BCN aprueba vender el 15% que le quedaba de Serveis Funeraris

Los servicios funerarios han tenido una presencia casi constanteen el debate político local desde que Ada Colau se convirtió en alcaldesa de Barcelona, en el 2015. La primera vez que el gobierno de Barcelona en Comú habló del tema fue en noviembre del 2016, cuando el consistorio informó de que el precio medio de un entierro en la capital catalana era de 6.400 euros y que se proponía rebajarlo un 30% con la creación de una operaria municipal. El objetivo anunciado era que a finales del 2019 ya existiera un tanatorio de titularidad pública. Pero no sucedió.

Cada año mueren en Barcelona unas 16.000 personas, por lo que casi 70.000 han pasado a mejor vida desde que llegó el primer anuncio hasta ahora, sin que la funeraria pública se haya hecho realidad. Una de las medidas necesarias para el consistorio en ese reto era vender el 15% que le queda de Serveis Funeraris, empresa participada en un 85% por Mémora: la empresa fue comprando partes de una sociedad que antes era municipal, y tiene la obligación de adquirir el 15% restante si no aparece otro comprador.

El pleno ha aprobado iniciar el proceso de venta con el apoyo de todos los grupos menos JxC y Ciutadans, que han votado en contra. Se abre un proceso de 60 días de subasta pública. Si nadie se interesa por esa participación, la ejecución de la venta a Mémora se produciría en julio próximo.

La funeraria pública

El ayuntamiento no podía abrir su funeraria teniendo participación en Serveis Funeraris. Pero la venta no se justifica ahora por eso: tanto el gobierno de Barcelona en Comú y el PSC como ERC han esgrimido el hecho de que la venta reportará 28 millones a la ciudad a cambio de un activo que según el concejal Eloi Badia estaba perdiendo valor.

La empresa pública no se creó en el anterior mandato por que ERC y el PSC no acabaron de cerrar el tema con Barcelona en Comú y tampoco prosperó una fórmula barata acuñada por los republicanos que proponían un coste por entierro de cerca de 1.800 euros. Este viernes, el concejal de ERC Jordi Coronas ha defendido la necesidad de propiciar un servicio con un coste de 2.000 a 2.500 euros, IVA incluido.