División en Barcelona por el alquiler turístico de habitaciones

El decreto publicado esta semana por la Generalitat que permite a los ciudadanos alquilar habitaciones a turistas, bajo una serie de condiciones, ha suscitado reacciones dispares, tanto entre los socios del gobierno municipal de Barcelona, como en el ámbito vecinal y de las patronales del alojamiento local. El grupo de Barcelona en Comú ve una amenaza en la regulación de la Generalitat, porque no fija limitaciones, donde los socialistas ven un punto de partida, porque el ayuntamiento podrá fijar esas restricciones en el año de margen que prevé el decreto. La alcaldesa, Ada Colau, ha instado al Govern a rectificar.

"Regulación hiperrestrictiva"

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, concreta su inquietud: "Dijimos que queríamos que la Generalitat hiciera una regulación estricta y restrictiva sobre la actividad de las habitaciones turísticas. Que fuera más allá de lo que se planteaba, que era hacer un decreto para que los ayuntamientos regularan el fenómeno". Y prosigue: "Podían decidir qué legislación necesita Catalunya, y la que han decidido es la de la permisividad y la puerta abierta, que Airbnb campe a sus anchas. Y nos pasa la pelota a los ayuntamientos para que decidamos si se es restrictivo o no".

Los 'comuns' ven muy permisiva la norma, y PSC y ERC creen que el ayuntamiento tiene margen para poner el coto que quiera

Sanz promete una regulación "hiperrestrictiva": "No nos quedaremos de brazos cruzados y esto es un aviso para navegantes: no habrá barra libre para las habitaciones turísticas. Lo que necesitamos es poner los pisos en alquiler convencional".

Los rivales de Sanz enviaban esta semana un vídeo del pleno de noviembre en el que ella pide que la Generalitat dé al consistorio margen para regular. Aquel pleno empezó con la presentación de un pacto entre Bcomú, el PSC, ERC y JxCat, a partir de una iniciativa del grupo de Ernest Maragall, para que el Gobierno catalán dejara a la capital catalana establecer los límites que quisiera a las habitaciones turísticas. La teniente de alcalde sostiene que ni siquiera está claro si el decreto permitirá "regular e ir más allá" al consistorio. Dice que los servicios jurídicos municipales no lo tienen claro y lo están estudiando.

Collboni y ERC

"Estoy de acuerdo en que es un poco raro que lo aprueben en agosto. Es una cuestión de forma. Pero en el contenido no es distinto de lo que pedimos. Pedimos una regulación para un hecho que existe, que hay que hacer emerger y regularizar. Que tiene que contar con una inspección", afirma el primer teniente de alcalde, alcalde accidental esta semana, el socialista Jaume Collboni, que subraya que hay un año de margen para determinar el reglamento que establece el consistorio y no ve motivo para alarmarse. Insiste: había que regular lo que ya existe.

Una posición similar a la de ERC, que es el socio aritmético más probable para un gobierno que no tiene mayoría absoluta, fijada en 21 ediles: Bcomú y el PSC suman 18. La concejala republicana Eva Baró subraya que el fenómeno de las habitaciones turísticas existe hace tiempo y "no es menor": "Hablamos de 8.000 habitaciones turísticas en Barcelona, donde hay 9.000 pisos turísticos". Y no entiende las quejas de los ‘comuns’, porque considera claro que se otorga a los ayuntamientos la potestad de decidir qué hace con las habitaciones: del veto total a no establecer ningún límite. Baró sí contempla conflictivo, y es algo que también ha denunciado Sanz y otros grupos, lograr una inspección que funcione y evite trampas. La de que el propietario no resida en realidad en el piso, por ejemplo. Pero considera que lo relevante es que "había consenso para pedir la regulación" y que esta ha llegado. Baró critica que el gobierno de Ada Colau no tenga ya diseñada la ordenanza sobre esta cuestión.

