Bronca por las escuelas de música de Barcelona

Que existe demanda de formación musical en Barcelona lo demuestra la gran cantidad de oferta privada para que los niños y las niñas aprendan a leer pentagramas o a tocar un instrumento. La paleta pública se limita a cinco centros, cifra que puede considerarse escasa (muchas familias se quedan fuera) o suficiente (no es una enseñanza obligatoria y el consistorio no tendría porqué adentrarse en el terreno). En cualquier caso, el actual gobierno municipal quiere darle un vuelco a la situación en dos direcciones: la cantidad, con dos nuevos equipamientos y con los profesores de música ofreciendo sus conocimientos en colegios, y el formato, apostando por una formación más en grupo que individualizada e integrando otras disciplinas artísticas, como la danza o el teatro. Todo, bajo el karma de "democratizar la cultura" y a través de un plan a tres años vista que incluye una inversión de 12 millones de euros. La iniciativa intenta abrirse paso entre una lluvia de críticas por parte de las familias que llevan a sus hijos a estas escuelas. Lamentan que se quiera destruir un "modelo de éxito" que ya funciona de maravilla.  

El teniente de alcalde de Cultura, Joan Subirats, ha sido el encargado de desgranar la hoja de ruta. Ha empezado echando mano del manual de Barcelona en Comú al asegurar que la cultura "no es un elemento que podamos situar como periférico y complementario a las grandes políticas que deben marcar el estado del bienestar, es decir, la salud y la educación". Dicho de otra manera: la música y las artes escénicas deben llegar al mayor número posible de personas, sobre todo en entornos más desfavorecidos. Si les sale como tienen previsto, eso implica 600 nuevas plazas para el curso 2023-2024. De las cinco escuelas municipales, dos son de gestión directa y tres tienen una empresa concesionaria detrás. Todas ellas acumulan 2.518 alumnos, y para el manejo de estas últimas el consistorio acaba de convocar un concurso público con un nuevo pliego de condiciones. Maria Truñó, comisionada de Educación del ayuntamiento, ha resumido los cinco nuevos criterios por los que se regirán estos centros: "Mayor peso para la pedagogía grupal, la apertura de grupos dedicados a la danza o el teatro, flexibilizar el acceso de manera que la progresión del estudiante no implique incrementar la carga horaria, atención a la diversidad inclusiva y oferta más allá del centro, con presencia de los profesores en escuelas públicas y durante el horario lectivo, priorizando por las que no acceden al aprendizaje musical".

Familias indignadas

Parte de las familias de los alumnos se han alzado contra los cambios que impulsa el consistorio. Àngels Martínez, portavoz de este colectivo, censura primero las formas. "Nos enteramos de los cambios hace un par de semanas y este martes, cuando tenemos prevista una reunión con ellos, convocan por la mañana una rueda de prensa para dar todos los detalles". Tampoco les gusta la melodía del proyecto, porque, a su modo de ver, se pierde "profesionalidad" al caer en picado las horas de clase individual (del 43% al 10% del total) y la mezcla de distintas disciplinas hará que al final no se dedique el suficiente tiempo de calidad ni a una cosa ni a la otra. "Con el argumento del impacto social confunden la democratización con la defensa real de la música, la danza y el teatro. No puedes dar solo un barniz cultural porque eso provocará que si alguien quiere profundizar,terminará buscándose la vida en una escuela privada". También critica los requisitos económicos del nuevo concurso, excesivos, considera, para que entidades de barrio puedan seguir al frente de las escuelas. Más pragmático, Carles Farràs, presidente de la Asociación Catalana de Escuelas de Música, sostiene que este plan ya lo están implementando ciudades como L'Hospitalet, El Prat, Mataró o Igualada. "Creo que el error en este caso ha sido una mala comunicación entre el ayuntamiento y las familias. No se ha explicado bien el giro hacia lo que significa un centro de artes".