JxCat, ERC, Comunes y CUP piden a los jueces que apliquen el decreto de vivienda

JxCat, ERC, Comunes y la CUP han reclamado hoy públicamente a la justicia que aplique el decreto de vivienda convalidado por el Parlament a principios de año y que podría impedir desahucios como el de un bloque entero en el barrio barcelonés del Poble Sec, el conocido como bloque Llavors. En rueda de prensa, junto a organizaciones civiles del derecho a la vivienda, representantes de los cuatro grupos políticos han pedido que no se suspenda la aplicación del decreto pese al informe de posible inconstitucionalidad del Consejo de Garantías Estatutarias.

Esa norma obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda. La propia portavoz del Govern, Meritxell Budó, defendió este lunes la medida, que tendría el objetivo de "garantizar que los grandes propietarios, los bancos que tienen propiedades fruto de las ejecuciones hipotecarias, tengan la obligación de facilitar el alquiler social a familias vulnerables".

Sin embargo, el Consejo de Garantías advierte de que establecer sanciones y multas por la falta de una oferta de alquiler social, previa a la interposición de una demanda judicial para recuperar la vivienda ocupada, podría considerarse una "restricción" o un "freno" que "obstaculiza indebidamente" el proceso judicial para recuperar la posesión "ilegalmente perdida".

La incertidumbre

El portavoz del Sindicat de barri del Poble Sec, Silvio Covolo, ha explicado que la jueza que lleva el caso del bloque Llavors se está desentendiendo de la aplicación del decreto aunque hace unos meses se amparó en él para pararlo. Covolo, junto a otros representantes de organizaciones como la PAH, ha señalado el "peligro" y la "incertidumbre" con la que viven las familias, que pueden ser desahuciadas en cualquier momento porque el inmueble está en manos de un fondo buitre.

Desde el ayuntamiento, la concejala de Vivienda, Lucía Martín, ha destacado que se trata de un decreto muy "valiente" en el que han colaborado la Generalitat y el consistorio, que les permitirá abrir procedimientos de infracción a los grandes tenedores que no ofrezcan las alternativas habitacionales.

Frente común

Tanto Elsa Artadi (JxCat), como José Rodríguez (ERC), Susana Segovia (Comunes) y Maria Sirvent (CUP) han querido destacar la importancia de hacer frente común ante la justicia para que no infravalore una norma aprobada por el Parlament de Cataluña.

"Estamos aquí cuatro grupos parlamentarios que no siempre nos ponemos de acuerdo, pero que sí somos conscientes de la emergencia habitacional", ha señalado Artadi, que se ha mostrado "preocupada" por que el decreto "termine en el Tribunal Constitucional". Sirvent, por su parte, ha pedido tanto al ayuntamiento como al Govern que tengan una interlocución con los fondos buitre y se dirijan a los jueces competentes para que paren desahucios como el del bloque del Poble Sec hasta que se ofrezca una alternativa habitacional.