Barcelona acusa a dos cargos por la trama corrupta de pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona solicita, al igual que la fiscalía, importantes penas de prisión para los tres principales acusados en la trama de corrupción de pisos turísticos en Ciutat Vella: al que fuera jefe de servicios técnicos, Helidoro Lozano; a la entonces responsable de la asesoría jurídica del distrito, Elena Ariza, y al ingeniero Joaquim Quílez. Para los dos primeros, reclama 11 años y medio de prisión y para el tercero, al que también se le atribuyen amenazas a una regidora, 18 años y medio de cárcel. Sin embargo, exculpa a otros seis funcionarios a los que el Ministerio Público sí imputa por presunta prevaricación y para quienes reclama penas de hasta cinco años de prisión. La Generalitat, por su parte, reclama penas menores (a los funcionarios solo multas) porque solo puede acusar por falsedad.

El consistorio aprobó en junio del 2005 un plan especial para establecer una regularización de los pisos turísticos en Ciutat Vella. Así, prohibió la apertura de nuevos apartamentos de este tipo, permitiendo que aquellas viviendas que ya se dedicaban a esta actividad pudieran seguir haciéndolo siempre que antes obtuvieran una licencia municipal de cambio de uso, cumpliendo una serie de requisitos.

El fiscal reclama prisión para una red corrupta de pisos turísticos en Ciutat Vella

El escrito de acusación del ayuntamiento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene que esta situación produjo un “alud” de solicitudes, lo que produjo un “colapso” de los servicios del distrito. Entonces se creó un equipo con tres letrados y tres técnicos para tramitar la licencias. En ese momento, Lozano era director de los servicios técnicos y Ariza responsable de la asesoría jurídica.

Sin mecanismos de control

El ayuntamiento sostiene que la “falta de herramientas informáticas” adecuadas supuso que se utilizaran aplicaciones que no estaban adaptadas para este tipo de licencias. Esto, unido a la carencia de mecanismos de control y supervisión entre los mandos y los propios técnicos que debían tramitarlas “provocó la posibilidad” que los expedientes incorporaran “irregularidades documentales y de tramitación”. Por último, incide el escrito, “la extraordinaria situación generada implicó una dilación en el tiempo” en la resolución del expediente.

En este contexto, Quilez fue contratado por propietarios de pisos turístico, para los que el ayuntamiento solicita dos años y medio o dos años de prisión. Este ingeniero contactó con Lozano, al que ya conocía,  y “acordaron” que este funcionario, “aprovechando” su cargo de director de los servicios técnicos, hiciera “las actuaciones necesarias” para agilizar los expedientes, así como que se obviaran los defectos que podrían dificultar que se otorgaran la licencia. El consistorio cree que Ariza aceptó dicho acuerdo. Lozano, a cambio, supuestamente recibió dinero.