El TSJC levanta las medidas cautelares contra el dentista de Colau

Si el Cid cosechaba victorias después de su muerte, el dentista municipal de Ada Colau las logra antes de haber nacido. Nunca se habló tanto de un proyecto nonato, si se deja de lado el tranvía. El dentista municipal, una figura prevista con un ahorro de hasta un 40% sobre las tarifas habituales, planteado para atender a 36.000 barceloneses cada año cuando esté a pleno rendimiento, fue aprobado por el pleno municipal de marzo del 2019.

Un recurso administrativo planteado por el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya provocó una reacción judicial: en junio se dictaron medidas cautelares y el consistorio se vio obligado a detener sus trabajos. Este martes, la concejala de Salud, Gemma Tarafa, ha comparecido para anunciar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha levantado esas medidas cautelares y que el proyecto sigue su curso: “Estamos muy contentos”.

Sin daños a terceros

“La sentencia reconoce que no hay argumentos suficientes para afirmar que el ayuntamiento no pueda desarrollar esta iniciativa y que tampoco los hay para asegurar que la iniciativa pueda generar perjuicios económicos a usuarios o al Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, que es quien planteó el contencioso administrativo”, ha declarado la concejala.

Tarafa ha confiado que la “sentencia definitiva” vaya en esta línea. Porque el TSJC tiene que dirimir todavía el interrogante principal: el de si el consistorio tiene competencias para convertirse en operador odontológico. La previsión, ha relatado la concejala, es que el servicio abra en “en el primer semestre del 2021”.

Dos gabinetes

El proyecto prevé dos gabinetes, un primero en Nou Barris, con ocho butacas, y otro, unos dos años después, en una zona por determinar, con cerca de 40 profesionales de varios perfiles (dentistas, higienistas). La idea es que el 12% de barceloneses que no van al dentista, presumiblemente por no poder afrontar su coste, echen mano de esta opción, que prevé atender a 36.000 personas cada año. No existe límite de ingresos, pero si pasados seis meses la demanda desborda la previsión, podrían establecerse.