Las habitaciones turísticas abren otro frente en Barcelona

Las tendencias turísticas de Barcelona –como en otros grandes destinos– han demostrado ir siempre por delante de las normativas, que a veces surgen cuando la realidad ya es difícil de controlar y moldear. Sucedió con los pisos turísticos y puede volver a pasar con la figura conocida como hogares compartidos, por la cual se alquilan habitaciones a turistas por días y cuya regulación vía decreto de la Generalitat es inminente. Los matices incorporados por la Direcció General de Turisme (DGT) tras las alegaciones y conversaciones entre administraciones se han traducido en unos condicionantes que no gustan a los actuales anfitriones, porque creen podrían significar el fin de su actividad en algunos casos. Pero el Ayuntamiento de Barcelona quiere evitar eldescontrol y ha optado por atar corto la actividad que va a legalizar el Govern en cuestión de días. 

El recelo municipal se basa en la posibilidad de que muchos operadores de pisos turísticos ilegales se pasen a explotarlos  como si se tratara de habitaciones en pisos particulares, como ya está sucediendo, pero con licencias disfrazadas. En la práctica, algunos ahora funcionan como pensiones encubiertas aprovechando el vacío legal. Pero la inminente regulación de este concepto de hogares compartidos dentro del decreto de Turisme (que no de vivienda) abre la puerta a una potencial avalancha de peticiones de licencias en una plaza tan codiciada turísticamente como Barcelona. Y cuenta con la frontal oposición de la patronal hotelera.

La DGT cifra en 13.700 las habitaciones por días (menos de 31) anunciadas en el área metropolitana, donde Barcelona concentra cerca de 10.000, matizan.

Ante esos temores, el consistorio ha luchado por introducir en el decreto el máximo de elementos de control previos a la ordenanza que cada municipio podrá desarrollar al respecto con sus propias reglas del juego en el plazo de un año. 

La asociación Veïns i Amfitrions de Catalunya (VIA) mantienen que más de 2.000 vecinos de la ciudad podrían «quedarse sin techo» si se aprueba el decreto con las actuales condiciones. Les preocupan recientes modificaciones (respecto al redactado propuesto en el 2017), como que la responsabilidad de la actividad recaiga en el propietario y no en quienes ejercen la actividad, que muchas veces son inquilinos que subalquilan una o dos habitaciones «por necesidad económica para poder pagar el alquiler». Temen que muchos propietarios no acepten esta actividad al convertirse en responsables finales,  o que algunos otros opten por subirles las rentas a cambio de autorizar este uso. Ante este escenario o frente a la posibilidad de no conseguir la licencia –según los requisitos del gobierno  de Colau– no quieren perder sus pisos al «no poder  afrontar solos» el alquiler.

Variada casuística

Para entender sus inquietudes, cabe distinguir la diversidad de casuística existente en cuanto a alquiler de habitaciones por días (esencialmente a turistas). Por un lado está la mencionada oferta especuladora aflorada por esta vía alegal tras la presión ejercida para cerrar miles de pisos turísticos (que se alquilan enteros y sin compartir techo con el anfitrión) que no tenían licencia. Pero por el otro destaca la actividad 'original' que dio lugar al término «hogares compartidos», basada en la economía colaborativa, no profesional. 

VIA cuenta con unos 500 asociados a los que exige un protocolo que incluye mostrar su anuncio de habitaciones, no tener más de dos o tres alquiladas, residir en la vivienda... Y cifra entre 2.000 y 2.500 los pisos donde se hace este uso genuino en Barcelona. En estos casos, defiende Juan Manuel Rodríguez, su portavoz, no hay conflictos de convivencia en las comunidades porque allí vive el anfitrión.

También reniegan del apartado que exige al propietario que descubra esta actividad (de ser clandestina) que denuncie a sus inquilinos. Y que precisa que la actividad de hogar compartido ha de ser compatible con los usos del sector donde se encuentre. Y es aquí donde surge el miedo a que la moratoria dictada recientemente por el ayuntamiento para que no se pidan más licencias de piso turístico (curándose en salud mientras se ha recurrido una sentencia contra el plan de alojamiento de la ciudad, el PEUAT) acabe afectando a las habitaciones ya existentes y las deje sin posibilidad de regulación.

«¿Qué pasa si no tenemos opción a la licencia», cuestiona Rodríguez, que enfatiza que muchos de anfitriones «reales» tendrían que «pedir ayudas económicas a las administraciones» si no mantienen estos ingresos. Así lo ilustra Luisa, que tiene una incapacidad y percibe 880 euros con los que debe asumir un alquiler de 700. O Silvia J.,  de 56 años separada con hijos que «solo» puede «seguir adelante con estos ingresos extra». O Carolina, que actualmente sin permiso de trabajo dice «sobrevivir» gracias a los turistas y asume un alquiler que solo logró a costa de un enorme aval.

La asociación apunta que el 63% de anfitriones son mujeres, la mayoría fuera del mercado laboral y con hijos.