Barcelona echa el cierre a la cooperativa de la chatarra

Las historias de la mayoría de sus socios tienen muchos elementos en común. Llegaron a España en los 2000, cuando parecía que el país tenía futuro, y trabajaron de prácticamente todo. En el campo y, los que tuvieron más suerte, en la construcción; un sector muy necesitado de peones durante aquella época dorada del ladrillo, que dejó una interminable lista de víctimas durante la crisis del 2008. Los carteles que estos años se han hecho virales en las protestas en Lepe tras la indiferencia municipal hacia los ataques a los temporeros -"pedisteis mano de obra, vinieron personas"- ya era vigente en la anterior crisis, hace más de una década, la que llevó a estos hombres, y a decenas más, a ocupar<strong> naves industriales abandonadas en el Poblenou</strong> y dedicarse a recorrer la ciudad durante horas recogiendo chatarra en los contenedores.

La cadena de desalojos en esas naves durante el gobierno de Xavier Trias -les sacaban de una y entraban en otra, hasta que les echaban también, dejaba a estos hombres, la mayoría hijos del Senegal y Camerún en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que no solo perdían su casa, sino también su puesto de trabajo, ya que estas les servían de almacén para la chatarra. Para intentar ofrecer una salida social a estas personas, muchas de ellas en una situación de irregularidad sobrevenida -al perder sus trabajos en la construcción muchos perdieron también sus papeles- el gobierno de Trias ideó la creación de una cooperativa en la que algunas de estas personas pudieran dedicarse a la chatarra de manera 'formal', con contratos, y a su vez regularizar su situación administrativa. Formalizarla fue una tarea compleja que se alargó meses -el laberinto burocrático y la ley de extranjería no lo pone precisamente fácil-, así que no abrió sus puertas hasta junio del 2015, ya con Colau en la alcaldía.  

Cabeza de serpiente

El día de la inauguración de Alencop, como bautizaron a la criatura, su presidente recordaba un refrán de su país, Camerún: Cuando sientes que te estás ahogando, para salvarte te agarras a la cabeza de una serpiente, aunque sepas que es una serpiente y quizá te muerda. Una vez fuera del agua ya buscarás el antídoto para la picadura". Esa era su sensación, tras ser desalojados de sus naves, pero seleccionados para formar parte de la cooperativa que aquel junio del 2015, al  fin, echaba a andar y que cinco años después echa el cierre. El ambiente que se respiraba aquel verano del 2015 era muy distinto al de este julio, mientras sus miembros vacían la nave del Bon Pastor a la que se trasladaron hace tres años para intentar reflotar sin éxito una cooperativa que económicamente nunca funcionó.

En diciembre el ayuntamiento decidió dejar caer la cooperativa y hoy sus socios se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. "Llevamos más de medio año sin absolutamente ningún ingreso", denuncian.

"Gracias a que hemos peleado mucho, hemos conseguido asegurar nuestras viviendas hasta diciembre, el ayuntamiento se ha comprometido a que no echarán nadie de su piso durante todo este año, hasta que encontremos otro trabajo, pero el problema es que con los permisos de autónomos que tenemos nadie nos puede contratar", explica Silver Mfou'ou, portavoz de los afectados, quien también señala que les han denegado todo tipo de ayuda del estado. "Llevamos meses sin cobrar absolutamente nada, mientras hasta marzo nosotros seguimos trabajando. Y tenemos familias. Tenemos que comer", prosigue Silver, quien pone sobre la mesa otra cuestión vital: el miedo a volver a perder los papeles al quedarse sin trabajo, algo que ya saben de qué va porque muchos de ellos lo han vivido en su piel. "Sabemos que hay que corregir cosas, pero la idea de la cooperativa es buena", insiste.

El comisionado de Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, Álvaro Porro, destaca que este es el proyecto de economía social y solidaria que más dinero en subvenciones directas ha recibido del consistorio -dos millones de euros-, pero que la situación era insostenible. "El objetivo de logar regularizaciones sí se cumplió; pero el de que la cooperativa fuera autónoma, no. Económicamente nunca funcionó, y tampoco se logró que fuera algo rotativo, convertirla en una cooperativa de inserción, por la que fueran pasando personas distintas para justificar una inversión pública tan grande", señala Porro.

Plan de transición

Ante esa situación, en diciembre decidieron no renovar el convenio con la cooperativa e iniciar un plan de transición para la reinserción laboral de los cooperativistas, que la declaración del estado de alarma hizo saltar por los aires. La empresa de inserción a la que el ayuntamiento había encargado el plan entró en erte con lo que todo se fue al traste. "Confiamos en que entre ahora y septiembre todo el mundo quede recolocado a través de algún tipo de plan de ocupación. Ya hay cuatro contratados y trabajando. Estamos poniendo todo nuestros esfuerzos en ello", concluye Porro, quien reitera que desde el ayuntamiento están "muy encima" para evitar que nadie caiga en situación de irregularidad por el cierre de la cooperativa.