Vecinos estupefactos

Los vecinos y las entidades que se dedican a la vivienda ven con un temor considerable la regulación de las habitaciones. La FABV no sale del asombro que le provoca que la regulación se haya aprobado en agosto. Su presidenta, Ana Menéndez, afirma que la federación de vecinos y vecinas de Barcelona está estudiando la norma, pero de entrada el colectivo teme que se abra la puerta a que miles de pisos pasen al alquiler turístico, sin que los vecinos puedan opinar. También alerta de posibles trampas en el empadronamiento y de que con ello las habitaciones se conviertan en pisos turísticos sin licencia. "De hecho, no es una regulación, es una desregulación", denuncia Menéndez.

El presidente de la asociación de vecinos de la Vila Olímpica, uno de los barrios en los que más presión turística hay, Jordi Giró, admite que siempre es mejor que algo esté regulado, pero cita los problemas potenciales de la figura: "Tenemos más de 700 pisos turísticos, si ahora facilitamos esto tendremos un crecimiento brutal en este sector. No tenemos vivienda de alquiler, no tenemos vivienda nueva. Eso podría dificultar el crecimiento del barrio, incentivaremos más un terreno en el que estamos saturados. El tema nos preocupa. Al margen de que los precios del alquiler irán al alza". Giró teme alimentar a plataformas como Airbnb.

Oposición frontal de los inquilinos

Por el Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera muestra una oposición frontal a las habitaciones turísticas y critica que el Govern "cambie las reglas del juego con nocturnidad". "Este tipo de regulaciones son un colador. Para los municipios será del todo imposible comprobar si vive en el piso quien lo indica el padrón. Es habitual que se pague a intermediarios para que se empadronen y finjan que alquilan habitaciones". Palomera cree que si bien un ayuntamiento como el de Barcelona tiene los medios para elaborar una ordenanza, muchos municipios no podrán. La Generalitat, dice, debe anular la norma acabada de aprobar o acabará "encareciendo la vivienda".

Distintas opiniones en el sector del alojamiento

Hace años que el Gremi d'Hotels de Barcelona saca las uñas contra la regulación de las habitaciones de alquiler por días, igual que ha combatido los pisos turísticos en las comunidades de vecinos. Ahora, apoya cien por cien las tesis del ayuntamiento y que "la ciudad se pueda dotar de las herramientas legales pertinentes para el control de los hogares compartidos", porque  en caso contrario creen que se favorecerá "a los grupos y mafias que operan en Barcelona comercializando alojamiento turístico ilegal", de modo que se pone "en riesgo la convivencia y la calidad turística". Vaticinan una nueva ola de descontrol en el alojamiento turístico, como ya sucedió durante años con los pisos turísticos sin licencia a cuya lucha el ayuntamiento ha tenido que destinar mucho tiempo y dinero.

En cambio, desde la patronal de los apartamentos turísticos Apartur, lejos de ver competencia, creen que "es mejor que todo esté regulado" y que ahora el consistorio mediante ordenanza o plan urbanístico decida en qué zonas y volumen, "como en el resto de alojamientos". No entienden la polémica porque creen la situación de alegalidad (hasta ahora) "no era buena para nadie. Mejor que se regule, se paguen impuestos y se haga registro de viajeros", dice su presidente, Enrique Alcántara.

Los anfitriones la avalan con matices

La Associació de Veïns i Anfitrions de Catalunya (VIA), que integra a ciudadanos que alquilan habitaciones en sus casas no entiende la reacción del ayuntamiento, puesto que afirman que el Govern ha añadido en el redactado final todo lo que le pidió el gobierno de Colau sobre dar la última palabra a los consistorios. 

El colectivo está a favor de regular y de inscribirse en un registro, aunque se queja de que la licencia la deba pedir el propietario de la vivienda, ya que en muchos casos son inquilinos quienes hacen esta actividad para poder llegar a pagar el alquiler y ahora podrían verse desautorizados. En todo caso, ahora piden a las administraciones que hagan una campaña informativa sobre los hogares compartidos, para eliminar posibles prejuicios sobre los alojamientos turísticos por esta vía.

Además creen que habría sido más lógico no autorizar hasta cuatro huéspedes, sino la diferencia entre lo que marca la cédula y la cifra de empadronados, dice su presidenta, Damaris Rojas. Creen que de ese modo se habría evitado la picaresca de sobrepasar la capacidad real.

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