Una madre con cuatro hijos, en la calle por otro desahucio

Carmen tuvo que dejar La Mina por amenazas hace 10 meses. La única solución que encontró fue ocupar un piso vacío de la calle de Terol propiedad del Incasòl, organismo dependiente de la Generalitat. Ayer ella y sus cuatro hijos pequeños fueron desalojados de su casa. Un "desahucio ilegal porque se ha dejado a cuatro menores de edad en la calle sin ninguna institución que se responsabilice", denuncian desde el Sindicat d’Habitatge de la Verneda i la Pau. El caso es que los servicios sociales del ayuntamiento no hicieron acto de presencia para ocuparse de los pequeños.

Los servicios sociales no acudieron, cierto, pero no lo hicieron porque nadie los avisó, afirman desde el consistorio. La notificación es competencia de los juzgados cuando hay situaciones de vulnerabilidad y menores de por medio, y ayer no la hubo. La falta de aviso y la propia situación enojó al ayuntamiento: "Es muy grave, mucho más grave que nunca  con la crisis que estamos viviendo, que se produzcan estas situaciones. Es necesario recordar que desde el 2015 estamos reclamando la revisión del protocolo de desahucios al TSJC". Respuesta de Lucía Martín, concejala de Vivienda y Rehabilitación, tras ser preguntada por este diario. También aseguró que ya se está trabajando en el caso para encontrar una solución para Carmen.

Cuatro furgonetas de antidisturbios

El desalojo estaba previsto para las 11.30 horas pero cuatro furgonetas del Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de los Mossos d’Esquadra llegaron un buen rato antes para acordonar la zona y evitar que los vecinos impidieran el lanzamiento. También imposibilitaron  que Carmen se pudiera comunicar con los  que la defendían y con el sindicato. Finalmente, con la comitiva judicial y los abogados de la propiedad presentes sí se permitió el acceso a Carmen por parte de los que intentaban frenar el desahucio. La idea era pactar con la propiedad una moratoria de un mes para poder encontrar una solución para la madre soltera y sus cuatro hijos, pero Prohabitatge, –la entidad sin ánimo de lucro que gestiona el inmueble– no se movió un ápice de su postura. Así comitiva judicial procedió al desahucio y a «dejar a Carmen y a sus hijos en la calle, no tienen nada», según el sindicato.