Las nuevas ayudas al alquiler se paralizan en plena crisis

La Generalitat deja de admitir solicitudes ante el alud de demandas que ha desbordado la convocatoria

Las entidades temen una nueva oleada de desahucios con la reactivación de los juzgados este jueves

Acción del Sindicat de Llogaters contro un fondo de inversión, en febrero. / ÁLVARO MONGE

Las decenas de entidades sociales que desde el inicio de la pandemia presionaron al gobierno para que impulsara un ambicioso plan de choque social advirtieron desde el primer día de lo que parecía obvio: las ayudas al alquiler son solo un parche, la solución para que esta crisis sanitaria no desencadene una crisis habitacional aún peor que la vivida en del 2008 es afrontar el problema de raíz. Aún con el estado de alarma en vigor, los hechos les están empezando a dar la razón. El alud de peticiones a las ayudas al alquiler impulsados desde el Estado y gestionadas por las comunidades autónomas ha llevado a la Generalitat a dejar de acepar nuevas solicitudes hasta resolver las que ya tiene en trámite y comprobar si tendrán dinero para responder a todas, según adelantó anoche la Cadena Ser. La convocatoria preveía un fondo de 14,5 millones para Catalunya en forma de ayudas directas para pagar un máximo de seis meses de alquiler a personas cuya situación económica se haya visto afectada por la crisis del Covid-19. Catalunya no es el primer lugar en el que sucede. En la Comunidad de Madrid pasó lo mismo hace unos días.

"Las ayudas son solo un parche. Hacen falta políticas valientes que corresponsabilicen a los grandes propietarios"

Lucía Delgado

PAH Barcelona

Desde el Sindicato de Inquilinos de Barcelona insisten en que las ayudas al alquiler son solo una medida paliativa, "totalmente insuficiente para solucionar la grave crisis de vivienda que atraviesa el Estado español". "La carga sigue recayendo sobre las familias que viven de alquiler, y en particular sobre aquellos más vulnerables y con menos recursos; mientras, los fondos buitre y los rentistas mantienen su intereses intactos. Lo más sencillo hubiera sido suspender los alquileres desde el inicio de la crisis", señalan.

Lecciones del virus

La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, subraya también la falta de valentía de las administraciones para exigir corresponsabilidad a los privados. "Las ayudas no solo son insuficientes, sino que acaban en manos de los grandes propietarios y los fondos buitre", señala Delgado, quien teme que la "nueva normalidad" sea peor que la vieja en cuanto a los desahucios. Este jueves se reabren los juzgados y su temor es que se reactiven todas las causas abiertas antes de la crisis. "La moratoria de seis meses es para los impagos de alquiler generados por la Covid-19, pero tenemos muchísimos casos previos que quedan fuera", advierte preocupada. Desde la organización piden que se amplíe la moratoria de forma indefinida y generalizada hasta que esté asegurado el realojo digno de las familias (la Mesa de Emergencia sigue saturada). "Nos encontramos con que desahucian a familias o para meterlas en pensiones o para dejarlas en la calle, que vuelvan a ocupar y que vuelva a empezar todo el proceso judicial. El virus nos ha enseñado a que es posible parar todos los desahucios", remata.

"Los más vulnerables vuelven a quedar fuera de las moratorias de desahucios y ayudas al alquiler"

Mariona Roca

Resistim al Gòtic

En Resistim al Gòtic tienen también grabada a fuego la fecha del 4 de junio. "Estamos en lo de siempre. A los más vulnerables todas estas ayudas y moratorias no les sirven. Las personas sin papeles, gente que arrastraba el desahucio desde antes de la crisis, que vive de realquiler sin contrato, en habitaciones u ocupando…", señala Mariona Roca, miembro también de Vecines en Red, plataforma de apoyo mutuo creado junto a la gente de Raval Rebel, otra de las organizaciones de barrio que lleva años defendiendo el derecho a la vivienda desde la trinchera.

Cuestión de Estado

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La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, reivindica la necesidad de impulsar ahora más que nunca un pacto de Estado por la Vivienda. "No saldremos de esta crisis solo con ayudas al alquiler. Esta no puede ser la solución"; sentencia la concejala, quien añade que en próximas ayudas se ha de buscar la manera de que el dinero no sirva para acabar pagando a grandes propietarios que podrían perfectamente no cobrar esos alquileres. Martín ha apuntado también que el consistorio ha añadido 2,5 millones a los 14,5 del Estado para Catalunya para esas ayudas y le ha pedido a la Generalitat que siga su ejemplo.

Fuentes de la Conselleria de Territori han expuesto que eran muy conscientes de que los 14,5 millones previstos por el Estado para Catalunya eran insuficientes, por lo que ya reclamaron más dinero (el doble), y aseguran que las ayudas al alquiler por parte del Govern "no acabarán" con esta convocatoria y que están estudiando aplicar fondos de contingencia.

Barcelona reanuda la construcción de vivienda pública

El Ayuntamiento de Barcelona anunció este martes que prevé reactivar en los próximos meses la construcción de 2.400 pisos públicos en la ciudad. 625 de ellos son pisos que ya estaban en fase de construcción, pero que vieron las obras paradas por la Covid-19 y el estado de alamra. El resto, son nuevas construcciones, el 83% de las cuales serán de alquiler público, la gran asignatura pendiente de la capital catalana, cuya historia ha estado marcada por la venta a privados de construcciones públicas, cuyo resultado es un pírrico parque de vivienda social. El conjunto de las obras presentadas suponen una inversión municipal de 310 millones, según aseguró la concejala de Vivienda, Lucía Martín, quien detalló que se ha puesto en marcha la tramitación de licitaciones de obras de 19 edificios convencionales (1.732 pisos), y de otro destinado a alojamientos de proximidad provisionales (APROP). Este edificio APROP, con 42 alojamientos como los del Gòtic, se construirá en un solar a Glòries. La producción de este paquete de vivienda dará, según el consistorio, acceso a una vivienda asequible a 6.012 personas y su construcción generará 8.400 puestos de trabajo.