AL SEXTO INTENTO

Los Mossos desalojan el Bloc Llavors de la calle Lleida de Barcelona

Varios grupos de activistas han intentado sin éxito paralizar el desahucio de seis familias

Los Mossos d'Esquadra desalojan a activistas del Bloc Llavors

Los Mossos d'Esquadra desalojan a activistas del Bloc Llavors. / periodico

ACN

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Los Mossos d'Esquadra han iniciado a primera hora de este martes el desalojo por orden judicial del llamado Bloc Llavors, el edificio del número 38 de la calle Lleida de Barcelona ocupado por seis famílias. El pasado octubre la presión ciudadano logró paralizar el desahucio del bloque, propiedad del fondo Vauras.

Varios grupos de activistas se han movilizado para intentar evitar el desalojo ya que, aunque los antidisturbios de los Mossos han acordonado la zona desde las 06.30 horas de la mañana, la comitiva judicial no ha llegado hasta pasadas unas horas. "Necesitamos toda la fuerza", han pedido los activistas. No han podido evitar que los agentes ejecutaran el desalojo. 

Silvia, una de las portavoces del Sindicato de Barrio del Poble Sec, ha explicado que las seis familias, algunas de ellas con menores, rechazan alojarse en pensiones, la alternativa habitacional que se les ha ofrecido, y dormirán esta noche en casa de amigos o familiares a la espera de que la Administración les ofrezca una alternativa habitacional "digna". Durante los próximos días, el Sindicato de Barrio valorará con las familias desalojadas los siguientes pasos que se llevarán a cabo.

Las familias desalojadas vivían en este edificio vivían desde julio del 2017. Desde entonces hasta ahora se habían enfrentado a cinco intentos de desalojo. El sexto, este martes, ha sido el definitivo. Aunque en un primer momento el juez había frenado el desahucio en aplicación de dicho decretoen febrero decretó el desahucio con fecha abierta entre el 26 de febrero y el 11 de marzo.

El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado a la propiedad del edificio, el fondo Vauras, que haga a los afectados una oferta de alquiler social de acuerdo con el decreto de la vivienda.  Pero como no ha habido oferta de alquiler social, el consistorio prepara los correspondientes expedientes sancionadores, que pueden llegar a los 90.000 euros e incluso la expropiación del edificio.