POBREZA EXTREMA EN LA CAPITAL CATALANA

Radiografia de una ciudad sin hogar

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Helena López

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Detrás de las más de 4.200 personas sin hogar que viven en Barcelona ("4.200 son la que tenemos registradas, pero sabemos que son muchas más", insiste el director de Arrels, Ferran Busquets), el mismo número de historias. La de una mujer que va rapada para que, cuando se pone a dormir con el cuerpo tapado, los posibles agresores vean solo una cabeza de aspecto masculino y pasen de ella. O la de un hombre que acostumbraba a dormir al lado de una peluquería hasta que una noche encontró que había rociado su escalón con un producto blanco y se sintió tratado como un animal. O la del que no quiere denunciar una agresión sufrida a la policía porque la naturaliza, porque "si vivo en la calle es normal". Los ejemplos los pone Gemma Gassó, educadora de calle de la fundación, quien, junto a Busquets, este jueves ha presentado en rueda de prensa el informe 'Viure al carrer a Barcelona, radiografia d'una ciutat sense llar'. "Las 1.239 personas que dormían en la calle durante nuestro último recuento, el pasado 14 de mayo son solo la punta del iceberg", señala Busquets. A esta cifra, la más alta de la historia de la fundación y que supone un incremento de más del 80% en los últimos 12 años, hay que sumarles a las 800 personas que viven asentamientos irregulares (en barracas o infraviviendas), y a las 2.000 que duermen en <strong>equipamientos privados o públicos,</strong> principalmente albergues. 

Las cifras de los equpios de calle del Ayuntamiento de Barcelona son algo más bajas. Según los cálculos del consistorio, el número de personas durmiendo en la calle ha experimentado un retroceso. Mientras en febrero detectaron a 1.077 personas, en abril a 908 y en mayo a 921.

Más allá del número exacto, que jamás es exacto, el informe de Arrels apunta que la diferencia entre hombres y mujeres es constante en los años, el 85% son hombres, pero Gassó subraya que no hay que invisibilizar a las mujer por ser menor en número, ya que su situación es mucho más compleja y disponen de menos recursos a lo que acudir para buscar ayuda. La media de edad de las personas que viven en la calle ahora es de 41 años. "Entre el 2016 y el 2019, la edad de los hombres se reduce y la edad de las mujeres aumenta. Y los menores de 25 años en la calle, la gran mayoría son de países extracomuntarios, con una desprotección absoluta por culpa de la Ley de Extranjería", señala Busquets, quien apunta directamente al abandono de los chicos procedentes de Marruecos por parte de la administración pública catalana cuando llegan a la mayoría de edad.

"Piensan en sobrevivir, no en cuidarse"

"Lo primero que notamos es el deterioro de la salud emocional y psicológica. Cuando tienen qué pensar en dónde podrán dormir o comer, la salud queda en un segundo plano. Hay personas con los pies muy mal de andar muchos kilómetros de un recurso a otro, y hasta que la situación no es insostenible no van a urgencias. Piensan en sobrevivir, no en cuidarse", ejemplifica Gassó, quien insiste en la necesidad de apostar por políticas de prevención y, cuando se llegue tarde, "intentar garantizar un alojamiento estable lo antes posible". "Una de las conclusiones a las que nos hace llegar este informe es que a partir de los seis meses la situación de cronifica", añade Busquets, quien también señala que uno de cada cuatro entrevistados ha sido víctima de agresiones, cifra que llega a la mitad en el caso de las mujeres. 

"Ellas están doblemente estigmatizadas, y si a ese lo sumamos los problemas de adicciones y salud mental, la situación se recrudece todavía más. Es habitual que se les acerquen a ofrecerles 'ayuda' a cambio de favores sexuales", denuncia la educadora, quien pone sobre la mesa el tema de la soledad que sufre el colectivo, que se ha visto agravada durante el estado de alarma. "Estos meses han sido especialmente duros para la gente en la calle. Lo han pasado muy mal. Perdieron incluso sus espacios habituales de descanso y relación, como eran las bibliotecas", añade.

Gassó denuncia también que "no puede ser que recursos públicos estigmaticen el alcoholismo, que es una enfermedad. Si alguien no quiere o no puede dejar de beber, no puede ser que se le niegue un alojamiento. Y eso está pasando. Igual que con los perros", detalla.