Dos acusados reconocen vigilancias irregulares en pisos de la Mina

Dos acusados en una trama de contrataciones irregulares de vigilancia de pisos en el barrio de la Mina (Sant Adrià del Besòs), entre ellos el patriarca de un clan gitano, han admitido que percibieron una cantidad de dinero para evitar que las viviendas fueran ocupadas. En la trama figura implicado un regidor de la localidad, Juan Carlos Ramos (PSC), al que el fiscal reclama 12 años de inhabilitación por presunta prevaricación administrativa. Uno de los Mossos que investigó el caso ha sostenido que Ángel Amaya, conocido como Tio Cristina y cabecilla del clan de los Alunda o  Los Manolos, "amenazaba" que si no cobraba, los pisos serían ocupados. En la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este martes el juicio contra cuatro personas.

La acusación pública asegura que entre el mes de junio del 2012 y febrero del 2016 el Consorci del Barri de la Mina, una entidad jurídica pública de caracter local, formalizó multitud de expedientes de contratación para licitaciones del servicio de vigilancia de viviendas de protección ofical, resultando adjudicatarias empresas propiedad de distintos clanes gitanos que controlaban el barrio y que no cumplían con los requisitos legales. En enero del 2016, el Consorci renunció a estas concesiones, por lo que al cabo de un mes se le otorgó el mismo servicio a otra compañía, Belaan Seguridad y Protección, del acusado José Fernandez Franco.

Antes las dificultades surgidas, según el fiscal, para dar cubertura legal al ejercicio de la vigilancia en la Mina por parte de clanes gitanos "proxímos al ayuntamiento",  Fernández Franco contactó con otro encausado, Joaquín Ramírez, administrador de la firma Visegurity, para tratar que fuera esta sociedad la adjudicataria formal del servicio. Y así fue en los meses sucesivos, hasta julio del 2017. La acusación subraya que en realidad esta era una empresa "pantalla", pero el servicio de vigilancia lo prestaba Ángel Amaya, patriarca del clan gitano de los Alunda o los Manolos. Este se limitaba a colocar en todas las viviendas del Consorci cateles en los que se leía: "Control los Manolos-Tio Cristina", lo que infundía verdadero temor en toda la zona e impedía la ocupación de los pisos.

El papel del regidor

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Este entramado, recalca la fiscalía, fue posible por el papel que ejerció el regidor del PSC imputado, que también era vicepresidente de la comisión ejecutiva del Consorci, quien firmó la mayor parte de los contratos con Visegurity y "sin embargo autorizó tácitamente que las vigilancias las efectuaran" el clan gitano. Incluso, llegó a pagar personalmente y en efectivo al Tio Cristina por su servicio de vigilancia, pero con el dinero que con antelación le daba Fernández Franco y que recibía una transferencia mensual de Viseguryti.

Durante la primera sesión del juicio, un agente de los Mossos ha explicado que las primeras sospechas de estos hechos empezaron durante una investigación relacionada con el tráfico de droga. A raíz de estas pesquisas, captaron llamadas de Amaya y encontraron conversaciones en las que reclamaba una deuda y amenazaba que, si no se le pagaba, haría que se ocupara los pisos. Tanto Amaya como Fernández Franco, además, han admitido las imputaciones ante un posible acuerdo con el fiscal para rebajar la pena, si bien han argumentado que recibieron dinero a cambio de un trabajo. El patriarca gitano, incluso, ha señalado que él lo hacía "muy bien" y que sino vigilaba los pisos podían ser ocupados. El concejal del PSC declarará el último día de juicio.