Primer aval judicial a la zona de bajas emisiones de Barcelona

Espaldarazo judicial a la zona de bajas emisiones (ZBE). El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha emitido dos resoluciones en las que rechaza anular la ordenanza que veta la circulación de los coches más contaminantes en el perímetro que marcan las rondas de Dalt y Litoral de Barcelona. El juez no se limita a dar la razón al consistorio barcelonés, al área metropolitana y al Govern, impulsores del plan, sino que, apelando a la legislación europea y a las sanciones impuestas a la ciudad por su elevado nivel de contaminación, insta a poner en marcha la medida cuanto antes. 

Las demandas fueron presentadas por la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros y la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias. En ambos casos, los demandantes ponen de relieve la afectación económica de una medida "contraria al interés general" que causará "perjuicios de imposible reparación". Según su criterio, la ZBE "podría ampliar el umbral de pobreza y generar desigualdad y fractura social". La resolución admite que la ordenanza "causa molestias a sectores profesionales y usuarios del vehículo privado", pero rechaza el argumento de cataclismo económico. El auto es particularmente meridiano en el apartado en el que hace referencia al medio ambiente. "El interés público exige la inmediata aplicación de la norma evitando el impacto en la salud de la contaminación atmosférica", reza.

A favor de los vecinos

Acompaña el argumento con menciones a la legislación europea, a la Constitución española, al Estatut de Catalunya o a las sanciones impuestas a distintas ciudades, entre ellas, la capital catalana, por sus elevados niveles de polución. Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática, celebra la contundencia de una resolución que "preserva la salud de los vecinos y considera que las medidas impulsadas van acorde con lo que solicitan los tribunales europeos". Aplaude, también, que el juez "no pase de puntillas e incluso reclame su aplicación de manera inmediata". Al margen de estos recursos, quedan otros dos por resolver. 

El apoyo del TSJC a la ZBE, cuyas sanciones empezarán a imponerse a mediados de septiembre tras el retraso obligado por la pandemia y el confinamiento, llega días después de que la Justicia anulara el proyecto Madrid Central, una de las medidas estrella del gobierno municipal de Manuela Carmena. En ese caso, la resolución estima "defectos formales" al considerar que no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza". En el caso de Madrid, al margen de una empresa privada, también presentó recurso el PP.