmigrante, también en el Raval, donde en principio, este jueves, no hicieron falta refuerzos. Sí se concentraron allí, por lo que pudiera pasar, miembros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, una de las entidades que tiene actividad social y solidaria en el espacio amenazado (también propiedad de un banco y también un exnarcopiso), que sirve también de refugio a un grupo de mujeres mayores migrantes sin hogar y donde se ha repartido comida a vecinos del barrio sin recursos durante toda la pandemia. 

Concejala indignada

"Es inadmisible que nosotros pongamos todos los esfuerzos para encontrar soluciones y lo que nos encontremos cuando llegamos aquí sean nueve furgonetas de los mossos d’esquadra enviadas por la conselleria de Interior, cuando lo que tendría que estar haciendo la Generalitat es ejercer las competencias en vivienda", denunció en plena Rambla la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, quien se encargó personalmente de la negociación en la puerta del inmueble junto al concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. "Lo que no puede seguir pasando es que el ayuntamiento esté afrontando la emergencia habitacional en solitario. Esta situación no puede continuar", prosiguió muy enfadada Martín, quien tampoco ahorró críticas al Estado, pese a compartir formación de gobierno. "No tiene sentido que haya personas vulnerables de primera y de segunda. La realidad es la que es y en la ciudad tenemos decenas y decenas de desahucios de personas vulnerables cada semana. El Estado tiene que rectificar y ampliar no solo el tiempo de la suspensión, como se ha hecho, sino también los supuestos", zanjó.

Esa realidad la definía esta misma semana la PAH en su denuncia a una moratoria de definía de mentira. "Llegamos al estado de alarma con una media de 250 desahucios diarios, desahucios que se quedan fuera de cualquier tipo de protección ante unos decretos pensados solo para casos de vulnerabilidad provocados por el coronavirus, que aun así dejan a un amplio sector de la sociedad fuera. De no rectificar, la sangría social que sufriremos a corto plazo con la reactivación de los 250 desahucios diarios pre estado de alarma, sumados a los que se provocaran a causa de la actual crisis, será insostenible y pondrá más vidas en juego que nunca", denunciaban.

La situación no es ni de lejos exclusiva de Ciutat Vella. Este miércoles los vecinos de Nou Barris pararon también dos desahucios, uno de ellos en Ciutat Meridina, uno de los barrios de la ciudad en los que parar desahucios es una actividad vecinal cotidiana desde hace una década. El martes la convocatoria había sido en el Eixample... 

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