Barcelona pagará 7,4 millones por las casitas de Encarnació, en Gràcia

El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que ha alcanzado un acuerdo para expropiar las casitas de la calle de Encarnació, ubicadas en los números 13, 15 y 17 de esa calle, en Gràcia. La operación obligará al desembolso de 7,4 millones de euros de las arcas municipales. Seis millones, por la expropiación en sí misma y 1,4 millones como indemnización para la familia propietaria: 404.000 euros por daño emergente y un millón por lucro cesante.

Este el final de una historia que se inició a finales del 2018, cuando un grupo de vecinos del barrio ocupó el jardín de la vivienda para impedir que las dos casas fueran demolidas, aunque la pugna se dio a conocer más por el lema ‘Salvem l’alzina’, porque además de las viviendas, la reforma prevista se llevaba por delante también a una encina bicentenaria.

Gràcia refuerza y amplia la protección de su patrimonio

De entrada, el ayuntamiento reaccionó con desconcierto. Por un lado, era innegable que la propiedad había recibido la licencia de obras preceptiva sin que el distrito le hubiera puesto pega alguna. En un ayuntamiento dirigido por un equipo especialmente sensible a las operaciones inmobiliarias, no había saltado alerta alguna, lo que en sí mismo es llamativo.

Cuando llegó la protesta vecinal, el concejal de Gràcia, Eloi Badia, que lo sigue siendo en este mandato, advirtió de que no cabía expropiar las casas porque nada lo justificaba. Tampoco podía actuar por la vía del tanteo y retracto, porque la familia propietaria, que quería erigir 28 pisos en el terreno, no los pensaba vender: quería alquilar los que no fueran ocupados por algunos de los parientes. La finca fue comprada por los abuelos en 1940. Allí han vivido desde entonces. La pareja tuvo cinco hijos y suma nueve nietos.

La familia, por cierto, dijo no comprender que había pasado. Porque según uno de sus integrantes, no solo no tuvieron problema alguno para recibir la licencia de obras: cuando fueron a pedir los permisos su idea era mantener en pie las dos casas y construir una tercera edificación. Pero los técnicos, siempre según su versión, les dijeron que lo mejor era no complicarse y derribarlo todo.

Catalogar la encina

Al final, ante la presión vecinal, que no se redujo, más bien al contrario, el gobierno de Ada Colau encontró la manera de retirar la licencia de obras a la familia, por la vía de catalogar la encina. Para entonces, Badia ya había rectificado. Anunció que el ayuntamiento expropiaría la propiedad sin que hubiera variado ninguno de los condicionantes previos que, según su propio discurso, impedían tomar una decisión tan drástica.

Uno de los argumentos principales fue el de que en el solar se construiría una escuela infantil, en una zona que las necesita. También se prevé hacer vivienda asequible, es decir, con un precio que está en el punto medio entre el precio de mercado y el de la vivienda social.

El acuerdo de expropiación supone que la propiedad retire el contencionso admnistrativo que presentó contra la iniciativa municipal de catalogar la encina, una encina que, de nuevo según la versión de la familia, suscitó un amago de multa por parte del consistorio, que nstó a sus dueños a podarla, lo que según estos hubiera obligado a talarla.

La operación obligará a destinar a la expropiación gran parte del dinero que se reserva para las inversiones de los distritos, que en el proyecto para el 2020 que se dio a conocer meses atrás es de 11,8 millones.