Aumentan los expedientes a locales reconvertidos en vivienda sin permiso en Barcelona

La prueba es sencilla, basta con buscar viviendas por menos de 200.000 euros en barrios no periféricos de Barcelona y cualquier portal inmobiliario desplegará una nutrida oferta de espacios en los que supuestamente se puede vivir pese a no contar explícitamente con cédula de habitabilidad. La utilización de locales comerciales vacíos, almacenes y oficinas como vivienda crece sin pausa en la ciudad. Y aunque la cifra de los legalizados aumenta, como informó este diario en febrero, también lo hace la oferta ilegal, que ha implicado en el 2019 el doble de expedientes sancionadores que un año antes, hasta llegar a 118.

Este fenómeno obedece a la creciente falta de vivienda en la capital catalana. En los casos en que es posible, esta tipología de espacios se reforma con vistas a conseguir la cédula de habilitabiliad y siempre y cuando encaje con las normas municipales de densidad en cada zona, entre otros requisitos. Pero cada vez que la vivienda repunta en precios, no solo aumentan los intentos de legalización (que se han cuadriplicado desde el 2013 hasta alcanzar las 208 licencias solo en locales comerciales convertidos en pisos), sino también la picaresca.

El año pasado se aprobaron 208 licencias de cambio de uso de local comercial a vivienda en toda la ciudad, cuatro veces más que en el 2013

A sabiendas de que muchos no tienen opción (porque el uso de la finca registrado es de oficinas y se precisa un cambio y un consenso previo, porque si es un bajo precisa de una mínima fachada a calle, porque no cuenta con los mínimos metros cuadrados que permitan cédula de habitabilidad...), el cambio a vivienda se realiza de facto y no solo sin conversión de uso, sino muchas veces sin tan siquiera licencia de obras para intervenir en el inmueble.

Fuentes municipales indican que en en los últimos años se han otorgado más licencias de cambio de uso para afrontar las nuevas necesidades. No obstante, insisten en que el consistorio vela para que "se cumplan todos los requisitos y condiciones de habitabilidad para que se pueda vivir "en buenas condiciones". Por ese motivo, en la misma medida en que se aprobaban más cambios de uso, también se ha reforzado la actividad inspectora, agregan desde los servicios técnicos.

Cuestión disciplinaria

En el marco de esa labor disciplinaria, los diferentes distritos abren expedientes con orden de restitución de la legalidad si se detecta que un lobal se utiliza como domicilio sin legalizarlo, o cuando se ejecutan obras para un cambio de uso (agregando cocina, por ejemplo) que no están recogidas en la licencia correspondiente.

Y ¿cuál es el operativo tras cada intento? Fuentes del departamento de Habitatge de la Generalitat recuerdan que el ayuntamiento tiene transferidas las inspecciones en este ámbito. Una vez abierto el expediente ante una irregularidad, se da un plazo para legalizar la situación (si fuera viable) y disponer de la licencia. Pasado ese tiempo, si se mantienen los incumplimientos o no se restituye al estado inicial (en caso de cambios de función imposibles) se imponen sanciones de hasta 3.000 euros, aunque el consistorio no ha podido precisar cuántas multas suma al respecto.

La presión sancionadora fluctúa en función de la evolución del sector. El balance de expedientes abiertos por locales comercialides modificados de los últimos años ha sido de 28 casos en el 2014; 26 en el 2015; 19 en el 2016; 49 en el 2017; 66 en el 2018 y 118 el año pasado. Un avance paralelo a los cambios de uso que sí logran luz verde. Si en el 2013 fueron 63, los siguientes años se saldaron con 97, 114, 115, 175 y 176 hasta alcanzar su récord de 208 el pasado año. Cifras que no incluyen las oficinas, cuartos de portería, estudios y demás, donde cada vez más se reside sin cédula de habitabilidad y sin apenas inspecciones, ante la dificultad de detectar estos casos si no hay denuncias vecinales.

Abrir más el grifo

Mientras tanto, desde las entidades de comerciantes e incluso desde la Fundació Barcelona Comerç, defienden el cambio de uso en zonas donde la expectativa comercial esté ya descartada tras años de cierres, pero con cautela para no eliminar el potencial comercio de proximidad de algunas zonas. El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona es partidario de condicionar su cambio de uso a pasar al mercado de alquiler, para cubrir esa demanda, flexibilizando previamente los requisitos.