14 ago 2020

Ir a contenido

Negociación antes del juicio

Antoni Vives ultima un pacto con fiscalía para eludir la prisión por el 'caso Leslie'

El exalto número 2 de Xavier Trias aceptaría una pena de dos años de cárcel

Xabi Barrena

Antoni Vives.

Antoni Vives.

El exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives ultima un pacto con la fiscalía por el que acepta una pena de dos años de cárcel por el llamado ‘caso Leslie’, según ha podido saber este diario. El lugarteniente de Xavier Trias cuando este era alcalde evitaría, por tanto, la entrada en prisión. Sin embargo, y a la vez, el pacto pone al límite del precipicio al exalto cargo por cuanto una nueva condena sí supondría ya su encarcelación. Vives se halla investigado, también, por el ‘caso del 3%’ de financiación ilegal de CDC. El pacto también incluiría la satisfacción de la multa que demanda el fiscal, unos 60.000 euros.

Tal y como destapó EL PERIÓDICO en octubre del 2015, Vives, en calidad de presidente de la agencia metropolitana Barcelona Regional, contrató, en 2011, al poco de hacerse CiU con la alcaldía, como técnicos, a Antoni Miquel Cerveró, conocido como ‘Leslie’, el vocalista de Los Sírex, y al exalcalde de Santa Coloma de Cervelló Jesús Arévalo. Barcelona Regional se dedica al estudio y a la planificación estratégica de grandes obras en el entorno metropolitano barcelonés. A 'Leslie' no se le conocen estudios que le permitieran ejercer de técnico en estas lides. Arévalo era ingeniero técnico y responsable de Movilidad y Mantenimiento en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. No consta trabajo alguno para BR de ninguno de los dos.

A raíz de las informaciones de este diario, el ayuntamiento encargó una auditoría interna sobre Barcelona Regional. La información fue puesta en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

Fiscalía se querella

En 2017, La Fiscalía de Barcelona presentó una querella por presunta prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental contra Vives, Arévalo y el que entonces era director de BR, Guillermo Müller. El fiscal Emilio Sánchez Ulled decidió presentar querella solo por esta actuación y archivó la investigación sobre el gasto de cerca de dos millones de euros que realizó BR entre el 2010 y el 2015, bajo la gestión de CiU, en proyectos calificados por una auditoría de “antieconómicos”. No incluyó a Miquel por entender que este si realizaba un trabajo como asesor en el distrito de Les Corts y que, por tanto, se trataba de una negligencia administrativa.

El ayuntamiento, personado como acusación particular sí incluye a Miquel, por el que solicita cinco años de prisión, por los seis que demanda a Vives. Las dos acusaciones también piden una multa de de entre 20 y 24 meses a razón de 100 euro diarios.

Los ingresos de Arévalo y Miquel

En aquel momento, Vives pidió a sus abogados que estudiaran cómo "exigir que se repare el daño" a su "honor" con las acusaciones "sin fundamento" sobre la actividad de BR. En un comunicado emitido antes de conocer la querella contra él, el exteniente de alcalde asegura que "durante este año largo, algunas personas, algunas de ellas con cargos institucionales muy importantes, han emitido juicios, han publicado noticias y han hecho declaraciones en las que he sido acusado y denostado".

Miquel estuvo contratado entre julio del 2014 y mayo del 2015 y percibió 59.544 euros. La vinculación de Arévalo duró entre enero del 2012 y mayo del 2015 y percibió 155.067 euros.

El juicio contra Vives debía de celebrarse esta semana, pero se ha pospuesto hasta octubre porque el exteniente de alcalde se halla por motivos laborales en el extranjero. Hasta que el acuerdo no se sancione, se mantiene en pie la petición del fiscal de cinco años de prisión.

Vives aparece en el sumario del ‘caso del 3%’ de financiación ilegal de CDC, en concreto de la rama que comunica el ya casi extinto partido con el Ayuntamiento de Barcelona, vía la adjudicación de algunas obras, como por ejemplo las de la plaza de las Glòries. El también exsecretario de Govern, en el último Govern de Jordi Pujol fue detenido en el transcurso de la Operación Pika en febrero del 2017.