Cinco bloques del área de Barcelona se unen para luchar contra un fondo 'buitre'

Su idea es "ser una sola cabeza, con un gran cuerpo detrás". Así lo expone Sergio, el portavoz del dos de la calle de Montseny, en L'Hospitalet de Llobregat, una de las cinco comunidades de vecinos del área metropolitana de Barcelona que han decidido no aceptar una subida del precio de sus alquileres que consideran "desproporcionada, inasumible e injusta". "Nos coordinamos para forzar una negociación colectiva, para pedirle a Lazora, fondo propietario nuestras viviendas, que nos escuche. Solo queremos que se sienten a hablar con nosotros, hasta ahora han funcionado a golpe de burofax", critican desde la joven plataforma, arropada por el Sindicat de Llogaters y presentada este lunes en forma de pancartas en sus fachadas. "Tenemos que visibilizar nuestra situación. Ese es el primer paso", resumen. Las otras cuatro comunidades hermanadas están en Badalona- la primera que se puso en marcha, donde decenas de vecinos llevan meses movilizados denunciando subidas del alquiler de hasta un 80%-, en Terrassa, y otras dos en Barcelona; una en el barrio del Clot y otra en la plaza de Alfonso Comín, este último con la particularidad de que se levantó como un bloque de protección oficial.

Las subidas denunciadas por los vecinos varían en cada promoción, pero en todos son muy superiores al IPC. Bea, por ejemplo, portavoz de la finca del Clot -en el 56 de la calle de Ripollès-, explica que pagaba 670 euros y que para renovar le piden 1.196, con una bonificación de tres años (fórmula que también señalan los vecinos del bloque de Badalona). En el caso de la promoción del 11 de Alfonso Comín, en Barcelona, los vecinos denuncian subidas de 515 a 800 euros, en pisos de poco más de 50 metros cuadrados construidos por el Consell Comarcal. "Lazora, sit and talk", reza una de las pancartas en su fachada. Desde la finca afectada en L'Hospitalet, por su parte, hablan subidas de 768 a 1.220, también con la citada bonificación.

Inestabilidad vital

"En nuestro caso particular, pedimos solo una ampliación de contrato de unos meses, porque, cansados de esta inestabilidad nos hemos comprado un piso y nos vamos, pero nos dicen que esa posibilidad no existe", relata Bea, vecinal del 56 de Ripollès, en el Clot. El caso de esta barcelonesa, ese acabar optando por la compra hartos de la inestabilidad vital que provoca el mercado del alquiler, no es en absoluto un caso aislado. "Llevamos toda la vida de alquiler, mis padres han vivido toda la vida de alquiler, pero llevamos dos años así y nos hemos cansado...", reflexiona la mujer.  

En el caso del edificio de Alfonso Comín, denuncian que "no solo nos cobran por encima del precio máximo del metro cuadrado por una vivienda de protección oficial que marca el Govern de la Generalitat, sino que nos hacen contratos de tres años cuando tendrían que ser de 10".

Sin cláusulas abusivas

Las fincas en pie de guerra piden a Lazora que renueve sus contratos "a precios asequibles y sin cláusulas abusivas" en una campaña con varios frentes. Por un lado, presionar a los distintos ayuntamientos, como ya hicieron en el caso de Badalona, donde el propio alcalde envió una carta al fondo de inversión, que le contestó que "siempre ha actuado en el mercado inmobiliario con una alta sensibilidad social y con estricto cumplimiento de la legalidad vigente". La empresa propietaria de las fincas asegura que su política de gestión se basa en la revisión individual de cada caso para, "en aquellos casos que fuera necesario, encontrar las alternativas que mejor se adapten a cada situación". "Tratamos con especial atención aquellos casos que puedan ser considerados sociales por las situación personal del inquilino", precisan.

Compromiso de gobierno

El objetivo de los sindicatos de inquilinos es precisamente romper con esa lógica de la revisión individual de los casos y cambiar esa "legalidad vigente". "No queremos que ningún vecino sea expulsado de su casa por una subida abusiva del alquiler. Ninguno", insisten. La plataforma vecinal, además, recuerda al nuevo gobierno el punto 2.9 del documento de coalición entre PSOE y Unidas Podemos en el que, bajo el epígrafe "frenaremos las subidas abusivas del alquiler", señala que "se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas en determinadas zonas de mercado tensionado". El área de Barcelona es, sin duda, una de esas zonas.

En esta línea, los movimientos en defensa de la vivienda afean también a la ministra de Ecomomía, Nadia Calviño, sus últimas declaraciones en las que asegura que "no existen medidas milagro para resolver los problemas de la vivienda en España".