Un Policía Nacional acepta 2 años de cárcel por chivarse de redadas de los Mossos en la Mina

Un <strong>inspector jefe de la Policía Nacional </strong>jubilado ha aceptado este miércoles una pena de dos años de prisión por cobrar sobornos a cambio de avisar al jefe de un clan en el barrio de la Mina, en Sant Adrià del Besòs (Barcelona), de inminentes operaciones antidroga de los Mossos d'Esquadra.

En una vista de conformidad, con la que ha evitado ser juzgado por un jurado popular en la Audiencia de Barcelona, el mando policial ha acordado con la Fiscalía una rebaja de su petición inicial de 9 años y medio de cárcel hasta los dos años, que en la práctica evitan su ingreso en prisión, por cohecho, revelación de secretos y favorecer el tráfico de sustancias estupefacientes, informa Efe.

En virtud de este acuerdo, el jefe de este clan de nacotraficantes de la Mina ha aceptado una condena de un año y ocho meses de cárcel, frente a los cinco años y medio que inicialmente solicitaba para él la Fiscalía.

Curso formativo

Durante la vista, los abogados de los dos acusados han solicitado la suspensión de la ejecución de la condena, que la Fiscalía ha aceptado, pero condicionada a que ambos participen en un curso formativo sobre los perjuicios de las drogas y que no delincan en los próximos tres años, a la espera ahora de que el juez lo certifique en sentencia.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se produjeron entre noviembre del 2015 y junio del 2017, periodo en el que el inspector jefe de la Policía Nacional Félix Riesco proporcionó información "trascendental" a Ángel Amaya, patriarca de uno de los clanes más importantes del barrio de la Mina en Sant Adrià del Besòs, sobre operaciones de los Mossos contra el tráfico de drogas que afectaban a su familia.

Operaciones frustradas

El inspector jefe procesado, que se jubiló a finales de 2017, obtenía la información utilizando sus contactos en la policía catalana para lograr, con algún "pretexto baladí y superfluo", la fecha y la localización de los registros que iban a producirse en la Mina y que afectaban a la familia de los Amaya, conocidos como 'clan Alunda'. 

De esta manera, se frustraron entre otras las denominadas operaciones 'Titán' y 'Picapiedra' en noviembre del 2015 o la 'Neptuno' en abril del 2017, ya que los familiares de este clan estaban alertados de las inminentes operaciones del cuerpo de los Mossos, por lo que pudieron huir y vaciar los domicilios antes de que se produjeran los registros. 

Por su parte, el patriarca del clan ha aceptado una condena de 20 meses de prisión y una multa de 6 euros al día durante 8 meses, si bien su defensa ha solicitado también su suspensión, al esgrimir que no tiene antecedentes penales y dada su situación física.